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14 DE NOVIEMBRE DE 2007
Corresponde a la Procuraduría investigar a magistrado: TSJE
No le corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sino a la Procuraduría General de Justicia, a través del Ministerio Público, investigar si el magistrado Víctor Manuel González Carretón incurrió o no en un delito, al elaborar un proyecto de resolución de sentencia que dejó libre al agresor de Siri Alatorre. Bernardo del Real Ávila, presidente del TSJE, llegó a esa conclusión luego de haber sostenido una encerrona de más de 2 horas, a puerta cerrada en la sala de plenos, donde los 13 magistrados del máximo órgano jurisdiccional de Zacatecas discutieron entre otras cuestiones, el polémico tema que según ellos ha “dañado” la imagen del tribunal. En su despacho del antiguo Palacio de la Mala Noche, Del Real Ávila concedió una larga entrevista en la que aseguró que los medios de comunicación y la opinión pública en general han realizado un juicio que consideró severo e injusto contra el Poder Judicial de Zacatecas, con el caso de Siri Alatorre. Sin embargo, el propio magistrado presidente afirma: “sí le garantizo una cosa: si hay una responsabilidad, si en el actuar del magistrado hay un delito, será la Procuraduría General de Justicia, a través del Ministerio Público”, quien lo tenga que investigar.
Siri Alatorre.
De entrada, Bernardo del Real defendió el trabajo que hace el Poder Judicial del Estado con sus 50 jueces municipales y de primera instancia y los 13 magistrados que lo componen.
De estos últimos, indicó, cada uno emite aproximadamente 20 resoluciones mensuales, trabajo que representa, dijo, una carga normal en comparación con los magistrados de otras Entidades del País. Empero, el presidente del TSJE admitió que en la actualidad, la impugnación de las resoluciones es mayor, cada día, aunque acotó que en términos de porcentajes, esto representa alrededor del uno por ciento de las sentencias que se emiten en los juzgados de primera instancia. No obstante, Bernardo del Real no atribuye este incremento de impugnaciones al hecho de que las resoluciones de los jueces de primera instancia estén mal elaboradas, sino “al hecho de que la ciudadanía tiene más conocimiento de los medios de impugnación que están a su alcance, y hacen uso de ellos, porque quieren tener la seguridad de que un órgano jerárquicamente superior revise ese expediente”. También, el magistrado enfatizó que en el Poder Judicial se ha realizado un esfuerzo importante en la profesionalización de los jueces y magistrados, lo que se refleja en una mayor contundencia de sus resoluciones, dijo. - ¿Y cómo un juez emite una sentencia de 20 años de prisión, y luego un magistrado le corrige la plana, otorgándole la libertad al acusado? ¿Cómo es posible que pase eso con las sentencias que se están dictando? -Yo considero que los jueces tienen en principio una absoluta libertad, independencia para poder dictar sus resoluciones, y la Ley Orgánica del Poder Judicial le prohíbe a los señores magistrados dar indicaciones para que una resolución se dicte en un sentido u otro. Félix Vázquez Acuña Además, justificó Bernardo del Real que “no es nada raro en el Poder Judicial que las resoluciones de los jueces sean revocadas por los señores magistrados a la luz de los agravios expresadas por las partes interesadas”. Al cuestionarle respecto a si el TSJE es capaz de hacer un ejercicio de autocrítica ante casos como el de Siri Alatorre, respondió: “Desde luego que sí lo hay, con comentarios tan negativos que los considero injustos para el Poder Judicial”.
Falla el Estado a Siri
Legisladores locales exigieron en la 59 Legislatura local que los entes del Estado responsables de la procuración e impartición de justicia, actúen para garantizar que se cumpla con este mandato constitucional en Zacatecas. Al sacar a flote el caso de la jerezana Siri Alatorre Díaz -quien fue dejada inválida por su expareja-, el diputado local por Convergencia, Félix Vázquez Acuña, recriminó en tribuna que el Estado, concebido como un conjunto de órganos, le falló a las víctimas y a la sociedad, al dejar de impartir la justicia que aquí se exige. Recordó que es obligación del Estado llevar una correcta procuración de justicia, lo que supone una pulcra actividad de investigación y una informada función de acusación durante el procedimiento penal y su justa ejecución. En resumen, dijo, “el resultado es uno sumamente ominoso: A Siri Alatorre Díaz y a (su padre) J. Jesús Alatorre Magallanes, no se les hizo justicia”. Por ello, conminó a los órganos y Poderes que integran el Estado, a no permanecer estáticos e insensibles, pues se requiere actuar en el deslinde de responsabilidades correspondientes de acuerdo a su competencia, y a la par, que se atienda la seguridad futura de las víctimas. Luego del exhorto de Félix Vázquez a la 59 Legislatura, tajante, el diputado Rafael Candelas Salinas, del Partido Verde, declaró que si en este caso existen delitos, se debe actuar con todo el rigor de la ley.
Citó puntualmente que si se falla en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, según el Artículo 207 del Código Penal, se darán de 3 meses a 3 años de prisión, suspensión de un mes a 2 años o destitución del cargo a los funcionarios, empleados o auxiliares involucrados. Recordó el diputado que se cometen delitos y procede el castigo si, entre otros, “se dicta una resolución de fondo o una sentencia definitiva injusta, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos cuando se obre por motivos reprobables y no por simple error de opinión y se produzca daño en la persona, el honor o los bienes de alguien o en perjuicio del interés social”. Además, por ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados; retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; que el Ministerio Público no consigne, de acuerdo a la ley, a una persona detenida como presunta responsable de algún delito, una vez reunidos los requisitos legales, y varias de estas hipótesis se prefiguran perfectamente en el caso citado.
Rafael Candelas.
-¿Como cuáles? -El hecho que se esté dando una imagen a la sociedad de que el Poder Judicial no tiene la capacidad suficiente para resolver correctamente los conflictos que los justiciables plantean. Yo considero que el Poder Judicial no está en esa situación. -¿Habrá algún procedimiento o no respecto al magistrado González Carretón, por todo lo que ha implicado este caso de Siri? -Si existe alguna responsabilidad en el actuar del magistrado González Carretón, no corresponde al Poder Judicial el ejercicio de acciones en contra del mismo -¿A quién corresponde entonces? -Corresponde a la Procuraduría. -¿Entonces se deslinda el tribunal?
-No que se deslinde el tribunal, simple y sencillamente, si el actuar de un juez o un magistrado es contrario a la ley, hay un delito previsto en el Código Penal, y que son los delitos contra los funcionarios, y al existir un delito, en ese supuesto -aclaró-, será el Ministerio Público el que deberá iniciar el procedimiento para procesarlo, finalizó el Presidente del TSJE.
Afecta paro magisterial a 60% de las escuelas
Alrededor de 700 escuelas primarias y secundarias públicas en el Estado resultaron afectadas con el paro de labores convocado por la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Es entre 50 y 60 por ciento del alumnado el que resultó afectado porque las que pararon fueron las escuelas más grandes, informó Flavio Campos Miramontes, secretario de Educación. Hubo una afectación lamentable que de haber tenido razón su movimiento hubiera sido legítimo, pero no hay razón para haberlo efectuado porque la contratación de plazas no es algo que se haya acordado en el convenio que se firmó en septiembre por lo tanto no existe “incumplimiento”. Lo que está en tela de juicio, dijo, es si la autoridad es o no quien determina dónde se necesitan los servicios del magisterio y si se apega o no a las normas que tiene el uso de las plazas; para ello se acordó que se compruebe la necesidad de cubrirlas. Expuso que en Educación Especial se han creado plazas de manera indebida, como “una necesidad artificial” que muestra anomalías porque hay más personal del que se necesita. Afirma que la cantidad de niños con necesidades especiales no justifica la presencia de tanto personal. El lunes por la noche se acordó que para cubrir esos movimientos innecesarios ya no se va a contratar de manera definitiva porque les va a sobrar personal. En el caso de Educación Física no hay problema y en secundarias ellos piden que haya división de grupos grandes para justificar nuevas necesidades. El funcionario admitió que en este momento existen recursos sobrantes, pero corresponde a la SEC determinar proyectos para usarlos, ya sea para abatir el déficit que se tiene, que sería perfectamente legal o crear servicios que no existen de manera formal. Reiteró que lo que se convino en septiembre respecto a los adeudos históricos ya todo esta cubierto con el sindicato y la SEC sostiene que no hay justificación para el paro que desataron, aun cuando habían dicho que no lo iban a hacer.
Es de 11 mil mdp el presupuesto para Zacatecas en 2008
La gobernadora Amalia García Medina informó que el presupuesto asignado para el Estado en 2008 es de 11 mil millones de pesos; consideró que en una lectura preliminar y en términos generales ha sido positivamente respondida la solicitud de recurso para Zacatecas.
La mandataria expresó su reconocimiento a los legisladores federales zacatecanos de todos los partidos políticos por tener unidad en las demandas, las cuales, destacó, se respaldaron con proyectos en cada una de las comisiones. “No sólo señalamos lo que requería Zacatecas, sino que le dimos un fuerte sustento y hubo unidad de todos los actores”, recalcó. No obstante los incrementos que hubo en las asignaciones para áreas como el campo y la infraestructura carreteras, manifestó que se programará una reunión con Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura, para revisar los programas del ejercicio 2007. Por otro lado, se le preguntó acerca de si se tenía acercamiento con alguna compañía para que instalara sus oficinas corporativas en Ciudad Argentum, a lo que respondió que se ha tenido contacto con los ejecutivos de las empresas que hay en el Estado, como Corona y Peñoles. Precisó que hace algunos días planteó a Carlos Fernández, presidente del consejo de administración de Grupo Modelo, que algunas de sus oficinas corporativas las trasladen a Zacatecas, pues “es un muy buen lugar para vivir, tenemos instituciones de educación, hay un ambiente cultural amplio, tenemos condiciones para que se instalen y con el avance de las telecomunicaciones aquí pueden instalarse”.
Anunció que hoy por la noche estará en la ciudad de México “con un grupo importante de personas para plantearles este proyecto porque queremos que se interesen en él y estoy seguro que va a generar simpatía”. Asimismo, dijo, la empresa que construirá Ciudad Argentum tiene la decisión de abrirse a la licitación de constructores y de empresarios de Zacatecas.
Anuncia Castanedo proyecto “alterno”
Héctor Castanedo Quirarte, secretario de Obras Públicas, dio a conocer que la modernización del tramo carretero de tránsito pesado Zacatecas-Guadalupe, tiene una distancia de 24 kilómetros y costará 800 millones de pesos, de los cuales ya se destinaron los primeros 120 millones. Éste es el proyecto alterno al del viaducto en el bulevar Adolfo López Mateos, que se canceló. Esos 120 millones de pesos, explicó, en parte provienen de los recursos que no se ejercieron para la construcción del segundo piso, de los cuales no ha reintegrado Grupo Constructor Plata el dinero que se le adelantó. El funcionario dijo desconocer cuál será la cantidad que debe regresar la empresa constructora de los 33 millones que se le entregaron como anticipo, pues debe hacer comprobaciones de gastos que están en trámite. Precisó que la Contraloría de Gobierno y Obras Públicas ya solicitaron a Grupo Constructor Plata que informe los gastos que hizo. Asimismo, apuntó que se solicitan también recursos de 2008 para que no paren las obras carreteras en dicho tramo, las cuales incluyen ampliaciones de carriles, onstrucción de distribuidores viales y de salidas a lo largo de los 24 kilómetros, y un distribuidor vial a la altura del fraccionamiento El Carmen, donde hay accidentes de tráilers por una peligrosa curva.
Construirán Casa del Migrante
Como parte de los proyectos del 3x1, el Ayuntamiento de Zacatecas creará una Casa del Migrante para estudiantes, con recursos provenientes de los clubes de migrantes zacatecanos en Estados Unidos, los gobiernos estatal y municipal. Eduardo Medina Ramírez, secretario de Obras Públicas municipal, dio a conocer que el proyecto fue presentado la semana pasada en Oxnard, California, ante los presidentes de los clubes y asociaciones de migrantes que allí radican. La casa brindará alojamiento a 120 estudiantes, tendrá servicios de lavandería, estacionamiento, áreas verdes, canchas, Internet, biblioteca para 100 personas, comedor para 79, atención médica, alimentos y dormitorios por módulos para hombres y mujeres. Se ubicará en un terreno municipal de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, construida en dos pisos y situada frente a la unidad Siglo XXI de la UAZ. “(El proyecto) se presentó allá, tiene mucha aceptación, los migrantes van a empezar a trabajar en sus asociaciones y que ellos mismos la manejen mediante un fideicomiso para que el gobierno se mantenga la margen”. La inversión sería de aproximadamente 17.5 millones de pesos y sería construida mediante licitación pública. A los estudiantes se les elegiría por medio de un estudio socioeconómico, pues está enfocado a jóvenes de bajos recursos; algunas de las condiciones para estar en la casa serían los resultados de sus estudios y que realicen trabajo común que beneficie a aquellos que allí radiquen.
Planta AGM a paisanos en Dallas
En un hecho considerado histórico, Tom Leppert, alcalde de esta ciudad, asistió a la celebración del décimo aniversario de la Federación Zacatecana del Norte de Texas. No obstante, el personaje que acompañó a los paisanos en esta fecha, los zacatecanos extrañaron la presencia, otra vez, de la gobernadora Amalia García, o por lo menos de Fernando Robledo, director del Instituto Estatal de Migración. Este mismo fin de semana, los paisanos radicados en Oxnard, California, celebraron el noveno aniversario de la Federación del Condado de Ventura.
Los zacatecanos radicados en Fort Worth, Texas, organizaron a la par del norte otro evento, que algunos migrantes del norte calificaron como un “boicot” a sus festivi dades. En Fort Worth radica el actual diputado perredista Sebastián Martínez. A parte del “plantón” por parte de las autoridades estatales, se prometió a la federación un tianguis ganadero que nunca llegó, lo que llenó de sentimiento a los integrantes que calificaron el desaire “como una burla, una humillación”. Porque tan zacatecanos son unos como otros, según radiquen en las ciudades, dijeron. En particular, Félix Mena, Alfredo Buenfil y Heriberto Sánchez, lamentaron “la falta de seriedad” de sus autoridades para con ellos. “No sabemos por qué razón se nos ve con tal indiferencia”, enfatizaron al considerar que si se les prometió un tianguis lo mínimo que debieron hacer es cumplir “y se nos tome en cuenta”. Insistieron en que son campesinos, del mismo Estado y cuando la gobernadora hizo campaña prometió un cambio para Zacatecas, para
Promueven latinos en EU rechazo a ley migratoria
Activistas del Estado de Illinois iniciaron una campaña en contra de la ley migratoria Save 4088, por considerarla peor que la fracasada Sensenbrenner, que en el 2006 generó marchas de inconformidad. En conferencia de prensa, Ema Lozano, líder de la organización Centro sin Fronteras, dijo que la campaña incluye actos de presión contra el influyente demócrata por Illinois, Rham Emmanuel, para que retire el apoyo a la ley. Aclaró que la movilización tiene carácter de nacional y además de rechazar la Save 4088 busca impulsar una nueva propuesta en materia migratoria que defienda a los latinos en ambas cámaras legislativas. Comentó que la iniciativa introducida el 6 de noviembre por el representante Heath Shuler lleva el apoyo de 44 legisladores demócratas y ya alcanzó en pocos días el respaldo de 95, incluyendo republicanos.
“Es una propuesta peor que la Sensenbrener, porque establece sólo 10 días para comprobar la legitimidad del número de Seguro Social utilizado por los trabajadores migrantes”, aseguró.
La ley “Secure America Through Verification and Enforcement”, llamada SAVE Act, propone una mayor seguridad fronteriza, estricto cumplimiento de las leyes migratorias existentes y el uso de un programa de verificación de empleo. La activista destacó que ambos partidos mienten cuando repiten que no habrá ningún intento de ley migratoria hasta que pasen las elecciones del 2008, “porque vuelven a la carga con propuestas más agresivas”.
