En las elecciones de 2006 no sólo perdió Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo Ernesto Zedillo, asegura en entrevista el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desde su perspectiva, hubo un proyecto político de Zedillo en favor del perredista y enumera “hechos peculiares y elementos de coincidencia” que refuerzan la idea de afinidad entre ambos. Salinas dejó hace 14 años la Presidencia, pero mantiene los reflejos, la articulación y la gesticulación. Se escabulle de las preguntas  comprometedoras y sonríe cuando se siente acorralado. Está en plena forma política.

La sola mención de López Obrador lo hace moverse en el sillón. “Actuó con un populismo autoritario”, expresa. El ex presidente afirma que durante la gestión del tabasqueño en el Distrito Federal fue “implacable” el atropello al estado de derecho. “Para qué hablamos de los amparos”. En una revisión a las gestiones que le sucedieron, concluye que no han solucionado nada. El neoliberalismo, de Zedillo y Vicente Fox, y el populismo, de AMLO, no han dado resultados, sostiene.

 

El ex presidente Salinas tiene muy fresco lo que sucedió en diciembre de 1994, que marcó la administración zedillista y, de muchas formas, el futuro político de la nación durante varios años. Las raíces de la confrontación con Ernesto Zedillo se implantaron en la biblioteca de Salinas, el 20 de noviembre de 1994, las semanas previas a la crisis económica de 1995. Va directo al arranque del entonces presidente Zedillo y recuerda:

“Si revisamos los discursos oficiales de los primeros 15 días de diciembre, todos eran vamos muy bien, nos proponemos consolidar 4% de crecimiento, 4% de inflación. Y luego, no sólo es el 19 de diciembre que fue terrible, cuando por haber dado  información privilegiada a unos cuantos, nos vaciaron las reservas internacionales. No, entre el 1 de diciembre y el 31 emitieron 15 mil millones de dólares de tesobonos; duplicaron en un mes la emisión histórica de tesobonos. Para el 1 de enero, el país estaba en quiebra financiera”. A ese episodio Salinas lo llamó “el error de diciembre”, un tema polémico, controvertido que tiene su origen en un episodio que sucedió 10 días antes de que dejara el poder. —20 de noviembre de 1994, ¿quién estaba? —se le reta. Salinas, como si hubiera esperado esa pregunta por años, brinca. “Aquí —señala donde se encuentra hoy sentado—, estaba Miguel Mancera; en aquella silla —apunta a un sillón individual a su izquierda—, el Presidente de la República, el presidente electo —indica enfrente—; en aquél, el secretario de Hacienda, Aspe —a su mano derecha—, el secretario Serra —a su izquierda—; Luis Téllez, Arsenio Farell”. Era el poder saliente y el entrante, con Mancera, gobernador del Banco de México, y Farell, secretario del Trabajo y responsable del instrumento llamado Pacto, como figuras centrales. Serra reemplazaría a Pedro Aspe, y Luis Téllez, quien había sido uno de los dos mejores alumnos del ex secretario de Hacienda en el ITAM, sería el coordinador de asesores de Zedillo.

 

 

Carlos Salinas de Gortari está en plena forma política. Mantiene los reflejos, la articulación, la gesticulación. Se escabulle de las preguntas comprometedoras y sonríe con cinismo cuando se siente acorralado. Utiliza esa vieja práctica: sonreír. No deja nada grabado, ninguna prueba de haber dicho nada o dejado de decir. Pero siempre es expresivo, mueve las manos y se coloca al filo del sillón cuando el tema le apasiona. Recién empezó a circular su nuevo libro, una voluminosa obra de 511 páginas que le tomó ocho años, en el que hace una revisión crítica de tres administraciones, dos federales y una local, en una decena de años, que llama, evocando un titular de EL UNIVERSAL y un amplio reportaje en el Financial Times, La Década Perdida. En su texto dispara contra los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox y el ex jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, “dos neoliberales y un populista”. —¿No son demasiados tres frentes abiertos? “Esto no es personal. Lo que está de por medio es el país”, ataja. En el recibidor de su casa de Tlalpan tiene una foto que atrapa, una imagen de la mocedad. Aparece sonriente, de traje y pajarita, junto a su madre Margarita. La maestra se muestra orgullosa con su muchacho. Salinas de Gortari está en la biblioteca, en la planta alta. Desciende poco a poco, lentamente, una metáfora de un retorno estelar en el terreno político, ahora sin persecuciones de por medio. Se acomoda en uno de los sillones, los mismos que ocuparon los integrantes del gabinete económico y el presidente electo Ernesto Zedillo el 20 de noviembre de 1994, el día que no pudieron tomar un acuerdo para manejar una devaluación del peso y que semanas más tarde provocó la crisis económica de 1995. Ese día comenzó el rompimiento con el grupo zedillista.

 

 

 

Diputados federales de oposición (PRD-PRI) criticaron el activismo político de Juan Hernández en la recaudación de fondos para el candidato del Partido Republicano de Estados Unidos, John McCain, e hicieron un exhorto a la cancillería a mandar una “atenta nota” al ex Amigo de Fox para impedir que lesione la imagen del país. Edmundo Ramírez (PRI), secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara Baja, afirmó que lejos de fortalecer a la comunidad hispana, estas acciones afectan la imagen de México. Aunque como ciudadano, dijo, tiene el derecho de participar y hablar como mejor le convenga, el PAN debe cuidar la forma en como participan quienes fueron cercanos colaboradores del ex presidente mexicano. EL UNIVERSAL dio a conocer que Juan Hernández, un antiguo colaborador Vicente Fox, ahora dedica parte de su tiempo a recaudar fondos para la campaña presidencial de John McCain. Al respecto, el legislador priísta Ramírez consideró que hay otras formas de impulsar la participación política de quienes allá tienen la posibilidad de votar. “¿Quién es Juan Hernández? Una persona que operó siempre con la derecha norteamericana y aquí en México, es uno de los representantes del ala más reaccionaria de la derecha”, añadió el diputado. “Exhorto a la cancillería para que pida a los funcionarios de primer nivel, del anterior sexenio que no perjudiquen la imagen del país. Por eso, nosotros como grupo parlamentario hemos estado en desacuerdo en que Fox siga presentándose como presidente para andar dando conferencias y hablando sin representar a nadie”. Alejandro Sánchez Camacho (PRD) lamentó la actitud del ex Amigo de Fox, y amplio que con esto se demuestra el nexo del PAN y la ultraderecha en Estados Unidos.

 

 

El ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, fue detenido, hace unos días en esta capital, por conducir en sentido contrario y bajo “notorio aliento alcohólico”. e acuerdo con el reporte del examen médico que le fue aplicado a Manuel Espino en la comandancia de policía, el alcoholímetro marcó 0.70%, cuando el límite es 0.80% para ser considerada la conducción punible. Un oficio dirigido al titular de Seguridad Pública en esta capital, Ramsés Arce Fierro, establece que Espino fue detenido por “conducir un vehículo con notorio aliento alcohólico e infringir el artículo 234-e de la Ley de Tránsito (relativa a manejar en sentido contrario)”. El documento, con fecha del 21 de abril de 2008, que hasta este martes fue dado a conocer a los medios de comunicación, establece que los agentes Francisco Javier Bello Cruz y Cruz Figueroa Aispuro detuvieron al ex dirigente panista cuando circulaba en sentido contrario por el par vial Heriberto Aja, en la colonia centro, a bordo de una camioneta blanca. Se hace mención que en la comandancia Zona Centro, el político con residencia oficial en esta capital fue puesto a disposición del juez calificador, César Gabriel Álvarez Doumerq, quien ordenó que no se le aplicara la multa correspondiente por conducir en sentido contrario.

 

 

El grupo parlamentario del PRD en el Senado ya definió a sus invitados para el debate de la reforma energética, que inicia el 13 de mayo. Para el primer foro contará con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas y el historiador Lorenzo Meyer. El PRI anunció que acudirá su presidenta, Beatriz Paredes. Para decidir si participa Andrés Manuel López Obrador en el debate, el PRD valorará la talla de los ponentes, dijo Carlos Navarrete, coordinador perredista. “Nosotros tenemos una estrategia propia y vamos a ir midiendo cómo se presenta, queremos ver a quién presenta el PAN y el PRI, quién va del gobierno, qué nivel tienen los debates, vamos a ir midiendo las cosas; una carta muy fuerte, que es la de López Obrador, la vamos a utilizar de la mejor manera y en el momento más preciso”, comentó. También tiene en su lista a la ex funcionaria del gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, así como a los juristas Javier Jiménez Espriú, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova y el doctor Jorge Carpizo, ex secretario de Gobernación. El PRI empezaría con Beatriz Paredes y el jurista Arturo Saldivar. Los panistas tienen previsto para el primer foro a su dirigente nacional Germán Martínez. La propuesta que presentará el PRI plantea eliminar el fantasma de la privatización y hacer que las refinerías y los ductos que llegaran a construir particulares, sean comprados y operados por empresas de Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, representantes de Izquierda Unida encabezados por Alejandra Barrales, presentaron una solicitud para destituir de ese partido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, al senador René Arce y a los diputados Moisés Félix Dagdug y Víctor Montalvo, por haber acordado el ¡albazo de albazos! con el PAN y PRI. Al respecto, Barrales aseguró que a estos legisladores se les detectó contubernio con otras fuerzas políticas en acciones que van en contra del partido del sol azteca, lo cual procede a la desafiliación" y eso se llama traición".  En conferencia de prensa, la ex secretaria de Turismo capitalino, dijo que con apego al artículo 104, inciso D del reglamento interno, se pide la intervención de dicha comisión. De acuerdo con la perredista, ese artículo e inciso señala: se considerará la cancelación de la militancia cuando a alguno de los afiliados se le confirme participación con agrupaciones políticas adversas al partido.

 

 

 “Yo no vengo a rendir pleitesía a nadie, vengo a reconocer lo que se esta haciendo bien”, dijo en voz elevada el diputado perredista Francisco Santos Arreola, ayer, en la residencia oficial de Los Pinos durante la Firma del Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional en Materia de Gasto Público y Fiscalización.  Ante el presidente Felipe Calderón, a quien reconoció como “el Presidente de todos los mexicanos”, el legislador indicó que con esta reforma México está cambiando y “hoy le dice al mundo que no puede seguir habiendo líderes o caudillos que se sientan dueños de la verdad”.  A mitad de su discurso, el legislador perredista transmitió al Jefe del Ejecutivo y a los presentes, un saludo de su compañero Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y hermano de Jesús Ortega quien ahora disputa la dirigencia nacional del PRD. Posteriormente, en entrevista, el diputado dijo no temer llamados de atención por parte de miembros del PRD por haber reconocido a Calderón como el titular del Ejecutivo federal cuando su partido no lo ha hecho.

 

Según el senador Graco Ramírez, será Cuauhtémoc Cárdenas, y no Andrés Manuel López Obrador, quien representará al PRD en el arranque de foros sobre la reforma energética. En tanto el coordinador de la bancada del PRD, Carlos Navarrete, aseguró que López Obrador es una "carta fuerte" que se mantendrá guardada para sacarla cuando sea necesario, a medida que avance el debate. Navarrete indicó que el resto de invitados por el PRD al debate son: Lorenzo Meyer, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú, Juventino Castro, Arnaldo Córdova, Jorge Carpizo y Álvaro Arceo Corcuera.

En la primera jornada de los foros, que tendrá lugar el 13 de este mes, se darán a conocer las posturas partidistas en torno a la propuesta de reforma petrolera enviada al Senado por el presidente Felipe Calderón. Por el PRI acudirá la presidenta del CEN, Beatriz Paredes, y por el PAN hará lo propio el dirigente nacional, Germán Martínez Cázares; mientras por el PRD, en virtud de los problemas internos por los que atraviesa para definir su dirigencia, los senadores optaron por invitar como representante a Cuauhtémoc Cárdenas.

 

El PRD notificó ayer al IFE los nombramientos de Guadalupe Acosta Naranjo y Martha Dalia Gastélum Valenzuela como presidente nacional y secretaria general sustitutos, respectivamente, designados por acuerdo del Consejo Nacional de ese partido y de inmediato el órgano electoral entró al análisis de esos resolutivos para determinar si son legales, de lo contrario ordenará al sol azteca reponer el procedimiento. Según el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto, Marco Antonio Gómez Alcántara, el IFE cuenta con cinco días a partir de la notificación para requerir al PRD toda la información necesaria y hasta con 10 días para resolver al respecto.  Gómez Alcántara advirtió que si el IFE determina que fue el Consejo Nacional donde se realizaron esos nombramientos no es válido, se podrá ordenar la reposición del procedimiento y que se cumpla con los Estatutos del partido. “Para tales efectos deberá verificar tanto la existencia de convocatorias, de quórum, y del órgano que sesionó para hacer la designación del dirigente; y en función de ese análisis que se realice se va acordar el registro o no en un término de 10 días”, detalló.

 

 

Para frenar el futurismo en torno a la sucesión presidencial, el PRI en el Congreso de la Unión se propone impulsar una contrarreforma constitucional para evitar que cualquier extranjero pueda llegar a la Presidencia de la República. En términos llanos, el tricolor pretende retomar el espíritu original del artículo 82 constitucional —reformado en 1993— respecto de los estrictos requisitos previstos para quienes aspiren a la Presidencia en los comicios federales de 2012. Mediante la diputada federal sinaloense Mayra Gisela Peñuelas Acuña, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja propuso una iniciativa de reforma al artículo 82, fracción primera, de la Constitución Política, con un fundamento que remite a "la mala experiencia del pasado gobierno (de Vicente Fox)".

 

El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, rechazó anoche que su administración tenga algo que ver con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reclamados en forma violenta por el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), aunque manifestó su disposición a colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la PGR. Tras reunirse anoche con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el mandatario oaxaqueño responsabilizó a "dimes y diretes" de los medios de comunicación y a filtraciones "no se de quién", las versiones que involucran a funcionarios de su gobierno en dichas desapariciones.  Ulises Ruiz fue visto saliendo de manera intempestiva de la reunión a la que asistía con la dirigente nacional de su partido, los líderes parlamentarios y otros gobernadores del tricolor en la zona de Santa Fe, para analizar la estrategia rumbo al inicio inminente del dialogo nacional para la reforma petrolera. Y es que Ulises Ruíz -se supo después de manera extraoficial- fue notificado ahí, desde su estado natal, que "hay indicios" que pretenden responsabilizar de aquellas desapariciones a dos de sus antiguos colaboradores.

 

 

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados se pronunció por fortalecer, incluso presupuestalmente, la presencia del Ejército Mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Pero en esta importante tarea, dijo el diputado veracruzano Adolfo Mota Hernández, a nombre de la bancada tricolor, también debe fortalecerse al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y al programa México Seguro. En entrevista, ayer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a Mota Hernández se le requirió la postura del grupo parlamentario del PRI frente a la violencia que el pasado fin de semana se recrudeció en por lo menos tres entidades del país. El legislador ponderó a la tarea desplegada por las Fuerzas Armadas para atender esa situación, especialmente a los operativos emprendidos por el Ejército Mexicano. “El Programa México Seguro debe seguirse fortaleciendo; la figura del Ejército debe seguirse registrando como una figura muy importante en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. No debemos dar tregua”, expuso.

 

 El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, expresó que el petróleo y el gas son recursos que pertenecen a la nación y señaló que su postura sobre el tema energético no es la polarización, sino “no a la venta de Pemex, sí a la inversión y sí al desarrollo cuidadoso”, pues se busca al mismo tiempo “la visualización del futuro”. En una entrevista radiofónica añadió que los estados productores de petróleo deberían hacer una propuesta que pueda resolver la polarización entre la iniciativa del Presidente Felipe Calderón y la del PRD y así acabar con las disputas que se han generado desde que fue anunciada la propuesta presidencial. Precisó que los estados productores de petróleo, como Veracruz, Campeche, San Luis Potosí, Chiapas y Tabasco, podrían asociarse con la paraestatal y encontrar por esa vía la forma de trabajar con empresas mexicanas para desarrollar la petroquímica. Herrera Beltrán manifestó que no se puede negar que si a esa riqueza no se le agrega la tecnología el recurso energético no se puede usar.

 

 

 El alcalde de San Diego, Jerry Sanders, denunció hoy que la empresa de seguridad Blackwater registró bajo denominación de “policía fronteriza” un proyecto de campo de entrenamiento a unos 500 metros de la frontera con México.  Según el alcalde, Blackwater empleó a dos empresas distintas de San Diego para conseguir el permiso para un campo de entrenamiento paramilitar en la zona limítrofe de Otay, con registro de “escuela vocacional” y la denominación de agencia policíaca fronteriza.  El nombre para esas instalaciones, agencia policíaca o agencia del orden del suroeste, se traduce en términos geopolíticos estadunidenses en corporación policíaca de la frontera, pues los límites con México se definen como el suroeste del país.  Al mismo tiempo, diversas organizaciones divulgaron transcripciones de recientes programas de radio en los que un ejecutivo de Blackwater reconoce que aceptaría “cualquier contrato que le ofreciera el gobierno estadunidense para controlar la frontera”.

 

 

 

 

 

 La Procuraduría General de la República (PGR) negó que el Ejército se encuentre implicado en las desapariciones de los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, durante los sucesos ocurridos hace casi un año en el hotel Del Árbol, en la ciudad de Oaxaca. En una misiva enviada a MILENIO, el firmante de la misma, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, señala que el 24 de mayo de 2007 hubo un operativo del personal de seguridad pública de Oaxaca, “con el apoyo del Ejército mexicano”, después de una llamada de emergencia que se registró en el sistema 066, como quedó consignado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. “Se había recibido una denuncia telefónica que mencionaba la presencia de cinco personas introduciendo armas de fuego al hotel Del Árbol; sin embargo, la investigación arrojó que las personas que se encontraban en el citado hotel, era personal de la Policía Ministerial de Chiapas.”

 

 

 El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, respaldó en el cargo a su secretario de Gobierno, Manuel García, y dijo que no hará caso a “chismorreos y señalamientos infundados” que señalan a éste como informante del Ejército en las investigaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra el líder estatal del PRI, Jorge Franco. Poco después del mediodía, el mandatario estatal priista fue interrogado sobre si la información publicada por MILENIO implicaba la salida de García del cargo, pero Ruiz negó esa posibilidad.

“Hablo permanentemente con mis funcionarios, estamos atendiendo una serie de asuntos; repito: no me voy a basar más que en la actuación jurídica y en el seguimiento que haya a esto.” —¿Podría haber mano negra en las filtraciones, gobernador? —preguntó un reportero local. —No voy a especular. Se ha dado una campaña más para tratar de golpear al estado; no me voy a prestar a eso. —¿En su gobierno hay filtración de sus funcionarios?

 

 

 Un hombre sentado en el piso, semidesnudo, con los ojos cubiertos por una venda blanca, hablando con voz débil, casi susurrando, aparece en la grabación difundida el año pasado por internet. Se trata de Jesús, hermano de Pedro Díaz Parada, el antiguo capo de la droga en esta entidad que hoy está preso en el penal del Altiplano. Corre el primer video: “Luis, Mario, Toño, Carmela, por favor, consigan con mis amigos y entreguen el dinero ya… Ya cumplí tres meses de estar aquí hoy, día primero, y ya quiero salir… Me van a matar si meten a la policía; la policía retírenla totalmente, de caridad, háganlo…” El 5 de abril de 2007, a 100 kilómetros de Oaxaca, en el poblado de Totolapa, Jesús Díaz fue secuestrado por un grupo armado. Cinco meses permaneció en cautiverio, siendo grabado en tres ocasiones por sus captores en videos que enviaban luego a su familia.

 

 

 

 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, opinó que ante la creciente ola de violencia sería “suicida” sacar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entrevistado en la Cámara de Diputados, Soberanes consideró preocupante la ola de violencia que se ha generado y los crímenes de las bandas del narcotráfico, por lo que se tienen que tomar estrategias más contundentes. Añadió que una opción para enfrentar el desafío que representa la delincuencia organizada es capacitar y dar mejores salarios y armamento a los aproximadamente 400 mil policías que hay en el país. El ombudsman nacional se manifestó en favor del diálogo y la negociación con el EPR para distender el clima de confrontación con el grupo armado y tratar de dar cauce a sus demandas. Soberanes no descartó que el Ejército pudiera estar involucrado en la desaparición de los eperristas Andrés o Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo.

 

 

 Con base en el artículo 129 de la Constitución y una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, lo que implica su participación para efectos de la restauración del orden público. El Presidente de la República tiene la obligación constitucional de preservar la seguridad nacional y la facultad de disponer de las fuerzas armadas permanentes para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Entre las misiones generales que tienen encomendadas las instituciones armadas se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación, la cual podrán realizarla el Ejército y la Fuerza Aérea, por sí o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales.

 

 Priistas exigieron al gobierno federal respetar el estado de derecho y utilizar la información de las pesquisas en encontrar a los dos integrantes del EPR. Subrayaron que es necesario poner un alto a la “política de lavadero” y llevar a cabo una investigación seria, porque hasta la fecha el único que se ha comunicado sin confusiones es el EPR. Consideraron inadmisible que el gobierno federal investigue los hechos jurídicos por medio de filtraciones interesadas y que involucren, mediáticamente, a funcionarios de gobiernos estatales. La respuesta a la demanda de diálogo del EPR no puede ser “con intrigas palaciegas, rumores de pasillo y guerras sucias”.   Marco Bernal, diputado y líder de la CNOP, llamó al gobierno federal para que investigue la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, con el estado de derecho y no con documentos que se encuentran en distintas dependencias, pero no en la PGR.

 

 

 Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Santiago Creel, respectivamente, demandaron a los gobiernos federal y de Oaxaca que aclaren qué sucedió con los dos eperristas desaparecidos, ante las versiones encontradas que ahora vinculan al Ejército Mexicano. Beltrones confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se esmere para resolver “en tiempo” sus asuntos, toda vez que esa instancia tiene abierta en este momento una investigación del caso Oaxaca.

Por separado, el senador por Convergencia Gabino Cué exigió que la investigación periodística de MILENIO se tome en cuenta a la hora en que los ministros emitan una resolución del caso. Consideró que ese fallo debe incorporar la desaparición de poderes en la entidad, una petición que sigue atorada en el Senado. Por separado, Creel dijo desconocer si efectivamente en Los Pinos existe un expediente que involucra a soldados de la octava Región Militar, con sede en Oaxaca, en la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

 

 

 Carlos Salinas de Gortari está de vuelta en México y con una sonrisa que revela algo más que satisfacción, exhibe la portada tricolor de su nuevo libro, el segundo en su fase de escritor, La “década perdida”. Cómodamente instalado en la gran biblioteca de 16 mil volúmenes que tiene en su casa de Tlalpan, se siente listo para hablar del país y sus protagonistas. Toca temas que van desde Felipe Calderón —con quien, mediante un ademán que no registra la grabadora, niega haber hablado y mucho menos haberlo visto—, hasta Marcelo Ebrard, para quien no escatimó elogios, sin olvidar las críticas a Andrés Manuel López Obrador y al populismo, además de su diagnóstico del PRD, el PRI, la reforma energética, el narcotráfico, la guerrilla, Marcos y el TLC. Su nueva obra tiene 557 páginas y en ella habla de esa “década perdida”, de 1995 a 2006, que le costó al país, dice, el no poder erradicar la pobreza en el año 2015, tal como se encontraban las previsiones del Banco Mundial antes de que se frenara el crecimiento de la economía. El ex presidente, que niega ser neoliberal —pues asegura que en su sexenio promovió el liberalismo social—, revela que ha encontrado expresiones de cordialidad entre los mexicanos, lo cual ha contribuido, poco a poco, a sepultar el estigma de su presencia en México, asociada, antaño con movimientos telúricos que, según la leyenda urbana, presagiaban su llegada.

 

 En defensa de la vida, obispos prevén salir a las calles en la magna manifestación que organiza la Iglesia católica para el próximo 25 de mayo en todo el país. La estrategia católica contra la legalización del aborto se definió a principios de mes pasado, en Cuernavaca, Morelos, donde se reunieron los integrantes de los movimientos laicos del país para analizar temas de interés nacional. Ahí se acordó realizar diversas manifestaciones públicas en pro de la vida. Mientras la Iglesia católica decidió abiertamente defender la vida a escala nacional para evitar que se legalice el aborto en el país, en la Corte continúan las audiencias públicas sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en el DF, la próxima será el 23 de mayo. “El objetivo de esta fecha es que desde todos los rincones del país los laicos organizados podamos manifestarnos pública y abiertamente a través de marchas, desplegados en prensa escrita, en los editoriales de los periódicos diocesanos, carteles, lonas, mantas, espectaculares, medios de comunicación electrónica como internet, televisión y radio, revistas, boletines, tarjetas, banderas y en todos los medios posibles, en favor de la vida desde la concepción y todas sus etapas, como un compromiso vivo y coherencia de vida entre lo que creemos y vivimos a diario el maravilloso don de la vida desde la concepción y en todas sus etapas”, señala una circular enviada a todas las diócesis por la Comisión de Laicos del Episcopado Mexicano.