I. Los documentos públicos, salvo el derecho de tacharlos de falsedad y para pedir su cotejo con el protocolo o archivo que corresponda;

 

II. Las actuaciones judiciales;

 

III. La inspección ocular; y

 

IV. Las presunciones legales, mientras no se pruebe lo contrario.

 

El valor de las demás pruebas lo determinará la autoridad a su prudente y razonado criterio.