I. Ser ciudadano mexicano;

 

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

 

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;

 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación, y

 

V. No estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas.