Para asegurar el ejercicio de este derecho los órganos jurisdiccionales establecerán las medidas siguientes:

 

I. Reconocerán el derecho de audiencia y de opinar en todos los asuntos que les afecten;

 

II. Brindar un sistema de apoyos legales y sociales que las auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requieran, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de las personas con discapacidad, y sin que pierdan su derecho a la toma de decisiones, y

 

III. Establecer un sistema de salvaguardas que se implementará para asegurar que los facilitadores que proporcionen apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no abusen o sustituyan la voluntad de las mismas.