I. Los propietarios de predios que hubieren prometido en venta o hubieren vendido con reserva de dominio.

 

II. Los empleados de las Tesorerías Municipales que dolosamente formulen certificaciones de no adeudo.

 

III. Los representantes de los Ejidatarios, comuneros, colonos y de sociedades de créditos agrícola y ganadero.

 

IV. Las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria, sin haber exigido a los beneficiarios el certificado de no adeudo del impuesto predial.

 

V. Los Funcionarios y Notarios Públicos que autoricen algún acto o contrato que modifique la propiedad inmobiliaria, sin que se haya cubierto el pago de este impuesto.