Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los Poderes del Estado, Municipios y demás entes públicos fiscalizados y de la Auditoría Superior del Estado, no eximen a éstos ni a las empresas privadas o a los particulares, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.