El Dr. Miguel Carbonell Sánchez, uno de los Constitucionalistas Mexicanos más destacados a nivel Internacional, autor y colaborador de un sinnúmero de libros, ensayos y artículos periodísticos en revistas especializadas, ofreció la Conferencia Magistral “Tribunal de Cuentas”, a invitación del grupo parlamentario Primero Zacatecas, ante un numeroso grupo de personas interesadas en escucharlo, entre las que se encontraban diputados, directores de escuelas superiores, estudiantes, abogados y otros interesados en el tema, que se dieron cita en el vestíbulo del congreso.

 

Le acompañaron en el presídium los diputados José Marco Antonio Olvera Acevedo, Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y Blas Avalos Míreles. La bienvenida estuvo a cargo del primero de ellos, quien se encargó también de enumerar el impresionante currículo profesional y académico del ponente.

 

“Algo no hemos hecho bien en México en materia de fiscalización de cuenta pública, parece increíble que en todas las mediciones internacionales, nuestro país sale en un lugar muy ominoso, estamos considerados como uno de los países más corruptos del mundo en el informe de corrupción global de transparencia internacional, de un total de 180 países, estamos en el lugar 75, ésta corrupción es un lastre para el desarrollo de nuestra nación”. Inició diciendo el Dr. Carbonell Sánchez.

 

Agregó que la realidad estatal se ha vuelto de una gran complejidad, por ello es necesaria la creación de órganos de control especializados, que vaya mucho más allá de lo que hacían las instancias tradicionales en la materia, y que  se vuelve imprescindible en la actualidad, la existencia de instancias de fiscalización mucho más especializadas y con niveles técnicos más elevados, con el fin último de erradicar la corrupción, corregir y acotar los abusos de poder y asegurar la plena vigencia del estado democrático de derecho.

 

Hizo un recorrido analítico de las entidades de fiscalización en diferentes países del mundo y de los resultados de su funcionamiento, asegurando que el esquema Mexicano se a dentro del modelo Estadounidense, basado en la integración de Auditorías o Contralorías Generales, y constituye la primera gran categoría de órganos especializados de fiscalización de las cuentas públicas, bajo una dirección unipersonal.

 

El Dr. Carbonell Sánchez advirtió que en relación a órganos fiscalizadores, lo importante no es la nomenclatura, lo importante es el fondo; “que órgano quieren ustedes para que rinda cuentas a los Zacatecanos, pero después de todo lo que ha pasado, de todos los escándalos mediáticos originados desde Zacatecas por la falta de transparencia, seria de un enorme cinismo si no cambian nada, lo que no pueden hacer es quedarse como están, porque si se quedan como están estarían convalidando esos escándalos, y eso sería un mensaje pésimo, no para los políticos sino para los ciudadanos”.

 

“El cambio es bueno, siempre y cuando sea un cambio de verdad, un cambio profundo, el interés no es cambiar para que todo siga igual sino un cambio que arroje mejoras para el ciudadano”. Creo que ésta iniciativa es perfectible y no debería ser aprobada como está, tiene que ser mejorada, sin embargo, es una oportunidad para el estado de Zacatecas de situarse a la vanguardia de México, que no tenemos que ser los abogados como siempre hemos sido, la parte más conservadora de la sociedad, la parte más atrasada que siempre llegamos tarde. No, necesitamos que por una vez los abogados se sitúen en la vanguardia, que innoven, que intenten mejorar, porque lo que sí es evidente es que existe muchísima corrupción, que hay muchísima impunidad, y ésta iniciativa intenta luchar contra eso”.

 

Yo les diría, agregó, dirigiéndose a los legisladores presentes en el vestíbulo; “Denle una oportunidad a su Estado, denle una oportunidad de tener una Institución que parece que puede ser mejor, y denle una oportunidad al pueblo de Zacatecas para que vuelva a creer en sus políticos y en sus representantes populares, yo sinceramente si fuera legislador, votaría a favor de ésta iniciativa con los cambios necesarios”.

 

Aseguró que las entidades de fiscalización y rendición de cuentas más eficaces, reúnen una serie de particularidades que es imprescindible tener en consideración a la hora de crear un nuevo tribunal de cuentas y dio sus características; Oportunidad en la revisión, es decir, inmediatez en sus tareas; plenas facultades de autoridad administrativa para fiscalizar y sancionar; no tienen límites respecto a la cobertura sobre el gobierno o empresas o entidades públicas por auditar.

