I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

 

II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;

 

III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad;

 

IV. Colaborar con el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;

 

V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5 de la presente Ley;

 

VI. Garantizar la protección física de la víctima;

 

VII. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos, y

 

VIII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.