Son prioritarios los programas y proyectos que promuevan el desarrollo económico y social, la seguridad humana, el desarrollo sostenible, democrático, equitativo y el respeto al medio ambiente, la consolidación de las libertades y derechos sociales, de la igualdad sustantiva y de la promoción del desarrollo económico incluyente y equilibrado; así como aquellos que sean factibles de financiar por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.