LA JORNADA ZACATECAS
Asignan $11 mil millones a Zacatecas
Fueron autorizados para Zacatecas 11 mil millones de pesos en el Presupuesto Económico de la Federación (PEF) 2008, anunció ayer la gobernadora Amalia García Medina en una entrevista colectiva ante medios informativos. Destacó las muestras de respaldo, unidad y solidaridad en la gestión de los recursos para la entidad, incluidos los alcaldes y diputados locales. Detalló que luego de varias citas de trabajo con las distintas comisiones, gracias al “cabildeo” de los legisladores federales zacatecanos –sin distingo de partidos– fue posible la presentación de varios proyectos ejecutivos. “No sólo señalamos lo que requería Zacatecas sino que además proporcionamos sustento y unidad en cada una de nuestras peticiones”, precisó. Amalia García Medina consideró que el Presupuesto Económico de la Federación (PEF) 2008 “es positivo” para la entidad, aunque agregó que deberá ser revisado a detalle. En lo general expresó que así como Zacatecas dio una lección de civilidad, también lo hizo el Congreso de la Unión, porque votaron por unanimidad. Reiteró que “el estado recibirá mil 800 millones de pesos para el campo, destinados a acciones que beneficiarán a distintos sistemas-producto; tecnificación de riego, invernaderos, reconversión productiva y un respaldo para los productos agrícolas que entrarán a partir del 1 de enero”. En general la mayoría de los programas han quedado contenidos, pero requiero revisar a detalle.
Decidir pronto sobre permanencia del jefe policiaco, pide diputado
El diputado panista Arnoldo Rodríguez Reyes exhortó al cabildo de la capital del estado a decidir a la brevedad y en forma consensuada la permanencia de José Refugio Ruvalcaba Plascencia al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de las constantes protestas de policías que acusan malos tratos y prepotencia. Aunque el alcalde de Zacatecas, también de extracción panista, Cuauhtémoc Calderón, dijo que la respuesta se dará en los próximos días, Rodríguez Reyes manifestó que “ojalá que no tarde tanto para que la corporación pueda trabajar al ciento por ciento”. Y sobre todo, se tome la decisión correcta en consenso con la ciudadanía, “ya que si el río suena es porque agua lleva, por lo que los regidores tendrán un papel fundamental en esa decisión”, agregó. El ex regidor del trienio pasado opinó que Ruvalcaba Plascencia “está haciendo un buen papel” al frente de la Policía Municipal, ya que “el meter en orden a la corporación no es fácil y sobre todo cuando los hábitos no están dentro de una disciplina total”. Consideró por eso que es difícil que el personal se acostumbre a una forma distinta de trabajo. Sin embargo, no descartó actos de prepotencia. “Puede pasar, y nadie está exento de ello. Pudo haberlo cometido contra algún policía pero sería fácil resarcirlo”.
Rodríguez Reyes expresó que el tema debe discutirse y acordarse por todo el cabildo con el objetivo de verificar todo lo que acontece dentro de la corporación, además de escuchar y reconocer las necesidades de los elementos, para con base en eso tomar una decisión lo más pronto posible, porque la ciudadanía requiere tener la certeza de la seguridad pública.
Señaló que de acuerdo al rumbo que se pretende dar al municipio, el alcalde y los regidores determinarán si Ruvalcaba Plascencia lo puede llevar a cabo y por ende seguir en el cargo.
El diputado también descartó represalias por parte del director y el propio alcalde contra los policías manifestantes. “No creo que sea su forma de ser, ni que alguien dentro de la corporación vaya a desquitarse de esa manera; porque hay un presidente sensible que puede solucionar pronto ese problema”.
Demanda el Sittez al Congreso un presupuesto de 193.7 mdp
Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Independiente de Trabajadores
de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (Sittez), se reunieron ayer con legisladores locales para presentar la propuesta de inversión para abatir el rezago educativo de ese subsistema y solicitar recursos públicos independientes para 2008. El monto requerido es de 193 millones 792 mil 410 pesos y se destinaría a la construcción del edificio sindical, estímulos para docentes, creación de direcciones técnicas, ampliación de infraestructura, fortalecimiento del fondo de pensiones del Issstezac, carrera magisterial, concurrencia estatal, basificación y mantenimiento de escuelas. Los docentes fueron atendidos por Manuel de Jesús García Lara, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP); María Hilda Ramos Martínez, presidenta de la Comisión de Educación, y por el diputado Mario Alberto Ramírez Rodríguez, quien antes de asumir el cargo se desempeñó como líder sindical del Sittez. El proyecto presentado tiene como objetivos primordiales fortalecer el sistema educativo estatal, elevar la calidad de la educación en las escuelas, hacer más eficiente el trabajo de docentes, directivos y personal de apoyo, así como mejorar las condiciones de vida y laborales de los agremiados.
Reconocieron, sin embargo, que las evaluaciones hechas por las instancias nacionales e internacionales en materia educativa colocan a ese subsistema como el de menor desarrollo respecto a las secundarias generales y técnicas, por lo que aseveraron que es la Telesecundaria, la que precisamente ha aumentado el nivel educativo en Zacatecas, al competir académicamente con otros estados. Entre otros puntos, solicitaron la remuneración efectiva de las 35 horas-clase que trabajan en el aula los docentes, así como una normatividad que considere las características demográficas del estado para una mejor administración de los recursos humanos, financieros y materiales. También la seguridad económica del programa de Carrera Magisterial para el personal de Telesecundaria y la creación de un proyecto estatal de fomento a la vivienda acorde a las posibilidades de los administrativos. En respuesta, Manuel García Lara solicitó un informe del recurso que el subsistema recibió en los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007 para realizar un comparativo que permita llevar a cabo las negociaciones necesarias con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), detallando además, los montos para cada partida. El diputado Mario Alberto Ramírez aseguró que la petición, al igual que las previas del Colegio de Bachilleres y trabajadores de la sección 58 del SNTE, se respaldará en
El aumento de recursos para el próximo año.
Sin embargo, reconoció que al sector educativo en el estado se le ha descontado 10 por ciento cada año en relación a lo que se le presupuesta el ejercicio anterior, además que en el sistema de Telesecundaria para 2008 se pretende asignar sólo 77 millones de pesos, cuando en 2007 se destinaron 400 millones. Hilda Ramos, de la Comisión de Educación, aseguró que las peticiones se analizarán durante la fase de discusión del presupuesto, “ya que los actuales diputados le abonamos completamente a la educación y no dejaremos desprotegido a ese sector”.
Proponen PRI y PT derogar el impuesto por tenencia vehicular
En sesión ordinaria de la 59 Legislatura, los diputados José Luis García Hernández del PRI y Guillermo Huízar Carranza del PT presentaron, por separado, iniciativas de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que derogarían el impuesto estatal de tenencia vehicular.
García Hernández propuso al pleno la derogación mediante decreto del capítulo 35 de la citada ley a fin de eliminar el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, que sumado al mismo impuesto federal representa no sólo una afectación a los sectores campesinos y popular, sino la fuga de impuestos a los estados colindantes, que por ser menores implican la adquisición de vehículos fuera de Zacatecas. Sin dejar de reconocer la importancia de la recaudación, pero a la vez la capacidad de pago de los usuarios, Garcia Hernández planteó la eliminación del impuesto de forma gradual: en 2008 se pagaría 75 por ciento, en 2009 sería 50, en 2010 bajaría a 25 por ciento y se abrogaría totalmente para 2011. Por su parte, Huízar Carranza propuso la derogación directa de los artículos 35, 36, 37 y 38 del capítulo 5 de la misma ley con objeto de crear una nueva cultura para incentivar al contribuyente y contribuir al desarrollo de los diferentes sectores de la población en estado de vulnerabilidad. Planteó la derogación de la tenencia en apoyo a los propietarios o poseedores de vehículos con antigüedad de una década inmediata posterior a los vehículos por los que se paga tenencia federal y en favor de los grupos sociales de mayor necesidad, y al considerar que los ingresos ordinarios del estado se han fortalecido por la distribución de los excedentes petroleros por parte de la Federación.
Señaló reformas a los artículos 32 y 33 para acotar facultades discrecionales del Ejecutivo y evitar incertidumbre jurídica, lo que ejemplificó con la exención del impuesto sobre nómina a empresas que empleen discapacitados o mayores de 60 años, en riesgo de ser derogada, o la condonación de contribuyentes morosos, en agravio a los cumplidos. En razón de que el Ejecutivo, con fundamento en su facultad reglamentaria, expide un decreto gubernativo con el cual se otorgan facilidades a contribuyentes con criterios discrecionales que resultan incongruentes para quienes sí cumplieron las leyes tributarias al pie de la letra, “y que para su sorpresa emite reglas que premian a los morosos y les condonan gran parte de sus obligaciones”.
