I. La suspensión de obras, servicios y actividades;

 

II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones y obras;

 

III. La desocupación de inmuebles;

 

IV. La demolición de construcciones;

 

V. El retiro de instalaciones;

 

VI. La prohibición de actos de utilización de maquinaria o equipo;

 

VII. La advertencia pública, empleando los medios publicitarios idóneos para dar a conocer cualquier irregularidad en las actividades realizadas por un fraccionador o promovente de condominios; y

 

VIII. Cualquier prevención que tienda a lograr los fines expresados en el artículo anterior.