I. Las personas físicas que conforme a la ley estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles;

 

II. Las jurídicas por medio de quienes las representen, sea por disposición de la ley o conforme a sus escrituras constitutivas o estatutos;

 

III. Las agrupaciones que no constituyan personas jurídicas reconocidas por la ley, por medio de quienes en su nombre hayan contratado;

 

IV. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, por medio de sus órganos autorizados, y

 

V. El Ministerio Público.