Comunicado 42
11 de mayo 2007
VITAL TODA UNA REFORMA PENAL.
EL EJERCITO NO DEBE COMBATIR AL NARCO
En el marco del Segundo Foro de Análisis de la iniciativa del Código Procesal Penal de Zacatecas organizado por la LVIII Legislatura del Estado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, urgió a hacer toda una reforma penal en el país y hacer una reestructuración de todo lo que es seguridad pública, a la vez que sostuvo que no es función del ejército sino de las policías, combatir al narco y al crimen organizado.
Entrevistado al término del acto inaugural del segundo foro de análisis del Código Procesal Penal, celebrado en el auditorio del Palacio de Justicia y rodeado por los representantes de los 3 poderes del Estado y el Procurador General de Justicia del Estado, José Luis Soberanes Fernández, advirtió que nuestro país está entrando en una espiral de violencia muy peligrosa, aunque parece que a Zacatecas todavía no llegan esas oleadas criminales.
Consideró que el respeto de los derechos humanos en México es con claro-oscuros, “el tema del combate a la delincuencia organizada nos tiene muy preocupados, todo lo que son los homicidios del crimen organizado en varios estados de la república, ya casi llevamos 1000 en lo que va del año, un promedio de 7 homicidios diarios, es para preocupar”.
Nuestro país está entrando en una espiral de violencia que es muy peligrosa. Parece ser que en Zacatecas todavía no llegan esas oleadas criminales y no es un estado particularmente que sea víctima del crimen organizado.
A la pregunta de si sería recomendable que se utilice el ejército para combatir al narco la respuesta de Soberanes Fernández fue tajante No. Y agregó, “por supuesto que no. El ejército no es policía. Al narco y al crimen organizado y en general a los delitos se tendría que combatir por la policía y el ejército no es su función. Siempre lo hemos dicho, yo no digo que mañana termine pero si debe haber un proceso de tal forma que se fortalezcan las policías para que sean las encargadas de la persecución del delito, no el ejército”.
Sobre el incremento de penas y reformas legales para evitar la impunidad, dijo que el problema no es aumentar las sanciones. Siempre hemos caído en la trampa de algunos políticos que creen que con aumentar las penas se va a acabar como por parte de magia el delito y eso es falso. La impunidad no se acaba aumentando las penas.
Hay que ser claro, agregó “hay que hacer toda una reforma penal en el país. Hay que hacer una reestructuración de todo lo que es seguridad pública, reorientarla a fondo no nada más con meras reformas cosméticas. Ejemplificó al señalar que de cada 100 delitos que se cometen, sólo se sancionan 3 esto no es posible. Si se crean nuevos tipos delictivos, se aumentan las penas y eso es engañar al pueblo.
Por último reiteró su postura sobre el no a la pena de muerte. México no puede regresarla y evitó hablar sobre el aborto.
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
Mientras, durante las intervenciones del foro de análisis de la iniciativa de Código Procesal Penal, la diputada Aída Alicia Lugo Dávila, Gerardo Romo Fonseca y Bernardo del Real, representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, coincidieron en señalar que de aprobarse esta nueva normatividad, se deberá refrendar las garantías y convertirse en una justicia penal garante de los derechos humanos.
Respeto a los principios de igualdad entre las partes de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y continuidad, libertad probatoria, libre valoración de las pruebas, soluciones alternativas, justicia restaurativa, participación de la víctima y fortalecimiento del derecho de defensa, son algunas de esas garantías.
Se refrendó el compromiso de los 3 poderes del Estado, de lograr que Zacatecas se cumpla de mejor forma con los derechos humanos y proporcionar juicios más ágiles, transparentes y confiables, consolidando el régimen democrático que hoy se vive.
La voluntad manifiesta para lograrla concientes de que se enfrentarán desafíos de carácter social, cultural, políticos y económicos, no obstante, las condiciones están dadas para que la administración de justicia y el sistema penal en particular se vean beneficiados con un cambio profundo.