I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de trata de personas y demás atribuciones previstas en esta Ley;

 

II. Impulsar y coordinar la vinculación interinstitucional para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas;

 

III. Recibir y canalizar las propuestas en la materia, formuladas por las organizaciones y asociaciones civiles;

 

IV. Inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas encomendadas a las instituciones obligadas al cumplimiento de la presente Ley, y

 

V. La evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias de las políticas, programas y acciones que se ejecuten para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas.