Acuerdo
por el que la Legislatura del Estado se manifiesta en
contra de la Resolución de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, sobre el proceso
de desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
ACUERDO # 32
LA HONORABLE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE ZACATECAS.
RESULTANDO
ÚNICO.- En sesión Ordinaria correspondiente
al día 26 de Abril de 2005, se dio lectura a una
iniciativa de punto de acuerdo que en ejercicio de las
facultades que les confieren los artículos 65 fracción
I de la Constitución Política del Estado;
132 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 24 y 25 numeral primero del Reglamento General,
presentaron los Ciudadanos Diputados PEDRO DE LEÓN
MOJARRO, GERARDO OLIVA BARRÓN, AQUILES GONZÁLEZ
NAVARRO, PEDRO GOYTIA ROBLES, HUMBERTO CRUZ ARTEAGA, SAMUEL
HERRERA CHÁVEZ, MARTINA RODRÍGUEZ GARCÍA,
JOSÉ LUÍS ORTIZ MARTÍNEZ, AÍDA
ALICIA LUGO DÁVILA, SARA GUADALUPE BUERBA SAURI,
RUTH ARACELI RÍOS MONCADA, JOSÉ CHÁVEZ
SÁNCHEZ, MARTHA ANGÉLICA ZAMUDIO MACÍAS,
JESÚS PADILLA ESTRADA, MANUEL DE LA CRUZ RAMÍREZ,
CONSTANTINO CASTAÑEDA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO
AMBRIZ VALDEZ, LIDIA VÁZQUEZ LUJAN, ADÁN
GONZÁLEZ ACOSTA Y OCTAVIO MONREAL MARTÍNEZ
CONSIDERANDO
El pasado 7 de Abril del año en curso, pasará
a la historia nacional como una fecha emblemática
y trascendental en el complejo e incipiente proceso de
consolidación democrática de nuestro país;
puesto que ha sido empañado por una funesta determinación
de parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión.
Tal decisión,
el derrocamiento ilegal del Jefe de Gobierno constitucionalmente
electo del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel
López Obrador, fue barnizada de argumentos leguleyos
e implementada con ardides mediáticos, para que
en la opinión pública no hubiera indicios
de que mediante un proceso legislativo desapegado a derecho,
se muestre fehacientemente el rostro descarnado del golpismo
instrumentado desde el Gobierno Federal, encabezado por
el duopolio Fox-Sahagún.
La Declaratoria
de Procedencia de la que es objeto el Titular del Órgano
Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad de México, se
encuentra contaminada por los pactos políticos
concertados en los rincones más obscuros del vetusto
sistema político mexicano, donde participan los
actores cuya reputación y prestigio es de los más
bajos en el seno de la sociedad mexicana.
Huelga decir que,
todo el proceso legislativo que concluyó en esta
aberración jurídica fue desaseado, ilegítimo
y carece de sustento legal. Lo anterior se deduce de la
opinión emitida por el jurista Raúl Carrancá
y Rivas y prácticamente la totalidad de los más
prestigiados juristas de México, en el sentido
de que con el desafuero del Jefe de Gobierno del DF, Lic.
Andrés Manuel López Obrador, se ha cometido
un agravio a la Constitución. El procedimiento
fue calificado como abominable; puesto que ninguna ley
secundaria (en este caso la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos), debe estar por encima
de la Constitución.
Además,
debemos mencionar que la Sección Instructora de
la Cámara de Diputados no votó un Dictamen
donde se hiciera la Declaratoria de Procedencia para actuar
penalmente contra el Jefe de Gobierno, sino que los miembros
priístas y panistas de tal instancia, única
y exclusivamente se limitaron a discutir sobre la pertinencia
de desaforar y destituir al Lic. Andrés Manuel
López Obrador.
El Dictamen presentado
ante el Jurado de Procedencia, es un documento que deja
mucho que desear en materia jurídica, prácticamente
insostenible. Los diputados Rebeca Godínez, Francisco
Frías y Álvaro Loredo, instruyeron a sus
asesores a “seleccionar, cortar y pegar” sus
argumentos, dispersos en tres distintos anteproyectos,
adjuntándoles, los alegatos de la Procuraduría
General de la República.
Es de llamar la
atención, la célebre expresión de
la diputada Godínez, en el sentido de que con el
desafuero de López Obrador “se estaría
cumpliendo, por primera vez, con el Estado de Derecho”.
¿Por qué
no se ha actuado de igual forma contra los culpables de
la masacre del 2 de Octubre de 1968, del 10 de Junio de
1971 y la feroz represión contra la izquierda,
conocida genéricamente como “Guerra Sucia”?
¿Dónde quedaron los principios de la renovación
moral después de la aciaga crisis de 1982? ¿En
que reclusorio están los defraudadores de la banca
mexicana; subsidiados y enriquecidos mediante el FOBAPROA-IPAB?
Si con el desafuero
ilegal de López Obrador se pretende aplicar de
manera ortodoxa el Estado de Derecho, ¿Por qué
entonces, el PRI y el PAN exculpan a un delincuente electoral
como el Senador Ricardo Aldana, uno de los ingenieros
financieros del Pemexgate?, ¿por que nadie de los
“Amigos de Fox” esta ahorita en la cárcel?
cuando de todos es sabido que se aplicó una multa
superior a los 400 millones de pesos al PAN.
Ante un ambiente
político como el actual, es necesario aplicar juicio
político contra los diputados que votaron
a favor del desafuero, pues cometieron una violación
grave a la Constitución, al violentar el artículo
7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, al infringir lo siguiente:
Artículo
7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho:
I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.-
El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo,
federal;
III.-
Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías
individuales o sociales;
IV.- El
ataque a la libertad de sufragio;
V.-
La usurpación de atribuciones;
De manera lamentable, la Cámara de Diputados invadió
las atribuciones de la ALDF, puesto que ante esta Soberanía
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal rinde la protesta
de ley cuando toma posesión del cargo. Así
también, los diputados locales son quienes dan
a conocer al pueblo la declaración de Jefe de Gobierno
electo hecha el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
De manera complementaria, son quienes supervisan directamente
su desempeño, son los que pueden conceder licencias
al Jefe de Gobierno, quienes pueden aceptar su renuncia
y quienes pueden y deben nombrar a quien lo sustituya
en caso de falta absoluta, por la razón que fuere.
La Cámara
de Diputados debió haber actuado conforme a lo
establecido en el artículo 111 de la Constitución
Política, donde se establece que:
Para proceder
penalmente contra … el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, … por la comisión de delitos durante
el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados
declarará por mayoría absoluta de sus miembros
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder
contra el inculpado.
Además,
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal guarda
similitudes fundamentales con los gobernadores de los
Estados, porque se encuentra a cargo del Ejecutivo Local
y de la administración pública de la entidad,
fue elegido democráticamente mediante votación
universal, libre, directa y secreta; de ahí su
obligación de velar por la seguridad de sus gobernados.
Es por ello, que
podemos establecer, con fundamento en el párrafo
quinto del artículo 111 constitucional:
Para poder
proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores
de los Estados, diputados locales, magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, y en
su caso los miembros de los Consejos de la Judicaturas
locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido
en este artículo, pero en este supuesto, la declaración
de procedencia será para el efecto de que se comunique
a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus
atribuciones procedan como corresponda.
Con base en lo
anterior, EN NINGÚN MOMENTO, LA DECLARATORIA
DE PROCEDENCIA EMITIDA POR LA SECCIÓN INSTRUCTORA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
DEBIÓ SEPARAR DEL CARGO DE JEFE DE GOBIERNO DEL
D.F. AL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
EN TANTO NO ESTÉ SUJETO A PROCESO PENAL.
Es así,
que todo este entramado de ilegalidad, ideado por Vicente
Fox, Marta Sahagún, Mariano Azuela, Roberto Madrazo
y Santiago Creel, teniendo como operadores en la Cámara
de Diputados a Manlio Fabio Beltrones, Emilio Chuayfett
y José González Morfín lo único
que buscaba era, es y será inhabilitar al Jefe
de Gobierno Constitucional del Distrito Federal como contendiente
en la lucha por la silla presidencial del próximo
año.
Sin embargo, omitieron varios detalles. Nunca han desmentido,
con pruebas fehacientes, todas las reuniones para actuar
en conjunto. Sus personeros, han permitido que se filtre
el contenido de las reuniones a los medios de comunicación.
Carlos Salinas de Gortari, ese poder oscuro tras la silla
de Vicente Fox, ha reaparecido con fuerza, incrustando
a los integrantes del otrora indestructible Grupo Compacto
en diversas instituciones, con el fin de consumar su irrefrenable
ataque a quien, en estos momentos, desafía su manto
de impunidad y riqueza mal habida.
Pero a pesar de
todo, la gente ha depositado su confianza en Andrés
Manuel López Obrador, respaldando el Proyecto Alternativo
de Nación, que ha sido puesto en práctica
en nuestra entidad federativa.
En respuesta a
todo esto, el PRIAN, junto con su comparsa, el PVEM, tratan
a como de lugar de evitar que la ciudadanía del
Distrito Federal, ejerza a cabalidad sus derechos políticos,
expresados en la elección del 2 de Julio del 2000,
amagando con desaparecer, sin ningún sustento,
al Órgano Legislativo de la Ciudad de México,
y con ello, impedir que esta Legislatura Local, pueda
ratificar al actual mandatario, o en su caso, nombrar
al Jefe de Gobierno Sustituto.
Puesto que la ilegalidad
cometida por los legisladores federales está sentando
un peligroso antecedente bajo el cual, se puede eliminar
a un contendiente político, sin importar que con
ello se vulneren sus prerrogativas políticas y
las de la población que lo eligió, ajustándola
a lo que los fariseos del Estado de Derecho llaman “respeto
irrestricto por la legalidad” .
En atención
a que es necesario establecer nuevas condiciones políticas
y sociales para regenerar la vida pública de nuestro
país, al encontrarse contaminada por las componendas,
la corrupción, el otorgamiento de prebendas a los
miembros de una clase política donde importan todos
los intereses, menos los de la población desposeída
o empobrecida después de veintitrés años
aciagos de neoliberalismo.
Debido a que cumplimos
una función trascendental para la vida democrática
de nuestro país, al ser los Representantes del
Pueblo ante el Congreso Local, y en virtud a que tenemos
la responsabilidad de exigir el respeto irrestricto a
nuestra Constitución General.
Con el fin de que
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara
de Diputados conozcan que ésta Legislatura no está
de acuerdo con la enorme atrocidad cometida por sus pares
federales, que se traduce en un Golpe de Estado nunca
antes visto en la historia moderna de nuestro país.
Además, para que quede constancia de que nos hemos
dado cuenta del rostro descarnado del autoritarismo del
Gobierno Federal, representado en las acciones implementadas
para orquestar un Golpe de Estado Técnico en perjuicio
de la Capital de la República.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento además
en los Artículos 14, fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 24, 25 y relativos
del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:
PRIMERO:
La H. LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Zacatecas, se manifiesta contra el proceso ilegal de
desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic.
Andrés Manuel López Obrador, por lo que
se remite este Punto de Acuerdo a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y a la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.
SEGUNDO:
Habiendo quedado a todas luces demostrado el evidente
intento de maniobra política “disfrazado
en la legalidad”, habiendo hecho el ridículo
como lo hizo la Procuraduría General de la República,
estando de por medio la abrumadora opinión pública
de los medios nacionales e internacionales y haciendo
eco de las encuestas de opinión de las y los mexicanos,
donde más del 80% se manifiestan en contra de la
exclusión de Andrés Manuel López
Obrador como candidato a la Presidencia de la República,
es que se propone una salida política a este descomunal
despropósito de quienes pretendiendo salvaguardar
sus intereses, intentaron el enjuiciamiento del Licenciado
Andrés Manuel López Obrador.
Acuerdo por el que la Legislatura del Estado se manifiesta
en contra de la Resolución de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, sobre el
proceso de desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.
Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Estado, el día veintiséis
del mes de Abril del año dos mil cinco.
PRESIDENTE
DIP. GERARDO OLIVA BARRÓN
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SECRETARIO |
DIP.
MARTHA ANGÉLICA ZAMUDIO MACÍAS |
DIP. ADÁN GONZÁLEZ
ACOSTA
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