Con el rostro enrojecido, la mandíbula trabada y la mirada fija, Carlos Navarrete salió poco antes de la medianoche del miércoles de la oficina de Andrés Manuel López Obrador, rompiendo abruptamente la reunión del Frente Amplio Progresista (FAP). Minutos antes, el pequeño salón de la casa del gobierno legítimo se cimbró. Ambos subieron el tono de voz e intempestivamente se terminó el diálogo. La sala quedó en silencio. El ambiente de confrontación y fractura se apoderó de la pálida casona amarillo con blanco, de la esquina de San Luis y Córdoba, en la colonia Roma.

Las huellas de la fractura salieron a relucir en esas dos horas de discusión de los coordinadores del Frente Amplio Progresista; signo del cansancio, del hartazgo, después de dos semanas de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, para frenar la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón. La batalla verbal encendió los ánimos del coordinador de los Senadores del PRD y el tabasqueño.

 

 

Andrés Manuel López Obrador se declaró anoche satisfecho con los resultados del movimiento de resistencia civil pacífica y la toma de tribunas del Congreso de la Unión en reuniones, por separado, con militantes del Partido del Trabajo y Convergencia.

Con el PRD no pudo reunirse ya que este partido se encuentra enfrascado en la más profunda división de toda su historia y una de las partes lo señala como el principal responsable de la confrontación. López Obrador se reunió primero con los militantes de Convergencia en el World Trade Center y posteriormente con los del PT en la sede de dicho partido en las calles de Puebla, en la Colonia Roma. “Evitamos el madruguete, evitamos el albazo, quería aprobar las iniciativas en fast track, en vía rápida, como lo hicieron cuando reformaron la Ley del ISSSTE en 72 horas, les dijo en sendos discursos. “La propuesta del debate fue nuestra y están nuestros legisladores a punto de resolver sobre este asunto y vamos a ese debate, que queremos que sea nacional, amplio, plural, incluyente; si el petróleo es de todos, todos tenemos el derecho de opinar”. En lo que parece el inicio de la distensión en el Congreso, el ex candidato presidencial aclaró sin embargo que “los adversarios” no esperaban que se actuara de esta manera, “fue muy satisfactorio el que no pudieran, como querían, dar un albazo, un madruguete”.

 

 

El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de Zacatecas y Michoacán, Amalia García y Leonel Godoy, respectivamente, se reunieron en la casa de Ebrard. Ayer se vivió otra jornada marcada por las acusaciones y la insistencia de Alejandro Encinas y Jesús Ortega de haber logrado la victoria, durante los comicios efectuados para elegir al líder nacional perredista. Después de la reunión que sostuvieron surgió el rumor de que un grupo de gobernadores de ese partido intentarán levantar la mano a Alejandro Encinas como ganador de los comicios del pasado 16 de marzo.

 

 

Miembros de Izquierda Unida declararon que Encinas ganó la elección, pues no se desechó el acta de cómputo publicada el lunes, la cual le da la ventaja, y ya se cumplió el plazo de 48 horas para que se revocara este resultado. Durante la conferencia en el CEN del PRD —14:00 horas—, los dirigentes de Izquierda Unida anunciaron que había tomado “curso legal” el acta publicada por la coordinación de Planeación de la Comisión Técnica Electoral que daba el triunfo a Encinas. A sabiendas de que Leonel Cota nunca informó de dicho documento al pleno del CEN, Fernández Noroña dijo que al no haber impugnado el documento dicho órgano, la resolución tomaba curso legal por lo que se daba por cerrado el cómputo. Padierna aseguró que el acta publicada por Amet Ramos surtiría efectos legales a partir del primer minuto después de las 12:00 del día de miércoles. El diputado Raymundo Cárdenas, uno de los dos “encargados de despacho” del Comité Ejecutivo Nacional, había declarado, también en conferencia —a las 11:15— no tener facultades para revocar o modificar dicha acta de cómputo, publicada por Amet Ramos. “Tanto Graco (Ramírez) como yo, aceptamos esta responsabilidad de ser ¿cómo se llama? Responsables de la oficina de la Presidencia del PRD. Somos los encargados del despacho por diez días. Yo creo que la legalidad es endeble. Aceptamos porque entendemos que es un acuerdo de buena fe”. De esta forma, Raymundo Cárdenas se deslindó del conflicto.

 

 

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados reforzó sus acciones de resistencia ante la posibilidad de que el proyecto de debate nacional energético los deje fuera. En una encerrona con su fracción, el coordinador de la bancada, Javier González Garza, reveló que el acuerdo que avanza en el Senado para llevar la reforma energética a debate nacional, sólo prevé la participación de los senadores y no de los diputados, de ahí que se acordó reforzar las acciones de resistencia en la toma de la tribuna, con el fin de presionar al Senado y que se les incluya en el debate. Acordaron discutir la segunda fase de acciones de resistencia contra la privatización del sector energético, una vez que el periodo ordinario de sesiones concluya el 30 de abril. la discusión de la segunda batería de acciones sería abordada este jueves. Sin embargo, las voces que piden desalojar la tribuna en San Lázaro continúan y con ello se acentúan las diferencias entre perredistas.

 

Esta vez fue Juan N. Guerra, de la corriente Movimiento, a la que pertenecen Javier González Garza y Pablo Gómez, quien consideró que es hora de dejar la tribuna y aceptar el debate, pues el linchamiento mediático ya los afecta sobremanera. Además, dijo, es un hecho que ya se evitó el fast track a la reforma energética. Una vez más la mayoría de los diputados ligados a Nueva Izquierda, Alianza Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol coincidieron con el planteamiento de dejar la tribuna.

 

 

El Frente Amplio Progresista se dividió en el Senado; el PRD en voz de Carlos Navarrete reprochó, sin citarlos por su nombre ni identificarlos, a Dante Delgado, de Convergencia, y a Alejandro González Yáñez, del PT, por descalificar las negociaciones del perredista Graco Ramírez en la Comisión de Energía sobre el programa y calendario del debate en materia petrolera. Solicitó a los aliados del Frente Amplio Progresista (FAP) respeto al trabajo de los perredistas, “porque no tenemos que pedirle permiso a ningún otro partido para tomar nuestras decisiones”. Dante y González Yáñez se deslindaron de las negociaciones que realizó Graco, porque dijeron que no se les consultó nada previamente. Dejaron en claro que Graco sólo representa al PRD. Navarrete también evitó hacer comentarios sobre la discusión que tuvo la noche del martes con Andrés Manuel López Obrador en relación con la posición del grupo parlamentario en el Senado.

 

La propuesta de reforma energética del Ejecutivo fomenta la opacidad y la corrupción, ya que permite una serie de posibilidades jurídicas de coparticipación con particulares en un amplio rango de actividades de la industria “sin la creación paralela de mecanismos precisos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, consideró Fundar Centro de Análisis e Investigación. Detalló que la propuesta de reforma no fija ni promueve la autonomía de gestión de Pemex, al contrario, establece nuevos mecanismos discrecionales “que fortalecen al titular del Ejecutivo en la actividad de la paraestatal”. Además, detalló Fundar que la iniciativa tiene deficiencias y omisiones en materia de rendición de cuentas. En la propuesta no se definen los objetivos, y en consecuencia, no hay una explicación exhaustiva de los mecanismos y reformas propuestas, su pertinencia ni alternativas plausibles. Señaló que se ceden funciones de la industria petrolera a la iniciativa privada sin que haya o se propongan mecanismos de control.

 

 

En el interior de un edificio inteligente de la PGR, en una zona con circuito cerrado de televisión y vigilancia las 24 horas del día, “se suicidó” el presunto líder de una banda de secuestradores. El hecho representa el primer caso de un detenido muerto en los separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). De acuerdo con información oficial, las instalaciones fueron diseñadas precisamente para albergar a criminales con un alto perfil de peligrosidad y cuentan con máximas medidas de seguridad. El pasado 18 de abril las autoridades hallaron sin vida a Asael Alejandre Roldán, de 33 años. Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que se trató de un suicidio. Aparentemente se ahorcó con su chamarra. Hasta ahora, la dependencia ha mantenido el caso en secreto.

