El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a través de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, elaborarán y ejecutarán programas de asistencia que tengan como finalidad procurar la inclusión en la sociedad de las personas que se encuentren en situación de calle que presenten trastornos mentales y del comportamiento o discapacidades intelectuales o psicosociales.