 

Cuentan con garantías constitucionales y legales para que sean órganos técnicos e imparciales, además de apolíticos y apartidistas, incluyendo la inamovilidad de sus miembros y están a salvo de cualquier interferencia en su funcionamiento técnico, y en consecuencia gozan de plena autonomía de gestión, orgánica, funcional y presupuestaria. De manera que no se trata únicamente de vigilar la Cuenta Pública ni de castigar a los responsables del mal uso de los recursos estatales, el desafío es más grande, aseguró, porque lo que realmente importa es lograr la eficiencia del Estado.

 

Al llegar al análisis específico de la iniciativa enviada por el Gobernador del Estado para la Creación en Zacatecas del tribunal de Cuentas, el Dr. Carbonell, mencionó las fortalezas observadas en la misma; autonomía, independencia de sus miembros, su carácter jurisdiccional y colegiado; la facultad que tendría para fiscalizar a todos los órdenes e instancias de gobierno tanto estatales como municipales (incluidos particulares que reciban recursos públicos).

 

Obligación de entregar documentación y permitir inspecciones por parte de las autoridades y los particulares, garantía de acceso a la información, fiscalización no solo de los egresos sino también de los ingresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos. Como digno de reseñar, mencionó la capacidad del Tribunal de Cuentas para regirse por el procedimiento de juicio de apremio con la intervención del Poder Judicial del Estado, invariablemente el tribunal deberá resolver sobre la responsabilidad resarcitoria.

 

A pesar de las fortalezas reseñadas, agregó el Dr. Carbonell, lo cierto es que la iniciativa contiene algunos puntos en los que hay margen de mejora o perfeccionamiento, empezando por el sistema de nombramiento de auditores. Aseguró que la parte de la integración de las ternas por parte de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado es inusual. Consideró que un método más apropiado para obtener un mejor perfil de los miembros del tribunal sería que el Congreso se encargara de todo el proceso.

 

Propuso que para tales efectos, se nombre una Comisión dentro del Poder Legislativo, la cual procederá a hacer una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados relacionados con la fiscalización y la rendición de cuentas. Con base en dicha auscultación y plena comparecencia y presentación del plan de trabajo de los aspirantes a ocupar el puesto, la comisión legislativa correspondiente propondrá al pleno del congreso una terna de candidatos de la cual se elegirá al candidato vacante.

 

Por lo que se refiere a los requisitos para ser Auditor Superior del Tribunal de Cuentas, Carbonell Sánchez aseguro haber encontrado dos lagunas; En primer lugar, dijo, a pesar de que se exige una experiencia mínima de cinco años en cuestiones relacionadas con la fiscalización, no se pide que el candidato tenga título profesional, y que según su opinión, por la naturaleza de la materia, ese requisito debería ser considerado.

 

En segundo término, consideró necesario detallar los impedimentos para ser Auditor y dio ejemplos de quienes no pueden ocupar dicho cargo; Los miembros del Poder Judicial o Estatal que no cuenten con la licencia correspondiente en términos de la ley; Los dirigentes en activo de cualquier organización política o sindical, excepto los dirigentes de las organizaciones sociales o de profesionales; quienes desempeñen o hayan desempeñado un puesto de elección popular o cargo de dirección de algún partido político en los últimos tres años y quienes se hayan desempeñado como gobernador, secretario, subsecretario, procurador, subprocurador del gobierno de Zacatecas o su equivalente en el ámbito federal, en los últimos tres años.

 

Estableció que no queda claro el término de auditoría al desempeño y aconsejó que los principios de posterioridad y anualidad desaparezcan o al menos se restrinjan por que el examen de los casos se haría de manera tardía. El proyecto contempla un plazo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre respuestas emitidas por los entes fiscalizados, por lo que sugirió el ponente que para lograr una rendición de cuentas efectiva y oportuna, el plazo debe ser más breve: “cualquier retraso significa márgenes crecientes de impunidad y deja pasar oportunidades para establecer responsabilidades de todo tipo, y si la fiscalización no es oportuna acaba perdiendo sentido.