La versión que dio la PGR sobre el “suicidio” de un presunto líder de una banda de secuestradores en los separos de la SIEDO es puesta en duda por un video de la Policía Federal. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Asael Alejandre Roldán se quitó la vida colgándose de “su chamarra”. Sin embargo, agentes federales lo entregaron vestido solamente con una playera roja y un pantalón de mezclilla, sin chamarra alguna. Era el 16 de abril. La grabación lo presenta al ingresar a las oficinas de la Subdelegación Zona Centro. Dos días después, a las 9:00 horas, el señalado líder de Los Jeremías fue encontrado sin vida “colgado de su chamarra a uno de los barrotes de la celda”, según el comunicado que emitió la PGR, casi una semana después de la muerte del detenido.

 

El presidente Felipe Calderón aseguró que en México hay desconfianza en el sistema de justicia penal, pues existe la percepción de que no es “ni pronta ni expedita”. Calderón, quien puso énfasis en la necesidad de que la reforma penal aprobada en el Congreso de la Unión sea avalada en los congresos estatales, dijo que con ella se lograrán “juicios más claros, transparentes y justos” “Esta reforma responde a una realidad irrefutable”, declaró Felipe Calderón ante el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el congreso El Sistema de Justicia Penal en México, Retos y Perspectivas. En su opinión, en la actualidad, el fenómeno delictivo es mucho más complejo y, por ello, las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben modernizarse y fortalecerse. “En la percepción del ciudadano en México no hay aún justicia ni pronta ni expedita. Esa es la verdad”, reconoció.

 

 

Ante los coordinadores parlamentarios de PRD, PT y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), Andrés Manuel López Obrador fue claro: “El movimiento soy yo”. En otra parte de la discusión que la noche del martes mantuvo el tabasqueño con el senador perredista Carlos Navarrete —de la cual EL UNIVERSAL difundió una grabación ayer— López Obrador se molestó porque Graco Ramírez había firmado el anteproyecto de acuerdo para definir el debate sobre la reforma energética.

 

“Ahora resulta que Graco es más importante que yo”, expresó el ex candidato presidencial y anunció que haría modificaciones al documento porque la movilización la desencadenó él. —Para que nos quede bien claro Andrés Manuel, ¿entonces el movimiento eres tú?—, preguntó Navarrete. —¡Sí, soy yo!— respondió AMLO en medio del silencio de los coordinadores Javier González Garza, Dante Delgado, Alejandro Chanona, Ricardo Cantú, y del líder del PT, Alberto Anaya.

 

 

El dirigente del PAN, Germán Martínez, aseguró que la conversación entre Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, y Andrés Manuel López Obrador, que publicó EL UNIVERSAL, demuestra que el tabasqueño no quiere debatir la reforma energética, pues su única intención es atacar al gobierno del presidente Felipe Calderón. A la par, legisladores perredistas minimizaron el choque de opiniones y lo calificaron como parte de la “dinámica del debate” del partido. El panista señaló: “los berrinches de López Obrador no le han quitado ni una sola coma a la reforma energética del Presidente. La reforma con o sin el PRD se va a discutir y aprobar”. Advirtió que “los perredistas no piden más tiempo para discutir la reforma a Pemex, no piden tiempo para celebrar un amplio debate en el que se aclaren los alcances o los eventuales límites de la reforma petrolera que propone el presidente Calderón. Quieren tiempo, sí, pero para organizar el sabotaje al país, a sus instituciones, con el tema de la reforma energética como pretexto, pero pudiera ser cualquier otro tema que impulsa la agenda modernizadora de Acción Nacional”.

 

 

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Ricardo Monreal, aseguró que la discusión entre Navarrete y López Obrador fue “un mero incidente”, que ha quedado superado. Además, rechazó que López Obrador tenga un perfil de soberbio y prepotente y negó que imponga línea a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP). En su opinión es un político inflexible pero en la defensa del país, en la defensa del patrimonio petrolero. Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática minimizaron el altercado de Navarrete y el tabasqueño, pues con ironía, aseguraron que “así es la dinámica de debate en ese partido político”. El coordinador perredista en San Lázaro, Javier González Garza sostuvo que son normales las diferencias, “yo las tengo hasta con mi mujer” y pidió tranquilidad antes de interpretar el debate interno como una fractura. Se negó a juzgar u opinar sobre la manera en la que López Obrador ordena a Navarrete las acciones a seguir en torno a la toma de la tribuna, por el contrario, respondía con bromas.

 

 

 La amenaza era real. Tanto que cuando iniciaba la sesión de los diputados, Emilio Gamboa le preguntó a Héctor Larios qué ocurriría si al recinto alterno llegaban los más radicales lópezobradoristas a tomar la tribuna violentamente. “¡Estamos listos!”, respondió el coordinador de los diputados del PAN al priísta. Se vivían entonces los momentos más tensos desde el día en que legisladores del FAP tomaron la tribuna del salón de plenos y declararon “clausurado” al congreso mexicano. En alerta estaban legisladores de Acción Nacional, uno de ellos había dicho poco antes: “¡Pues que vengan, ya estuvo bien!”. Elementos de seguridad se mantenían a la expectativa.

 

Una amenaza de la que temprano se habló en la junta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ahí se advirtió que integrantes del grupo más acelerado de los llamados “amlos” estaban dispuestos a impedir “con todo” que se aprobaran reformas que tienen que ver con el Instituto Electoral del Distrito Federal, con la integración de la Asamblea Legislativa capitalina y la posibilidad de formar partidos locales, asuntos que interesan primordialmente a la llamada “tribu” que encabeza René Bejarano. Se determinó entonces que se abriría la sesión del pleno y continuaran los trabajos de la misma hasta que fuera posible si acaso llegaban los invasores.

 

 

La dirigente del sindicato más poderoso del país, Elba Esther Gordillo, afirmó que hay problemas en el gremio magisterial y “sería absurdo desconocerlos”, pero aclaró que hay vías para el diálogo. En entrevista con este diario, reconoció que también enfrenta a voces que hace algún tiempo estuvieron en la dirigencia y quisieran regresar a ella. Aceptó que ha habido traiciones y le “duelen”. Descartó que su liderazgo o el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estén al borde del colapso, como manifestaron a EL UNIVERSAL profesores de Nuevo León y Veracruz. “Mi relación con el secretario general, Rafael Ochoa Guzmán, es magnífica y es de lealtades mutuas”, expresó. Agregó que mantiene un diálogo abierto con él y con los otros integrantes de la dirigencia sindical. Durante la charla, con una abierta sonrisa y un gozoso gesto, la maestra se dijo contenta con su carácter: “Elba sigue siendo Elba y me siento orgullosa de ella, por su voluntad, sus deseos de vivir y de luchar”.

 

 

El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que está dispuesto a investigar el caso de Pablo Marentes, quien tiene una plaza en la Lotería Nacional y también trabaja para Elba Esther Gordillo, con el fin de comprobar si existe alguna irregularidad. EL UNIVERSAL publicó el martes pasado que Marentes tiene un puesto de confianza en la Lotería Nacional y al mismo tiempo, en horas hábiles, realiza gestiones con medios de comunicación para la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De hecho, el funcionario se encargó de la estrategia de coordinación de prensa durante el pasado consejo nacional extraordinario del SNTE, celebrado los días 2 y 3 de abril.

 

A pregunta expresa sobre el asunto, Vega Casillas expresó: “Tendríamos que checar la compatibilidad, el puesto, todo lo que tenga que ver con esto, para poder determinar específicamente”. En entrevista, el funcionario responsable de la observancia del quehacer en el servicio público indicó que “el órgano interno de control está revisando de manera regular estas partes; no tengo específicamente el dato de la revisión, pero si tú me lo permites pudiera yo, más adelante, buscar la información y dártela. No tengo el caso específico”, dijo.

 

 

 

Lo dijo con una abierta sonrisa, un gozoso gesto: “Elba sigue siendo Elba. Y la verdad estoy contenta con ella, muy orgullosa de ella, de su carácter, su voluntad, sus deseos de vivir, de ser, de luchar”. Después, Elba Esther Gordillo platicó: “En verdad estuve mal, mi estado de salud era delicado, el virus muy agresivo. Me advirtieron que el tratamiento sería difícil. Pero decidí combatir, ganarme el derecho a seguir viva. Sí, estuve al borde del colapso”. —¿Oiga, y hoy no está al borde del colapso su liderazgo en el SNTE o el sindicato mismo? —le preguntó el reportero de EL UNIVERSAL. —No, no lo veo, no lo hay. Sí tenemos un debate profundo, serio, reflexivo. Pero lo que debatimos es sobre los cambios que debe haber en el sistema educativo, qué maestros necesita el país en el siglo XXI

 

El Ejército Popular Revolucionario (EPR), que el año pasado realizó atentados contra oleoductos, pidió en un comunicado a un obispo y a un grupo de intelectuales actuar como mediadores para dialogar con el Gobierno. “Queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo”, señala el comunicado, que invita a esta misión al obispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al antropólogo Gilberto López y Rivas. También pide la mediación del Frente Nacional contra la Represión. El EPR ha exigido al gobierno que presente vivos a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007, y que presuntamente fueron detenidos por la policía. En su comunicado deja implícito que ambos están vivos.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, avaló la reforma a la Ley de Adquisiciones, promovida por el diputado federal Eduardo Sánchez (PRI) recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, con la oposición del PRD.

En entrevista, el funcionario destacó la necesidad de hacer más flexible el sistema de compras del gobierno, y anunció que ya trabajan en programas de mejora de gestión, que próximamente anunciarán. Vega Casillas rechazó las acusaciones del PRD —entre éstas de la senadora Yeidckol Polevnsky— en el sentido de que la citada reforma, la cual permite la subasta electrónica vía internet, mejora la transparencia, abre el abanico de opciones y beneficia a empresas del extranjero. A pregunta expresa sobre las críticas en torno a la reforma a la Ley de Adquisiciones, sentenció: “No (se beneficiará a los extranjeros). Tendremos controles para evitar prácticas depredatorias, vamos a reglamentar para evitar prácticas depredatorias, para evitar el uso inadecuado de esta herramienta que es de por sí buena, pero tenemos que asegurarnos que se utilice de la mejor manera”, dijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferencias entre Nueva Izquierda y el lopezobradorismo se reflejaron ayer en la Cámara de Diputados. El segundo perdió porque, en la sesión plenaria, tres votos de neo izquierdistas hicieron mayoría y, sin discusión, el pleno aprobó reformas a diez artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, una de ellas impide al PRD tener mayoría calificada en la ALDF, al derogar los términos de una sui géneris cláusula de  gobernabilidad aplicada en el periodo de Martí Batres como presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo local. En términos llanos el esquema de la reforma electoral federal se aplicará en la capital del país contra la hegemonía perredista simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, merced al voto de la diputada presidenta Ruth Zavaleta Salgado y sus compañeros de bancada del PRD, Moisés Félix Dagdug Lutzow y Victorio Montalvo Rojas, favorable a esta reforma impulsada en la Cámara alta por el senador perredista René Arce Islas.

 

 

Efectivos militares detuvieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los narcotraficantes Rogelio Díaz Cuéllar, alias "El Rojo" y a su hijo, Rogelio Díaz Contreras, alias "El Roger", pertenecientes al cártel del Golfo. A dichos delincuentes se les responsabiliza de ataques contra periodistas de la entidad que denunciaban sus prácticas y la inversión de las ganancias que obtenían de la venta de drogas. En conferencia de prensa en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron presentados, el general Luis Arturo Oliver Zen y el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, explicaron que "El Rojo" se desempeñaba como jefe de plaza en la capital tamaulipeca. Díaz Cuéllar controlaba la recepción, el trasiego y la venta de droga mediante una célula de sicarios y la coptación de autoridades de los tres niveles de gobierno que les brindaban protección para sus actividades ilícitas, explicó el mando militar.

 La Presidencia de la República cesó de su cargo a Rafael Quintero, quien hasta ayer se desempeñaba como subdirector de Avanzada de la Dirección de Logística y a quien una investigación del gobierno de Estados Unidos responsabiliza del sustraimiento de celulares del hotel sede de los presidentes de México, EU y Canadá en Nueva Orleáns.

En Los Pinos se dijo, de manera extraoficial, que el presidente Felipe Calderón desconoce el asunto y que no hay notificación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre estos acontecimientos. De acuerdo con José Alfredo García Medina, director general de Medios Nacionales de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, la decisión de remover al hasta ayer funcionario obedeció a la revelación de que el gobierno estadunidense abrió esa investigación y para que él pueda enfrentar solo los cargos que se le imputan.

 

 

 El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Ricardo Monreal, dijo ayer que fue “un mero incidente” la fuerte discusión que sostuvieron el senador Carlos Navarrete y Andrés Manuel López Obrador en una reunión de dirigentes del FAP el martes por la noche. Esas diferencias han quedado superadas, dijo además el legislador, quien por otra parte negó que López Obrador es quien impone decisiones a los senadores de su partido.  Esta situación que a todos nos tiene en tensión por el tema que se discute y que obviamente provoca diferencias están superadas, insistió.

 

Riesgo. La Coalición de Organizaciones quiere evitar que México caiga en una situación como la de los países africanos. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) exigió al gobierno federal garantizar la seguridad alimentaria, que está en riesgo ante la crisis mundial por la escasez de alimentos.

“El tema nacional no es sólo el petróleo, sino también la soberanía alimentaria es tema básico para el país, para millones de pobres”, apuntó la red de organizaciones. Insistieron en que se debe establecer una reserva alimentaria en el país y también mecanismos de control de precios de los productos básicos. Acusó que a pesar de la alerta mundial sobre la escasez de alimentos en el mundo, las autoridades mexicanas responsables de garantizar el acceso a los alimentos no han anunciado ninguna política nacional para enfrentar dicha crisis.

 

 Llegó repartiendo sonrisas. Dicen quienes estaban ahí, que más efusivo que de costumbre. Todo iba bien en el decimocuarto Banquete del Hambre en donde donó 15 millones de pesos para la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos A.C, ligada con la Iglesia católica local, hasta que soltó: “¡chinguen a su madre!”. El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo, allí, ante el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez y decenas de invitados, que él sí sabe lo que se tiene que hacer por el estado. Subió al estrado, no trastabilló, pero arengó: “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí, lo que algunos poquitos dicen ¡me vale madre!, ¡así de fácil!”. Si usted quiere escuchar al gobernador ingrese a  www.cronica.com.mx. Su cabellera blanca no se despeinó cuando afirmó a los presentes: “Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento, y que traigo aquí un pinche papelito que dice: “Gobierno del estado de Jalisco, secretaría de Finanzas”. Y más eufórico aún: “Oscar (García Manzano, secretario de Finanzas de Jalisco), ¿dónde andas?, cabrón hasta que hiciste algo bueno por Jalisco, Martín Hernández (secretario de Desarrollo Social), ¡felicidades, chingaos, ya hacía falta!”.

 

 

La mentada de madre del gobernador jalisciense se escuchó hasta el Senado de la República y la presidencia estatal del PRI en Jalisco, e hizo eco en la sociedad civil de Guadalajara. “Son formas que no son, ni en términos de modales ni comunicación, las más adecuadas, y están muy lejos de ser propias de un gobernante que busca supuestamente generar una relación de respeto entre gobierno y sociedad”, apuntó el senador del PRI, Ramiro Hernández García. Apuntó que las declaraciones de Emilio González Márquez no contribuyen en absoluto a crear un ambiente de armonía y de convivencia de la que tan necesitada está la sociedad en general. Hernández García apuntó que por lo pronto, en la Cámara de Diputados federal hay una solicitud del PRI y del PRD para llevar a juicio político al gobernante a causa de las “exorbitantes donaciones” que ha hecho hacia instituciones principalmente ligadas al clero de Jalisco.

Destacó que las donaciones del gobernador también dejan “muy mal parado” al Congreso local.  “Está haciendo uso (González Márquez) de un ejercicio que no forma parte del presupuesto autorizado, su actuación en términos de discrecionalizar deja muy mal parado al Congreso del estado porque pareciera que no hay un presupuesto al cual se deba de ajustar ni tampoco una consecuencia porque no se esté respondiendo a un orden y a una decisión de las instancias que tienen la responsabilidad de autorizar el presupuesto”, expuso.

 

 

El subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Ignacio Arreguín Cortés, anunció que existe un problema de “escasez de agua ” el cual afecta a entre 11 y 12 millones de mexicanos. Este problema se da en todo el país, agregó, pero en especial en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde hay más dispersión de la gente y pobreza.

Expuso que la solución de este problema no representa incluir a toda la población en el sistema formal, o sea que les llegue agua entubada, pues eso no es posible. Al participar en la inauguración del encuentro académico “Conagua-Conacyt: Fondo sectorial de investigación y desarrollo sobre el agua”, señaló que la mayoría de las personas toma el agua de manantiales o de pozos, donde el líquido no tiene calidad. Mencionó que es increíble que un litro de agua embotellada valga más que uno de gasolina, y reiteró que el de la industria y el de las tomas de agua son iguales. Explicó que mediante tecnologías adecuadas se pueda captar agua de lluvia o aún de los mismos pozos, pero siempre con la cloración adecuada. Felipe Ignacio dijo que no existe ninguna ciudad en este país que tenga ciento por ciento de abasto de agua entubada. Indicó, el déficit de las ciudades es de seis por ciento a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

 

 

 

 

Tras señalar que el país vive momentos importantes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz, afirmó que el poder judicial estará atento para lograr que la nueva forma de administrar la justicia penal, derivada de las reformas a la Constitución, pronto sea una realidad.  Al respecto, el vicepresidente del Senado, el panista José González Morfin, defendió al diálogo, la negociación, los argumentos y el acuerdo como armas para allanar caminos de entendimiento que posibiliten los cambios en materia de justicia penal.  Ambos participaron en la inauguración que hizo el presidente Felipe Calderón del congreso “El Sistema de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas”, en el anfiteatro Simón Bolívar. En su momento, González Morfín reconoció que el proceso que hizo posible la aprobación de esta reforma, distó mucho de ser sencilla. El tema es complejo de por sí. 

 

 

El líder de la sección 65 del Sindicato Minero, de Mexicana de Cananea, Sergio Tolano Lizárraga, desestimó el anuncio de la empresa sobre el cierre de la planta minera y la liquidación del personal. En declaraciones a medios de comunicación locales, el dirigente en Cananea del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) consideró que la empresa trata de confundir a los mineros. Consideró que el anuncio del cierre, que anoche dio a conocer la compañía propiedad del Grupo México, es una estrategia que busca desvirtuar la huelga que la sección 65 del Sindicato Minero mantiene desde el 30 de julio del 2007 en la mina. Planteó que además de confundir a los trabajadores de la planta productora de cobre, “la empresa legalmente no puede liquidar porque la ley se lo impide mientras persista la huelga”.

 

 

La dirigencia nacional del PAN se ufanó de que las movilizaciones, tomas de tribunas, “berrinches” y “rabietas” de Andrés Manuel López Obrador no le han quitado ni una coma a la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón y aseguró que ese proyecto “está vivito” y se aprobará con éxito. “Las movilizaciones y la resistencia civil de los lopezobradoristas han sido inútiles, la reforma a Pemex va muy bien, ni una coma le han quitado las movilizaciones” parodió el líder del blanquiazul Germán Martínez al recordar la frase del tabasqueño de que no “le han quitado ni una pluma a mi gallo”. Martínez Cázares adelantó que el PAN buscará una mayoría para dictaminar la reforma energética que propuso el Ejecutivo, pero luego intentará apoyos para reformar la sustancia de dicha reforma a fin de modernizar a Pemex. Para ello iniciarán cuanto antes el debate de 71 días que acordó la comisión de energía del Senado, que incluye la firma del perredista Graco Ramírez. De igual manera sostuvo que no habrá “trueque” de la reforma energética por alguna otra reforma como se ha señalado.

En la sede nacional de su partido, el dirigente panista sostuvo que no modificarán el acuerdo donde se calendarizó el debate, pues lo único que pretende López Obrador “es ganar tiempo para organizar el sabotaje a las instituciones del país con el tema energético como pretexto”.

 

 

 

 

 Felipe Calderón reprochó ante el titular del Poder Judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que la justicia no sea “pronta ni expedita”, además de que quienes enfrentan procesos judiciales no gozan “de la protección y atención debida del Estado. “En la percepción de la ciudadanía, en México no hay aún justicia, ni pronta ni expedita. Esa es la verdad”, dijo Calderón, quien afirmó que de aprobarse las reformas constitucionales en materia penal se brindarán mayores garantías procesales. Los acusados, los ofendidos y particularmente las víctimas “hasta ahora no han gozado, hay que reconocerlo, de la protección y atención debida del Estado”, insistió Calderón ante Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal.

De hecho, el mandatario comentó que sólo 12 congresos locales han adecuado sus leyes para aplicar la reforma penal aprobada en marzo pasado.

 

 El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR), en calidad de indiciado, por su presunta responsabilidad en la entrega ilegal de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero.  Al salir de la dependencia, confió en no convertirse en el “nuevo Jorge Díaz Serrano”, el también ex director de la paraestatal, preso durante seis años, acusado del delito de fraude, al final del gobierno de José López Portillo. Muñoz Leos fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cualquier cargo público durante 10 años y se le impuso una multa superior a 862 millones de pesos.  Ayer acudió a la comparecencia en compañía de su abogado, José Elías Romero Apís, pero se reservó su derecho a declarar con el argumento de que requiere tiempo para analizar las imputaciones y presentar pruebas a su favor.

 

 

 El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a colaborar con el Judicial para poner en marcha los mecanismos que se requieran, a fin de concretar en los hechos la reforma de justicia penal, incluida la aprobación de los recursos públicos necesarios. Ante el presidente Felipe Calderón, el ministro presidente de la Corte indicó que la reforma a 10 artículos de la Constitución generará nuevos desafíos para los tres poderes y tres órdenes de gobierno, por lo que es necesario enfrentarlas en coordinación.  Dejó claro que el Poder Judicial de la Federación se ha mantenido atento a las exigencias y cambios que se introducen de manera constante en los derechos constitucional y penal, por lo que permanentemente actualiza y capacita a sus integrantes, además de que siempre tiene presente la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Mayagoitia recordó que cada reforma en materia de justicia penal amerita una planeación adecuada para cambiar y actualizar diversos instrumentos legales y estar en condiciones de seguir elevando la justicia penal.

  

 

 

 

 La Presidencia de la República destituyó a Rafael Quintero Curiel como subdirector de Coordinación y Avanzada del área de Comunicación Social, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó de hurtar hasta siete blackberries durante la reciente visita de Felipe Calderón a ese país. La cadena Fox News difundió ayer el video en que aparece Quintero Curiel huyendo con varios aparatos de la delegación estadunidense que asistió a la cumbre de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en Nueva Orleans. Según la televisora, el funcionario de la Presidencia robó seis o siete blackberries de una mesa ubicada cerca de la habitación del hotel Windsor Court, donde la delegación mexicana se reunió con el presidente George W. Bush. De acuerdo con la cadena Fox, las personas que entraban a la habitación estaban obligadas a dejar sus celulares en dicha mesa. La delegación estadunidense descubrió el robo cuando varios miembros pretendieron recoger sus aparatos.

 

 

 El general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien permaneció más de seis años en prisión por su presunta relación con Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, se retiró del servicio luego de cumplir 45 años en el Ejército. De conformidad con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a Acosta Chaparro y otros 12 generales condecoraciones por haber servido más de 45 años al instituto armado. Acosta Chaparro fue detenido en agosto de 2000, junto con el general Humberto Quirós Hermosillo, acusados de dar protección a esa organización criminal. Dos años después un consejo de guerra lo sentenció a 15 años de prisión. Sin embargo, quedó libre en 2007. Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo también fueron sentenciados por el homicidio de 143 personas, quienes supuestamente fueron arrojadas al mar en las costas de Oaxaca entre 1975 y 1979.

 

 

 Ante el endurecimiento de las políticas migratorias y la situación económica en Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos realizan sus envíos de dinero en euros y no en dólares, ante el temor de que el valor del billete verde sufra una caída. El líder de la Confederación Nacional Campesina en el Estado de México, Héctor Velasco Monroy, afirmó que ello se debe a que los trabajadores mexiquenses que viven en la Unión Americana no descartan la posibilidad de ser deportados en cualquier momento. “Aún cuando el importe de cada remesa es destinado prácticamente en su totalidad a cubrir las necesidades de las familias que se quedan en México, se prevé que con el cambio de dólares a euros se pueda generar además un ahorro, aunque sea pequeño”, refirió. Indicó que se ha detectado entre campesinos que tienen familia migrante en el extranjero que el envío de remesas ya no es en dólares sino en euros y que están destinados al ahorro, ya que con el endurecimiento de las políticas migratorias esperan su probable deportación.

 

 

 El consejero Virgilio Andrade confirmó que, como lo adelantó MILENIO, el IFE solicitó a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado que se pronuncien sobre la denuncia del PAN contra los legisladores de PRD, PT y Convergencia que tomaron la tribuna. En la Cámara de Diputados la respuesta al IFE se discutirá el próximo martes en el seno de la Mesa Directiva para elaborar un documento en “términos institucionales”, informó el vicepresidente de dicha instancia, el panista Cristian Castaño. El diputado confirmó que en San Lázaro se recibió el requerimiento de información por parte del IFE, sobre la toma de su tribuna. En tanto, Andrade, presidente de la Comisión de Quejas del IFE, fue enfático al señalar que la autoridad electoral sí va a analizar la denuncia en la que el PAN pide sancionar a los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista por paralizar la actividad legislativa. Sin embargo, explicó que la condición es que “las Cámaras se pronuncien sobre el señalamiento que hace el PAN, de que no existe funcionamiento normal de los órganos de gobierno, y el único que le puede decir al IFE si esa afirmación es cierta o no es compartida es el propio cuerpo legislativo”.

 

 Parecía que ayer sería el día decisivo para liberar las tribunas del Congreso tomadas ya hace 16 días, pero una intempestiva llamada de Carlos Navarrete a Ricardo Monreal frenó a la una de la tarde la liberación de las Cámaras a manos del FAP. El coordinador perredista pidió al zacatecano esperar hasta formalizar la reunión de la Junta de Coordinación Política para dejar las tribunas del Congreso, como lo acordó el Frente Amplio con Andrés Manuel López Obrador. Monreal ya había convocado a cuando menos una decena de senadores de PRD, PT y Convergencia, lo mismo que a los medios de comunicación que esperaban a que de un momento a otro los fapistas abandonaran la tribuna. Así transcurrió ayer el día 15 de la toma de tribuna, que tras nueve horas de tensa espera, concluyó 15 minutos antes de las nueve de noche, cuando Navarrete visitó a los ochos senadores del PRD que cuidaban la tribuna del Senado, sólo para informarles: ¡será hasta mañana!

 

 

 En la Comisión Nacional de Garantías del PRD “estamos en etapa de calificación”, informó la presidenta de esa instancia, Ernestina Godoy, respecto a la elección para presidente y secretario general; sin embargo, dijo que se revisará “con mucho cuidado” la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para determinar si tiene o no validez. Godoy dijo saber que estaban por enviarse a Garantías impugnaciones respecto al acta de cómputo nacional emitida el lunes pasado por la Comisión Técnica Electoral (CTE), mediante la cual se daría por terminado el conteo con ventaja para Alejandro Encinas, con 43.34 por ciento de los sufragios, sobre Jesús Ortega, con 40.63 por ciento. De igual manera fue puesta en duda la convocatoria y el acta del CEN, con la que fue desechado el documento de la CTE con el cómputo nacional, y en la que instruyó a la conclusión de ese conteo de la elección para presidente y secretario general, en las entidades federativas pendientes, para luego elaborar el proyecto de acta de cómputo nacional con los resultados de cada estado.

 

 Los diputados federales del FAP se alistan para liberar, “en cuestión de horas”, la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, merced a la aproximación de un acuerdo sobre el debate de la reforma energética en el Senado. “Ya merito, ahí vamos”, indicó Javier González Garza, jefe de la bancada perredista en San Lázaro, mientras que su correligionario Octavio Martínez, coordinador de los diputados de Nueva Izquierda,