LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

RESULTANDO ÚNICO.- En Sesión Ordinaria correspondiente al día 15 de Noviembre de 2005, se dio lectura a una Iniciativa de Punto de Acuerdo que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 24 y 25 numeral primero del Reglamento General, presentó el Ciudadano Diputado CONSTANTINO CASTAÑEDA MUÑOZ , sustentada en las siguientes:

        Que en el contexto internacional, se tiene un vasto número de instrumentos relacionados con las personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la readaptación profesional y el empleo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, por mencionar algunos.

        Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º:

“En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

  Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

        Que otro avance importante de quienes en México trabajan por mejorar las condiciones de la población con discapacidad ha sido la promulgación de leyes locales de integración para las personas con discapacidad.

        Que pese a los esfuerzos institucionales que se han realizado a lo largo y ancho del Estado, en muchas colonias y comunidades urbanas y rurales, existen personas con discapacidad con altos niveles de marginación y pobreza. El aumento poblacional que ocurre a un ritmo mayor que la capacidad institucional para resolver sus demandas de bienes y servicios de infraestructura social básica, agrava los rezagos de las personas con discapacidad.

        Esta situación obliga a la búsqueda de opciones para respetar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar a un paso más acelerado en la consideración de una sociedad más equitativa e incluyente.

        Que las estadísticas más conservadoras aportadas por el INEGI en el XII Censo de Población y Vivienda 2000 señalan que en nuestro país hay cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad permanente o de largo plazo, que existe un universo de personas con algún tipo de discapacidad que representa el 10 por ciento de la población.

        Avanzar con mayor rapidez en la búsqueda del desarrollo de las personas con discapacidad hace imprescindible que haya mecanismos que fortalezcan la plena equidad en la distribución de factores que permitan a los grupos vulnerables, especialmente los discapacitados, disfrutar de mejores niveles y calidad de vida.

        Que para nuestro Estado se señala que existen cerca de treinta y dos mil doscientas veintinueve personas con algún tipo de discapacidad permanente o de largo plazo; de ellas, diez mil cuatrocientas cincuenta y dos, registra más de una discapacidad y los usuarios registrados por la CEISD alcanzan la cifra de cinco mil ochocientos cincuenta y siete personas discapacitadas pertenecientes al sexo femenino y tres mil doscientas cincuenta y nueve son de sexo masculino, novecientas noventa y cinco son discapacitados auditivos, del total tres mil quinientas doce personas presentan una discapacidad, mientras que el resto padece dos ó más.

        La magnitud de recursos que demanda la empresa de dar servicios a todas estas personas implica conjugar varios aspectos, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

  Una legislación suficiente y adecuada para salvaguardar sus derechos.

  Programas y acciones de los tres órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad civil.

  Mayor información y participación para que los programas y los recursos sean aplicados aprovechados en su totalidad por las personas con discapacidad.

  Participación de las autoridades para el cumplimiento de la Ley, motivando de esta forma la participación social, así como de las organizaciones de personas con discapacidad en la definición de prioridades y en la ejecución de programas.

        Respecto a la problemática de los adultos mayores, fue incluida en los trabajos de la Convención Nacional Hacendaria, así como la asignación de mayores recursos al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para el ejercicio fiscal de 2005.

        Derivado de lo anterior, se observa que la propuesta presupuestal para los adultos mayores de los municipios de Zacatecas no se contempla en el presupuesto de egresos de cada uno de éstos y en el Poder Ejecutivo sólo se dan partidas indirectas a través del DIF Estatal y en forma discrecional y sin ningún compromiso que dé certidumbre a personas de la tercera edad.

        Actualmente, no existen programas suficientes que sean capaces de abatir la problemática de la senectud, y a ello se agrega que no ha sido generada una cultura de respeto y apoyo a los ancianos, por lo que los recursos que se destinan a estas funciones y a las instituciones que las imparten, deben ser suficientes para cubrir las necesidades de este sector de la población, que cabe mencionar, cada día es mayor.

        Se tiene en cuenta la importancia que reviste el adecuado funcionamiento de las distintas instituciones que brindan apoyos a los adultos mayores, aún sin contar con presupuesto.

        Actualmente el inapam ha desempeñado un papel muy importante dentro de la población de adultos mayores apoyándolos en la capacitación para el trabajo, entre otros, por lo que contar con mayores recursos le permitirá impulsar estrategias y programas que en el largo plazo logren otorgar apoyos y atención suficiente para mejorar el nivel de este sector de la población.

        Aunado a lo anterior y dado que la proyección de la tasa de crecimiento de este sector apunta que en el año 2030 sumarán veintiocho millones de personas, nuestro Estado y nuestro país requiere de implementar políticas públicas dirigidas a la capacitación de los adultos mayores a fin de que puedan tener una participación activa dentro del mercado laboral que asegure un nivel de vida digno, ya que de no ser atendida la población de adultos mayores, en el largo plazo podrá derivar en un problema económico de carácter estructural, que sin duda afectará y mermará el crecimiento económico estatal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 14, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:                                                    

ÚNICO.- La H. LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, exhorta a la Titular del Poder Legislativo y a los Ayuntamientos del Estado y a la Titular del Poder Ejecutivo, para que incluyan en el Presupuesto de Egresos de Egresos del ejercicio 2006 y en los presupuestos municipales, partidas presupuestales destinadas a la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.

Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, a los veintidós días del mes de Noviembre del año dos mil cinco.

 

 

DIP. FEDERICO BERNAL FRAUSTO

 

SECRETARIO   DIP. JOSÉ CHÁVEZ SÁNCHEZ

SECRETARIO     DIP. ADÁN GONZÁLEZ ACOSTA