Zacatecas, El presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezará este martes actos relacionados con temas de salud y educación en esta entidad, donde será acompañado por la gobernadora Amalia García, como parte de su gira de trabajo por cuatro estados de la República.  En su segundo punto de esta gira, el titular del Ejecutivo federal inaugurará a las 8:45 horas la Unidad de Especialidades Médicas en el municipio de Zacatecas. De acuerdo con la agenda presidencial, a las 10:00 horas el mandatario presentará el programa Escuela Digna: Mejoramiento de Infraestructura en la telesecundaria "Ignacio Manuel Altamirano", en el municipio de Pánfilo Natera. A las 11:40 horas, en el municipio de Pánuco, inaugurará un Centro de Salud y de manera simultánea otras unidades médicas; más tarde entregará apoyos a beneficiarios del programa 70 y Más, en el municipio de San Francisco de la Sierra. Posteriormente, en el municipio de Sombrerete presentará la Estrategia de Conservación para el Desarrollo, además de entregar apoyos del programa de Proyectos Alternativos de la Secretaría de Medio Ambiente. En este estado Calderón Hinojosa continúa acompañado por su esposa Margarita Zavala y los secretarios de Salud, Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Social. Al término de su agenda de trabajo en esta entidad, la esposa del presidente regresará a la ciudad de México, mientras que Calderón Hinojosa viajará a Nayarit. En esa entidad, el mandatario se trasladará al municipio de El Nayar, donde presentará el programa Electricidad para Vivir Mejor, y posteriormente inaugurará el Centro de Salud de Santa Teresa. A las 18:40 horas presentará la estrategia Escuela Digna: Fortalecimiento a Telesecundarias y hará entrega de 10 paquetes de útiles escolares para estudiantes, además de otorgar cinco cartas compromiso de apoyo en gestión escolar.

 

 

El gobierno ofreció al Ejército Popular Revolucionario (EPR) un “diálogo directo” con sus integrantes, en el cual el grupo de intelectuales propuesto por los rebeldes como mediadores participe sólo como facilitadores del diálogo en calidad de “testigos sociales”. Por instrucción presidencial, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dio a conocer que acepta dialogar con el grupo insurgente siempre y cuando suspenda definitivamente acciones de sabotaje, entre otras condiciones. El lunes el EPR anunció la suspensión de sus ataques. El funcionario aclaró que el diálogo no significa que se dejará de investigar los atentados perpetrados en contra de instalaciones de Pemex. El EPR realizó los ataques luego de la desaparición de sus integrantes Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ayer, Margarita Cruz y Nadín Reyes —hermana e hija de los citados— dieron a conocer que fueron convocadas por la PGR para presentarse en la capital del país.

 

 

MONTERREY, NL.— La confesión de Rosalío Reta, de 18 años de edad, es contundente: “Fui preparado sólo para matar”. Y en tal aprendizaje tuvo como maestro a Miguel Treviño Morales, El 40, señalado por la PGR, el Ejército y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) como uno de los más violentos jefes del cártel del Golfo. De origen estadounidense, Rosalío comenzó su carrera criminal a los 11 años. Las autoridades del país vecino lo buscaban por varios homicidios. Por esa razón, a los 13, decidió trasladarse a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y luego fue comisionado al grupo de Los Zetas en Monterrey, donde formó parte de un grupo de jóvenes sicarios. Durante años operó de manera sigilosa hasta la noche en que lo detuvo la policía de Santiago, Nuevo León, en 2006. Desde su confinamiento en el Consejo Estatal para Menores pactó con la DEA para proteger su vida a cambio de entregar información.

 

 

El asalto del lunes en la torre de Pemex fue el tercero a instalaciones de la petrolera desde 2005, y por extraña coincidencia el objetivo en todos los atracos ha sido siempre el dinero de cajeros automáticos. La madrugada del 7 de noviembre de 2005, un comando abrió con sopletes al menos cuatro cajeros de la torre. El monto del botín no se conoció debido a que personal de seguridad no permitió el acceso a elementos de la Policía ni de la Procuraduría capitalinas. Otro robo a cajeros automáticos ocurrió el 17 de mayo de 2006, cuando seis sujetos con armas largas y cortas ingresaron violentamente al piso principal del Hospital de Petróleos Mexicanos ubicado en la colonia Fuentes del Pedregal. Esa ocasión cuatro custodios fueron amordazados y encerrados en la caseta de vigilancia. “Después saquearon tres cajeros, los cuales abrieron con un soplete. Se desconoce el monto del efectivo robado”, señalan reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría locales. Ante los casos mencionados, el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, afirmó que “algo está sucediendo al interior de Pemex con la seguridad”, por lo que debe ser revisada.

 

 

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la despenalización del adulterio en el país, por considerar que es una norma que no aplica desde 2004. El dictamen, que hoy será sometido a votación en el pleno, generó divergencias. El PAN consideró que la penalización del adulterio es parte de la lucha de las mujeres por salvaguardar sus derechos, y garantizar una vida digna sin violencia. Sin embargo, el PRI avala la iniciativa con el argumento de que no se ha dado ningún caso de condena por adulterio, pues los mismos requisitos para demostrar ese delito, lo hace casi imposible. “En algunas legislaciones de estados el adulterio es considerado delito; en otras, se le incluye entre las causales de divorcio”. “Todavía se discute entre los autores y expertos si el que comete homicidio o lesiona a su cónyuge sorprendido en adulterio flagrante debe quedar excluido de responsabilidad penal, aunque prima el criterio negativo”, señala el dictamen. La discusión se centra en que las leyes mexicanas requieren la comprobación del adulterio in fraganti y con escándalo, o en la casa conyugal, lo que es difícil de comprobar. “Difícilmente podríamos considerar algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esa norma”, explica.

 

 

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (PRD), informó que a pesar de las amenazas en su contra, que iniciaron entre agosto y septiembre pasado, y se recrudecieron el fin de semana con una amenaza verbal de muerte, no ha aceptado seguridad adicional porque dice no necesitarla. “Yo tengo aquí seguridad también a disposición —dijo sobre la seguridad de la Cámara de Diputados— no tengo ningún problema de tener seguridad, no la he aceptado, porque no me siento en riesgo de tener que aceptar una seguridad personal”, dijo. Hasta ayer la diputada no había presentado una denuncia por las amenazas de muerte. En entrevista, explicó que será su coordinadora de asesores quien presente dicho recurso, debido a que ella recibió algunas de las llamadas amenazantes. “Yo espero que el día de hoy (martes) o mañana (este miércoles)”, se presente la denuncia, dijo.

 

HERMOSILLO, Son.— La organización antiinmigrante asentada en varias localidades fronterizas de Estados Unidos denominada Proyecto Minuteman lleva a cabo una campaña de reclutamiento de voluntarios y recaudación de dinero —a quien desee formar parte del grupo le piden una “cooperación” de 100 dólares— para realizar sus actividades en los límites con México y en general en todo ese país. El cruce y permanencia en esa nación del norte se tornan cada vez más complicados para los indocumentados en entidades como Arizona, ya que en ésta, por otra parte, representantes estatales aprobaron una iniciativa que permitirá a los agentes del departamento del sheriff de los 15 condados, realizar labores que son propias de la Patrulla Fronteriza para la detección y arresto de migrantes, siempre y cuando la gobernadora Janeth Napolitano no la vete. “Juntos podemos cambiar el curso de esta nación poderosa y dirigirlo en una dirección de la estabilidad y la tranquilidad doméstica”, dice el exhorto del fundador de esta organización considerada xenofóbica, Jim Gilchrist. A través de un mensaje en la página web de Minuteman Project, Gilchrist, un veterano de la guerra de Vietnam, condecorado con la presea “Corazón Púrpura”, de 59 años, invita a los estadounidenses a sumarse a la causa de Minuteman para poder enfrentar lo que él considera una alianza entre políticos y empresarios de ese país a favor de la inmigración.

 

 

Al margen de la resolución que está por emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión Nacional de Garantías del PRD dio por válida el acta del pasado 21 de abril con la que se da por concluido el cómputo de las elecciones en ese partido y da por ganador a Alejandro Encinas Rodríguez con el 83.95% de actas.

Sin embargo, esta resolución podría ser revocada en los próximos días, si el Tribunal Electoral resuelve a favor de la queja presentada por el equipo jurídico de Jesús Ortega —aspirante de Nueva Izquierda a la presidencia del PRD—, en virtud de que la Comisión Técnica Electoral eliminó de dicho cómputo, cerca de 400 casillas con las actas y boletas de estados en conflicto como Chiapas, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para este año se prevé que 80 zonas del Distrito Federal presenten encharcamientos frecuentes durante la temporada de lluvia, por lo que el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha por segundo año consecutivo la “Unidad Tormenta” que atenderá de manera inmediata afectaciones y aumentará su capacidad de respuesta.  Por lo anterior, las autoridades locales realizarán un monitoreo permanente en 54 puntos en los que se tiene registró de las precipitaciones más severas.  “Son 54 puntos en donde se mide el nivel del agua que hay en las tuberías, el nivel de agua que hay en las lumbreras, y con base en eso se van tomando las decisiones de por dónde se manda el agua, qué compuertas se abren, qué compuertas se cierran, cuándo puedo abrir la descarga de una presa, cuándo puedo bombear más o suspender el bombeo”, explicó el director del Sistema de Aguas de la ciudad, Ramón Aguirre.

 

 La Procuraduría General de Justicia capitalina estableció que en el robo cometido a la Torre de Pemex participaron más de 12 sujetos y se establecieron como principales líneas de investigación la colusión de los delincuentes con los empleados de la paraestatal o de la empresa de traslado de valores. Al mismo tiempo, el jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas, adelantó que realizarán un revisión exhaustiva al personal de seguridad de Pemex, mientras que en la empresa Lock efectuará una verificación administrativa, “porque los elementos encargados de realizar el traslado del efectivo, saben hasta el último minuto cuál será su ruta”. La Procuraduría capitalina ya tiene en su poder las imágenes que se grabaron en las cámaras de seguridad de la paraestatal, mismas que sirvieron para identificar a los delincuentes y cómo se apoderaron de los cinco millones de pesos.

 

 

 El mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, rechazó que sean un “caos” las obras del Circuito Interior que en los dos primeros días han provocado molestias a usuarios quienes se quejaron de la falta de señalización y operativos viales por parte de las autoridades locales. No obstante aceptó que los trabajos de reencarpetamiento han generado molestias para quienes diariamente se ven obligados a circular por dicha arteria.  “Es diferente el caos a las molestias, es imposible reencarpetar y luego cimentar una avenida de este tamaño sin generar algunas molestias. Estamos procurando que sea lo más rápido posible y desde luego que haya opciones viales”, comentó. Ante los problemas que se generaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, la administración capitalina determinó abrir los carriles centrales de ambos sentidos en Circuito Interior en el tramo que comprende de boulevard Puerto Aéreo y la calzada Ignacio Zaragoza.

 

 

El gobierno federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), a condición de que éste se comprometa definitivamente a suspender "acciones radicales de sabotaje y violencia", y a que el diálogo incluya el interés del Estado para la solución de conflictos por la vía pacífica e institucional, y no se sujete sólo a la supuesta desaparición de dos de sus militantes. Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, propuso "un diálogo directo, amplio, pacífico y civilizado" con el EPR, pero dejó en claro que la aceptación de éste no significa que el Estado abandone su responsabilidad con la Ley, por lo que advirtió que no cesarán las investigaciones en contra de los responsables de los atentados a instalaciones estratégicas de Pemex.

 

Parecía el debate de la conciliación, pero todo terminó en una nueva trifulca verbal.

La última sesión fue un reflejo de la rispidez y la tensión que caracterizaron a todo el periodo ordinario de sesiones. Desde el inicio, el panista Rubén Camarillo llegó con la espada desenvainada. Entregó una carta al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, en la que le pedía que exigiera al convergente Dante Delgado una rectificación pública. Los cabildeos funcionaron y Dante aceptó subir a la tribuna para ofrecer a las senadoras del PAN la disculpa solicitada. Camarillo dio acuse y fue él quien respondió, satisfecho, también desde la tribuna. Pero su compañera de bancada, Adriana González Carrillo, no quedó conforme y exigió a Dante que retirara sus dichos del día anterior del diario de los debates. Y el salón de sesiones, apenas recuperado cuatro días antes, de nuevo se convulsionó.  Rosalinda López, una de las coordinadoras de la toma de la tribuna en días pasados, le exigió a la panista María Teresa Ortuño que retirara sus señalamientos en el sentido de que los legisladores del FAP tienen nexos con el EPR y las FARC. La aludida no sólo no se retractó, sino que reiteró sus señalamientos y dijo que durante los bloqueos de las “adelitas” se repartía propaganda de los grupos armados. Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada perredista, entró al quite y acusó a Ortuño de tomar puentes e incendiar alcaldías “en acciones de resistencia civil”.

 

La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD dio por buena ayer el acta de cómputo del Comité Técnico Electoral de cierre del conteo de casillas con el 83.95 por ciento –sin incluir Chiapas– y tendencia a favor de Alejandro Encinas en la elección para presidente Nacional del PRD. Ello, luego de que declaró improcedente la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD del 23 de abril en la que esa instancia revocó esa misma acta, al considerar que ese acto, que se realizó en segunda convocatoria y solo con 9 miembros del CEN, "trasgredió" la normatividad interna del sol azteca.

La resolución que prácticamente da como ganador a Encinas de la elección para presidente nacional del PRD, se emite a unas horas de que el Tribunal Electoral resuelva una impugnación de Jesús Ortega sobre esa misma acta de cómputo. Por la noche, Jesús Ortega calificó esta acción de la CNG como "un atraco" y anunció que este mismo miércoles interpondrá un recurso ante el TEPJF para evitar que se consume esta intentona de imponer a toda costa a Encinas.

 

 

 Secuestradas o clausuradas durante 16 días, la tribuna y la sala de plenos de la Cámara de Diputados volvieron a ser ocupadas ayer, pero paulatinamente el quórum desapareció. Y cuando se pretendía abrir espacio a dictámenes que no agradaban a la bancada del PRD, la legisladora Valentina Batres dio pauta y reventó la sesión por ahí de las cuatro de la tarde. Un punto fundamental se quedó pendiente para la sesión de este miércoles: la elección del Contralor General del Instituto Federal Electoral (IFE), a propuesta de la Junta de Coordinación Política que ayer pretendió pasar de primera lectura el dictamen elaborado por la Comisión de la Función Pública. De acuerdo con Benjamín González Roaro, diputado del PAN y presidente de dicha comisión legislativa, hay trece aspirantes "perfectamente elegibles". Sin embargo, la misma comisión determinó tres variantes de los candidatos (altamente recomendables, recomendables y aceptables). Anoche se barajaban tres nombres: Gregorio Guerrero Pozas, último contado Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que demandó al órgano legislativo cuando no se le designó auditor Superior de la Federación, aunque perdió el amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

 El PRI, a través de su secretario de Asuntos de Personas con Discapacidad, Jesús Toledano, afirmó ayer que el programa “Vivir Mejor” que anunció el presidente Felipe Calderón, el lunes, “es populista y electorero; no una auténtica política de Estado”.

Sostuvo que el Ejecutivo prefiere que su programa no es populista, pero evidentemente tiene ese tinte: “Ellos, en el gobierno, hablan de llegar a ciertas áreas del país, a municipios de alta marginación, pero ese trabajo, al final de cuentas sabemos que tiene un propósito electoral, con miras a los comicios del próximo año”, subrayó.

Aseguró que “en este programa hay involucradas al menos 5 secretarías que implican trabajo con 8 millones de indígenas; 6 millones de personas de la tercera edad, y 10 millones de personas con discapacidad, más la franja de pobres que existe, es decir, no es un tema menor. El Ejecutivo podrá decir que es toda una política de Estado, pero no lo es, es absolutamente electorera”, insistió.

 

 

 En 2004 más de mil 200 niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país, es decir, cuatro por día, y la tendencia va en aumento año con año, reveló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.

Al participar en la primera sesión del VII Diplomado sobre Violencia Familiar y derechos humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Álvarez Icaza dijo que es lamentable que el asesinato de mujeres se observe como un hecho cotidiano.  “El problema es que la comunidad considera natural que aparezcan mujeres muertas, incluso en muchas ocasiones de forma violenta”, señaló el funcionario.  El también profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que uno de los grandes retos de la sociedad mexicana es lograr la existencia de una igualdad sustantiva, no sólo jurídica, en el ejercicio de los derechos.

 

 

 

 Con los recursos decomisados al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, el presidente Felipe Calderón inauguró en la entidad gobernada por el PRD una unidad de especialidades médicas contra las adicciones, al afirmar que se construyen “ya ni si quiera con dinero del presupuesto” del gobierno. En el segundo de tres días de actividades para promover su estrategia social Vivir Mejor por comunidades marginadas de Durango, Zacatecas y Nayarit, que concluye hoy en Jalisco, el mandatario recorrió las nuevas instalaciones de la unidad de especialidades médicas, que atenderá también casos de depresión, obesidad e hipertensión. El jefe del Ejecutivo federal esperó hasta el segundo punto de su gira, una telesecundaria ubicada en el municipio Pánfilo Natera, para referir: “Las unidades médicas que inauguramos hoy en la mañana, sobre todo la de adicciones, las pudimos abrir gracias al dinero que le decomisamos en la ciudad de México a un chino que traficaba droga”. Acompañado por su esposa, Margarita Zavala, Calderón aprovechó el tercer punto de su recorrido por Zacatecas, que se concentró en la inauguración de centros de salud, para prometer que su gobierno construirá 310 unidades médicas. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, explicó que de los 205 millones de dólares decomisados a la dependencia a su cargo le correspondieron, por ley y para la prevención de adicciones, 746 millones de pesos. Adelantó que el gobierno federal concretará la construcción de 310 centros de atención con una inversión de 475 millones de pesos, mientras que otros 40 millones de pesos se destinarán para la aplicación de la Encuesta Nacional sobre Adicciones. El funcionario comentó que se construirán las unidades en todo el país y que al menos en Zacatecas se edificarán seis centros. Calderón ordenó a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, que antes de que concluya el ciclo escolar presente una evaluación para mejorar la infraestructura de todas las escuelas de educación básica que, reconoció el mandatario, se encuentran en malas condiciones. “Esa es la verdad”. Destacó que desde hace 30 años, el gobierno federal carecía de una estrategia para abatir el rezago y mejorar la calidad de las telesecundarias, por lo que se invertirán en ese propósito 3 mil 600 millones de pesos.

 

 Con el objetivo de evitar acciones de sabotaje y violencia, el gobierno federal aceptó la propuesta de diálogo del Ejército Popular Revolucionario (EPR); sin embargo, lo condicionó a que éste se realice de manera directa, así como al cese definitivo de ese tipo actos “que afectan a los mexicanos”.  Al dar lectura a un comunicado, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, rechazó que el gobierno federal haya participado en la supuesta retención o desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez —militantes de esa organización, presuntamente desaparecidos desde mayo de 2007— e indicó que la Procuraduría General de la República realiza la averiguación correspondiente sobre el caso.  Luego de la oferta de cesar sus ataques a cambio de que el gobierno federal termine con la búsqueda y captura de integrantes de su organización, Mouriño dijo que se acepta el diálogo, siempre y cuando el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia.

 

 

 El comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de Oaxaca, Pedro Hernández Hernández, y el policía de esa corporación Ángel Cruz Reyes, El Chicharrón, sí detuvieron a los presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, pero nunca los presentaron ante el agente del Ministerio Público, según se desprende de las declaraciones de un funcionario de la procuraduría de justicia de esa entidad. Autoridades del Poder Judicial de la Federación informaron que lo anterior consta en la orden de arraigo 12/2008 que solicitó el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), como parte de la indagatoria que se sigue por la desaparición de las mencionadas personas.

 

 

 El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, pidió al gobierno federal prudencia en el diálogo con el EPR, pues consideró a ese grupo “un peligro para el país”.  “Hay que tener mucho cuidado con esta nueva aparición del EPR. Es un grupo que llamaría violento”, indicó en una primera entrevista el priista, quien más tarde dijo que es un avance el diálogo en la consecución de la paz en el país. Gamboa calificó de meritorio que el grupo subversivo pida diálogo y el gobierno conteste afirmativamente, porque se abre la posibilidad de llegar a un proceso de paz y tranquilidad en el país, para que no haya más violencia por parte del EPR. “Lo que queremos los mexicanos es paz y tranquilidad en el país. Nadie quiere violencia ni actos subversivos”, aseveró el diputado del PRI. En tanto, Javier González Garza, coordinador del PRD en San Lázaro, festejó la posibilidad de abrir un espacio de negociación con el EPR. Destacó el esfuerzo del grupo que se conformará para mediar entre el EPR y el gobierno.

 

 

 En México existen al menos tres grupos insurgentes o subversivos que operan en siete estados del país, refiere un informe elaborado por el Congreso de Estados Unidos, que da una visión general de cómo opera el Ejército Popular Revolucionario y otras organizaciones. El reporte indica que existen también otros 25 grupos subversivos de menor fuerza y presencia que operan a lo largo del territorio nacional. En tanto, el gobierno mexicano, en sus investigaciones hechas a través de la Procuraduría General de la República, detalla que en el país sólo hay nueve grupos subversivos activos. En el diagnóstico de Estados Unidos se detalla que el EPR es una organización insurgente que hasta 2004 contaba con al menos “500 combatientes o miembros”, que se dividen en distintas células ubicadas en siete entidades del país: Distrito Federal, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Tabasco. La investigación hecha por el Congreso estadunidense refiere que desde 1998 el EPR tuvo una importante escisión que provoco que varios de sus miembros crearan otro grupo subversivo, denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

 

 

 El dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas, integrantes del primer círculo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, crearon y dirigieron un grupo policiaco que se dedicó a perseguir a opositores de la administración local y a determinados grupos de narcotraficantes, según testimonios contenidos en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/047-08, a las cuales tuvo acceso MILENIO. De acuerdo con Luna, alias de un ex funcionario estatal oaxaqueño y ahora testigo protegido de la PGR, el nombre del grupo era Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) y estaba conformado por agentes policiacos de diversas corporaciones que tenían la “confianza” de altos funcionarios para realizar operaciones especiales durante las protestas de 2006 contra la administración estatal priista.

 

 

 Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Senado y la Cámara de Diputados dijeron estar listos para debatir con Andrés Manuel López Obrador el tema energético, siempre y cuando el autodenominado presidente legítimo y el PRD actúen con seriedad.  El vicecoordinador de la diputación panista, Adrián Fernández Cabrera, declaró que su partido está abierto al debate “con quien sea”, mientras haya seriedad y compromiso con el diálogo.  El coordinador del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa, respondió que su partido “sin duda” está dispuesto a debatir con el ex candidato presidencial del PRD. Sin embargo, advirtió, debe de ser en forma ordenada y no mediante la toma de las tribunas del Congreso o de las calles del país.  “Andrés Manuel no es el único que sabe del tema. Hay gente en el Senado y en la Cámara que también lo conocen, y debemos ser respetuosos de ellos”, abundó.

 

 

 El duelo en el Senado quedó conjurado, pero lejos de calmarse los ánimos, una nueva discusión por la toma de la tribuna avivó las discrepancias y dio pie a otro encontronazo verbal, el segundo en menos de 48 horas. “Ofrezco una amplia y cumplida disculpa”, expresó sereno el líder de Convergencia, Dante Delgado. “Yo no retiro ninguna palabra”, desafió la panista Teresa Ortuño, que minutos después debió retractarse, cuando la joven senadora perredista Claudia Corichi la emplazó a comprobar ante la PGR su acusación de que el movimiento de resistencia en defensa del petróleo simpatiza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el EPR. El ambiente que envolvió al pleno el día anterior, cuando el panista Rubén Camarillo retó al coordinador de Convergencia a dirimir sus diferencias en un duelo, contrastó con el pesado silencio que se hizo ayer. Ya nadie habló de duelos a ligazos ni encuerados, ni hubo chistes a costa de otros. Y esta vez el PRI también levantó la voz, pero para exigir por medio de Francisco Arroyo parar ya esta discusión. Por la mañana, en privado, el panista Santiago Creel pidió a Delgado y a Camarillo serenarse y retirar del diario de los debates los dichos del día anterior.