I. Cuando se advierta que existen o pudieran existir las situaciones a que se refieren los artículos 49 y 50.

 

II. Cuando con ella no se siga perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público, y siempre que, de cumplirse las obligaciones pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate.