I. Ser tratados con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por la comunidad educativa, como por las autoridades competentes;

 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, al ser receptores de violencia en otros contextos;

 

III. Recibir información, veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso, y

 

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración e impartición de justicia.