 

La PGR inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y conocer si hubo un posible caso de negligencia de los encargados de vigilar el área.

 

 

Rafael Ochoa Guzmán aceptó que su desempeño en la secretaría general del SNTE es irregular y que sólo atiende por momentos su trabajo, pero no porque Elba Esther Gordillo lo haya relevado del cargo. El dirigente rechazó acusaciones de ex operadores del sindicato magisterial que lo colocan en una disputa abierta para arrebatarle el control del gremio a Gordillo. Sus ausencias las atribuye a un problema familiar. En entrevista, se definió como “el primer elbista del país” y aseguró que en el sindicato no hay ninguna pugna con la familia de la lideresa, con miembros del Comité Ejecutivo o con integrantes de los órganos de gobierno. Manifestó que sigue siendo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 

Por unanimidad, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) reservó toda la información relacionada con las amenazas que ha recibido el presidente Felipe Calderón. En un largo debate, el Instituto consideró que no se debía entregar esa información, en la que se pedía conocer las fechas y las investigaciones que se han desarrollado por las amenazas recibidas por el jefe del Ejecutivo. Tampoco se consideró viable reducir el plazo de acceso a las amenazas recibidas por Calderón de 6 a 5 años, como propuso el comisionado Juan Pablo Guerrero. El año pasado, el mandatario dio a conocer a través de medios internacionales que recibió amenazas del crimen organizado y por ello, el Estado Mayor Presidencial ha reforzado la seguridad del Presidente. Luego de que un solicitante pidiera cuántas amenazas ha recibido el mandatario o su familia durante su gobierno, en qué fechas, por medio de qué vía y cuántas han sido investigadas y cuántas han sido ligadas al narcotráfico, el IFAI decidió confirmar la respuesta de Presidencia, la cual reservó toda la información por cuestiones de Seguridad Nacional.

 

 

Las credenciales de elector que se encontraron semienterradas el martes pasado en un predio en construcción, fueron legalmente destruidas hace un mes. Las autoridades del IFE rechazaron que hubiera negligencia en la forma en que fueron sepultadas.

El vocal de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Tamaulipas, Matías Chiquito Díaz de León, explicó que el 27 de marzo se destruyeron 54 mil 900 micas para votar ante los representantes de los diferentes partidos políticos. Sin embargo, rechazó que el IFE vaya a asumir alguna responsabilidad por el mal uso que puedan darle al material electoral que quedó al descubierto en un predio. “Lo que pasa es que alguien sin quehacer decidió remover una loza de concreto y dejó al descubierto este material”, argumentó el funcionario. Por la mañana del martes, un velador realizó el hallazgo de las credenciales, que se asomaban bajo una loza de cemento, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias. Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, junto con representantes del FAP, se reunió el lunes con López Obrador. Foto: Marco Rosales  

“Dime una fecha, 30 (de abril) o 15 (de mayo), esto no puede seguir así, tú dime cuándo para seguir las negociaciones, ¿qué les digo? …", espetaba un molesto Carlos Navarrete a Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a levantar las tomas de las tribunas en el Congreso de la Unión y giraba órdenes de mantenerlas hasta nuevo aviso.  "Es que esto para mí es una vacilada…", atajó de inmediato, López Obrador en referencia al debate de 71 días que se planteó por el PAN y PRI. "Para mí lo importante es que ganamos tiempo, pero lo ganamos no en la negociación sino porque tomamos la tribuna…no sé si me explico que no se confunda, si no se llega a nada, si ellos aflojaron fue por la toma de la tribuna y por el movimiento (de resistencia), no por la negociación…", recordó a Navarrete, quien urgía a debatir.

 

 Las bancadas del PRI, PAN y PVEM en el Senado están dispuestas a suscribir el acuerdo para que el debate del tema energético dure 72 días y sólo esperan la respuesta del PRD y Convergencia para firmarlo, dijo el senador Manlio Fabio Beltrones. Entrevistado luego de que finalizó la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Beltrones Rivera indicó que la Comisión de Energía presentó el programa del debate sobre la reforma energética y el tiempo que duraría. El líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que de acuerdo con el calendario presentado por la Comisión de Energía, el debate iniciaría el 12 de mayo y concluirá el 22 de julio de este año. Antes, el 8 de mayo acudirán al Senado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para hablar sobre la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo federal, señaló Beltrones Rivera. Precisó que en la reunión, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) indicaron que están dispuestas a suscribir inmediatamente el planteamiento presentado por el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa.

 

 

Entre las reiteradas posturas de respeto a los disensos, cuando cual Penélope los coordinadores frentistas tejen en la tarde-noche un acuerdo y en la madrugada lo destejen, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, fue portavoz del hartazgo legislativo por la toma de la tribuna camaral. "No hay razones para mantenerla tomada. Ya triunfaron, ya ganaron la propuesta (de debate); me parece que lo más conducente sería que pudieran permitirnos trabajar", planteó. Incluso Zavaleta no descarta que los diputados perredistas miembros de la corriente Nueva Izquierda abandonen la toma de la tribuna, pero el legislador Octavio Martínez aclara que no están dispuestos a respaldar más radicalismos de Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor, en el lado de la bancada de Convergencia, cuatro de sus 18 integrantes se suman a la posibilidad de desoír a López Obrador.

 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD “desechó de plano” el proyecto de cómputo nacional que se dio conocer con el 83.9 % de las casillas, donde la tendencia es a favor de Alejandro Encinas, y ordenó al Comité Técnico Electoral reanudar el conteo y concluirlo, para que con base en esos resultados ahora si se emita el acta respectiva.

El CEN sesionó en segunda convocatoria a las 15:30 horas con 10 integrantes, es decir, todos los vinculados con Jesús Ortega además de Saúl Escobar y el secretario de finanzas, José Borges, con lo cual se eludió el término de 48 horas, establecido para rectificar o anular el acta de cómputo que se emitió el pasado lunes en la tarde.

A la primera convocatoria que era a las 14:00 horas no acudieron los integrantes vinculados a Encinas, pero sólo se requería un tercio de los 19 integrantes del CEN para instalarlo, por lo cual tan solo con los aliados de Ortega se hizo quórum y se procedió a la sesión con el único punto que era el acta de cómputo.

 

 

 Elementos del Ejército resguardan el palacio municipal, donde se reunieron los secretarios de Seguridad Pública de Tijuana y Sergio Aponte. El general de división, Sergio Aponte Polito, acusó a elementos de la PGR, de la PFP, de la AFI y de otras corporaciones policíacas y procuradurías a nivel estatal y municipal de ser cómplices del narcotráfico y la delincuencia organizada. En una misiva enviada a diversos medios de comunicación, dijo que servidores públicos de estas dependencias brindan protección a líderes de bandas del narco, del secuestro, del tráfico de personas, del robo de autos y de bancos. Aponte Polito, quien fue considerado a finales del 2006 para ocupar el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, abrió los archivos de la II Región Militar del país —que comprende diversas zonas militares de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora— para aportar pruebas de sus acusaciones, en específico en el territorio donde opera el Cártel de los Arellano Félix.

 

 

 El Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias (Cedip) de la Cámara de Diputados, concluyó que las iniciativas de reforma energética que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República son inconstitucionales y privatizadoras. Y es que, argumentó este órgano legislativo que preside el priista Alfredo Ríos Camarena, de ser aprobadas dichas iniciativas se legalizaría la participación del capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, en franca trasgresión al mandato constitucional. En conferencia de prensa Ríos Camarena pidió al Ejecutivo federal presente antes del 30 de este mes la propuesta de reforma fiscal en materia petrolera porque, adujo, “no podemos llegar a conclusiones de ningún debate si no existe la reforma (energética) completa”. De acuerdo con el legislador nayarita la reforma, cuya iniciativa está en el Senado, no es energética sino petrolera y, además, “tiene que transitar necesariamente por una iniciativa de política fiscal”. Explicó que, hasta este momento, 56 por ciento de los ingresos de Pemex —unos 86 mil millones de dólares—, se va a gasto corriente, impuestos, aportaciones y derechos, situación que “no ha regulado ni ha propuesto nada el Ejecutivo”.

 

 

La reforma energética que propuso el presidente Felipe Calderón "va más allá de la coyuntura; no está dirigida al corto plazo, sino que está orientada más bien a mediano y largo plazos", afirmó el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez.

Entrevistado al término de una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, manifestó que lo fundamental de la reforma es detener la caída en la producción energética e incrementar la capacidad de producción del país. Guillermo Ortiz aseveró que es indispensable contar con un abasto de energía confiable, seguro y eficiente, lo cual será un tema a discusión en las próximas semanas. El funcionario añadió: "Mi punto de vista es que esta reforma debe estar orientada al fortalecimiento de Pemex y a la consolidación de esta empresa como una empresa realmente estatal que tenga flexibilidad, que tenga recursos y que pueda tener una perspectiva de largo plazo".

Respecto a la recomendación de la CEPAL en el sentido de que se debe aumentar el gasto en el programa Oportunidades o entregar subsidios para contrarrestar los efectos en los precios, Guillermo Ortiz afirmó:

 

 Sin retórica, el legislador panista Héctor Larios Córdova, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, demandó al Instituto Federal Electoral (IFE) que ponga orden en el conflicto que enfrenta el Congreso de la Unión e incluso cancele el registro a los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP). "Nosotros, particularmente los diputados del PAN, esperamos que el IFE establezca sanciones fuertes y firmes a esos partidos (PRD, Convergencia y PT) que están violando la legalidad", dijo Larios. En ese sentido el también coordinador en jefe de la fracción albiazul en la Cámara baja invocó a la aplicación de lo previsto en el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), cuyo numeral uno inciso b) alude a las obligaciones de los partidos políticos, así como en la fracción sexta del 354 del mismo ordenamiento. A saber: Artículo 38, inciso b). "(Son obligaciones de los partidos políticos nacionales) abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno".

 

 

 La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), que agrupa a 25 millones de trabajadores mineros en todo el mundo, pidió al presidente Felipe Calderón Hinojosa que resuelva el conflicto del Sindicato Minero que preside Napoleón Gómez Urrutia. Los dirigentes de este organismo internacional, Jorge Almeida y Benjamín Davis, dijeron tener documentados en el Libro Blanco de la FITIM, los abusos a los derechos laborales de los mineros mexicanos por parte del gobierno de México, mismo que entregarán a representantes gubernamentales y legisladores de Europa, América Latina, Canadá, Estados Unidos y México.

"La FITIM intenta, con este material, llegar a cada uno de sus afiliados, a la sociedad civil, en este libro blanco —acompañado de un video— hay una histórica filmación de los hechos más importantes sucedidos a partir de febrero de 2006 en donde comienza esta injusta situación en la cual el movimiento sindical mundial metalúrgico

 

 

 Andrés Manuel López Obrador reconoció que se ha avanzado en la propuesta para un debate en torno al tema petrolero; “ese planteamiento fue nuestro. Nuestros legisladores están a punto de resolver sobre este asunto y vamos a ese debate que queremos sea nacional, amplio, plural e incluyente”.  En reuniones por separado con militantes, dirigentes, senadores y diputados de los partidos Convergencia y del Trabajo, AMLO dejó en claro que si el petróleo es de todos, “todos tenemos el derecho de opinar; no se puede resolver este asunto en las cúpulas, puede ser que los integrantes del Congreso de la Unión tengan la última palabra, pero la primera palabra siempre la tendrá el pueblo”.

El tabasqueño advirtió: “No nos dejemos engañar, ellos hablan que la privatización es para beneficiar a la iniciativa privada mexicana. No es cierto, al contrario, los harían a un lado porque esta reforma es para beneficio de las trasnacionales”. Pese a lo que se consideró la señal para entrar a una nueva etapa de esta lucha, el tabasqueño sentenció en entrevista: “es el momento de mantener la firmeza y no permitir la privatización del petróleo”.

 

 Las iniciativas en materia energética presentadas por el presidente Felipe Calderón al Senado son “inconstitucionales y claramente privatizadoras”, concluyó el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, que preside el legislador del PRI Alfredo Ríos Camarena. En un análisis jurídico sobre las cinco propuestas del Ejecutivo, se establece que legalizar la participación del capital privado transgrede la Constitución, porque legalizaría la participación del capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera. El documento desmenuza cada una de las cinco propuestas y destaca la inviabilidad de aprobarlas, porque van en contra del orden constitucional mexicano. Por eso, Ríos Camarena, en conferencia de prensa, pidió a su fracción parlamentaria trabajar en la elaboración de un nuevo proyecto de reforma energética. “Creo que deberíamos buscar una propuesta propia y hacer otra iniciativa. Tenemos que hacer una iniciativa que no vulnere la Constitución”, puntualizó el priista.

 

 La Junta de Coordinación Política del Senado aplazó para hoy la firma del proyecto de debate de la reforma a Pemex, una vez que PRD y Convergencia pidieron tiempo para consultarlo con sus grupos parlamentarios. Aunque el priista Manlio Fabio Beltrones y el panista Santiago Creel coincidieron en que la propuesta fue bien recibida por todos en la sesión privada, en el curso del día el Frente Amplio Progresista se dividió. Por un lado, el perredista Graco Ramírez ratificó su firma y refrendó el aval de su partido al proyecto de debate. Mientras su coordinador, Carlos Navarrete, exigió a sus aliados de PT y Convergencia no desautorizar la firma del morelense, al advertir que “el respeto al partido ajeno es la paz” y los perredistas no tienen que pedirle permiso a otros partidos para tomar sus decisiones. El coordinador del Partido del Trabajo, Alejandro González, de plano no acudió a la sesión de la Junta convocada por Beltrones y permaneció en el salón de plenos, al argumentar que el priista se negó a aplazar la junta y darles tiempo de revisar el documento entregado la noche del lunes. Dijo que “de una primera revisión se desprende que es insuficiente y nosotros nos quedamos en la tribuna”.

 

 

 El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, exigió al Instituto Federal Electoral imponer sanciones “fuertes y firmes” a PRD, Convergencia y PT por mantener clausurados los salones de sesiones de San Lázaro y Xicoténcatl. En conferencia de prensa previo al inicio de la reunión de la Junta de Coordinación Política, recordó que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecer las obligaciones de los partidos políticos. Leyó el artículo 38 del Cofipe: “abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno”. Al respecto, indicó que los partidos que integran el Frente Amplio Progresista impiden el funcionamiento normal de las Cámaras de Diputados y Senadores al tener tomadas las tribunas.

 

 Los gobiernos perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal recurrieron durante su gestión a la Ley de Adquisiciones que, al igual que la federal aprobada esta semana en el Senado, permite convocar a licitaciones internacionales.  La legislación, que data de 1998, prevé recurrir a proveedores extranjeros cuando no exista en el país oferta en cantidad o calidad suficientes para cumplir los requerimientos del gobierno local. Por su parte, en la propuesta de reforma a Pemex enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado se propone un régimen mixto, es decir, “disposiciones especiales” en materia de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obra pública que le permitirán a la paraestatal operar sin ajustarse a la ley federal. En las dos leyes se prevé recurrir a adjudicaciones directas o invitar a terceros en casos relacionados con impacto ambiental, seguridad de personas, servicios de consultoría, asesoría, estudios, investigaciones o auditorías. El decreto tiene fecha del 28 de septiembre de 1998, fue expedido por Cuauhtémos Cárdenas y aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 

 El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró que el presidente Felipe Calderón también hace el “ridículo” al expresar sus críticas al PRD y recordó que no corresponde al mandatario hablar de temas internos de los partidos. Luego de inaugurar el encuentro anual de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas, en la Central de Abasto, Ebrard fue cuestionado sobre las declaraciones realizadas por el Presidente en su gira por Estados Unidos. Ahí, el titular del Ejecutivo aseguró que la toma de las tribunas legislativas pone en “ridículo” a los perredistas. “Lo mismo le decimos a él”, respondió el mandatario. Sobre la toma de la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por parte de diputados perredistas, Ebrard confió en que esa “parálisis” se resuelva en los próximos días. Por separado, el catedrático del Tecnológico de Monterrey Salvador Guerrero Chiprés aseguró que el calificativo (“ridículo”) utilizado por Calderón podría generar la unión de facciones en ese partido y darles la ocasión propicia para hostigar al gobierno.

 

 El presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Javier Corral, aseguró que el debate de la reforma energética ha “contaminado” el de los cambios a la ley de medios. La discusión de la reforma a la Ley de Radio y Televisión “ha sido aplazada” en los hechos y postergada para el próximo periodo de sesiones, pese a que era prioridad de los partidos, aseguró Corral y añadió que la proximidad de la elección intermedia de 2009 “hará más difícil” su aprobación. Sin embargo, dijo, el debate está “más vivo que nunca”, pese a que el gobierno ha hecho de la reforma energética su prioridad. En el foro La Reforma a la Ley de Medios: debate Abierto, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, responsabilizó a las autoridades federales de que la ley de medios no haya sido aprobada en este periodo. El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, advirtió que la reforma no puede aplazarse más porque de eso depende que “el poder mediático no desplace ni sustituya al poder político”.

 

 

 La Junta de Coordinación Política del Senado aplazó para hoy la firma del proyecto de debate de la reforma a Pemex, una vez que PRD y Convergencia pidieron tiempo para consultarlo con sus grupos parlamentarios. Aunque el priista Manlio Fabio Beltrones y el panista Santiago Creel coincidieron en que la propuesta fue bien recibida por todos en la sesión privada, en el curso del día el Frente Amplio Progresista se dividió. Por un lado, el perredista Graco Ramírez ratificó su firma y refrendó el aval de su partido al proyecto de debate. Mientras su coordinador, Carlos Navarrete, exigió a sus aliados de PT y Convergencia no desautorizar la firma del morelense, al advertir que “el respeto al partido ajeno es la paz” y los perredistas no tienen que pedirle permiso a otros partidos para tomar sus decisiones. El coordinador del Partido del Trabajo, Alejandro González, de plano no acudió a la sesión de la Junta convocada por Beltrones y permaneció en el salón de plenos, al argumentar que el priista se negó a aplazar la junta y darles tiempo de revisar el documento entregado la noche del lunes. Dijo que “de una primera revisión se desprende que es insuficiente y nosotros nos quedamos en la tribuna”.

 

 Luego de que Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, hiciera una purga severa entre los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, algunos ex secretarios y ex dirigentes seccionales conformaron un bloque opositor denominado Tercera Vía, entre cuyas primeras acciones para “tumbar del poder” a la lideresa magisterial se encuentra la toma de los 54 edificios sindicales, ubicados en todo el país, el 1 de mayo próximo.

Gaudencio Bravo, dirigente del Frente Institucional de los Trabajadores Tercera Vía, aseguró que no se trata de un grupo disidente menor, y que representa casi a la totalidad del millón y medio de profesores sindicalizados, los cuales “están muy preocupados y enardecidos” por el alto grado de descomposición en el SNTE. Según Bravo, quien hasta hace menos de un mes era secretario general de la sección de Querétaro, en el SNTE se vive una sucesión adelantada muy feroz, en la que las hijas de Elba Esther se disputan el poder. Por un lado, Maricruz Montelongo, apoyada por Fernando González, subsecretario de Educación Básica y yerno de Gordillo. Y por el otro, Mónica Arriola y el ex marido de la lideresa magisterial, Francisco Arriola, tesorero del SNTE