En otro punto del orden del día, Emma Lisset López Murillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, propuso punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Amalia García Medina, a expedir el reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el estado, instrumento necesario, con la finalidad de que ésta pueda entrar en vigor y se cree el Sistema Estatal para el Desarrollo Social. La ley fue publicada el 14 de julio de 2004 y no ha entrado en vigencia por falta de reglamentación, pese a que establece que en la planeación del desarrollo se debe incorporar la política estatal en el rubro social y los programas institucionales y regionales de organizaciones que se realicen con recursos públicos. Dispone, entre otros, los programas de educación obligatoria, de adultos mayores, de abasto social, de vivienda, infraestructura y campañas de prevención y atención médicas. También prevé la creación del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y de la Comisión Intersecretarial como instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo. Por otra parte, las comisiones de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda emitieron el dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Pinos a contratar un crédito por 12 millones de pesos, destinado a la construcción de plantas de tratamiento en Pinos, La Victoria y San José de Castellanos, obras de agua potable y alcantarillado, y rehabilitación de puentes, en beneficio de 66 mil 174 habitantes.
Analizan diputados proceder de manera legal por el caso de Siri
Tras aseverar que el Estado le falló a Siri Alatorre Díaz y a su familia en la aplicación de justicia, diputados de la 59 Legislatura no descartaron el inicio de procedimientos por la vía administrativa, penal o civil contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) o el Ministerio Público (MP). Félix Vázquez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, retomó el tema en tribuna al señalar que por la determinación de liberar a Gabriel Heredia, agresor de Alatorre Díaz, y “por todo lo que se ha dicho del caso, resulta claro que el Estado, concebido como conjunto de órganos, le falló a las víctimas y a la sociedad”. Manifestó que al Estado le está conferida la obligación general de procurar y administrar justicia y eso supone la intervención de los tres poderes, el Legislativo con leyes justas, el Ejecutivo, por medio de la Procuraduría y el MP, con una pulcra actividad de investigación y una informada función de acusación durante el procedimiento penal y el Judicial con una adecuada impartición y administración de justicia tanto en primera como en segunda instancia. Pero resulta claro que “alguno o algunos de esos órganos no efectuaron adecuadamente su función; una o varias partes del engranaje no actuaron como debieron hacerlo”, por lo que el Estado y sus poderes no pueden ni deben permanecer estáticos e insensibles. Llamó a las diferentes instancias del Ejecutivo a velar por la seguridad futura de Siri Alatorre y evitar cualquier nueva forma de violencia. Mientras en el caso de la Legislatura, “es probable que en el futuro se promuevan solicitudes de juicio o procedimientos contra determinados funcionarios”. Por esa razón se revisará de forma minuciosa el informe solicitado al Poder Judicial del que, dijo, derivarán dos hipótesis: que la sala actuó con un exceso de rigorismo al exigir tecnicismos más allá de los criterios legales y jurisprudenciales, o bien, omisiones de contenido formal pero de naturaleza grave por parte del Ministerio Público. Posteriormente el diputado Rafael Candelas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), intervino para señalar las sanciones a los delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, contenidas en el Código de Procedimientos Penales. Según el artículo 207, se impondrá prisión de tres meses a tres años, suspensión de un mes a dos años o destitución del cargo y en ambos casos multa de 10 a 100 cuotas a los funcionarios que cometieren el delito de dictar una resolución de fondo o una sentencia definitiva injusta con violación de algún precepto de ley, o contraria a las constancias de autos cuando se obre por motivos reprobables y no por simple error de opinión y se produzca daño a la persona. También por ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan daño o concedan una ventaja indebida a los interesados. Y por abstenerse el MP de hacer la consignación que corresponda, con apego a la ley, de alguna persona detenida o dejar de expedir las diligencias de averiguación previa cuando se hayan reunido los requisitos legales, así como por no promover las pruebas
conducentes
Elías Barajas, de Convergencia, dijo que aunque se pudiera aplicar el Código Penal, el asunto es que Siri ha quedado parapléjica y eso no lo remedia una multa o la destitución de las autoridades del Poder Judicial. “Esa familia lo que necesita es la responsabilidad del Estado que fue el que falló, independientemente de si fue el Ejecutivo o el Judicial”, apuntó. Por eso recomendó iniciar procedimientos por las vías administrativa y civil, para que los responsables tengan sanción de carácter pecuniario y resarcir en lo mínimo los daños de una familia que fue en busca de justicia y no la encontró. Félix Vázquez reconoció tales preceptos legales y llamó a los diputados a actuar con responsabilidad, si es que llegaran a presentarse peticiones de juicios o procedimientos contra la autoridad ante el órgano colegiado.