Ante la imposibilidad de sesionar en la sede alterna de Donceles 14, senadores del PAN y del PRI decidieron trasladarse a la Torre del Caballito. Se había previsto que en caso de que no fuera posible trabajar en Donceles 14, por el cerco de manifestantes del Frente Amplio Progresista, buscarían otra opción en los términos del acuerdo firmado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Según el acuerdo, se tiene la facultad de sesionar en cualquiera de las instalaciones con que cuenta la Cámara alta. Al ver que el cerco alrededor de la casona de Xicoténcatl impedía la llegada de la mayoría de los senadores, se decidió trasladar la sesión a la Torre del Caballito. A Donceles 14 sólo pudieron llegar los senadores panistas, pero no la representación del PRI. al ser interceptados en el Eje Central, por lo que regresaron a la Torre del Caballito.

 

 

La profesora Elba Esther Gordillo, presidenta del sindicato magisterial, dio un manotazo en su partido, Nueva Alianza, con la remoción del coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Jiménez. En su lugar, la maestra designó a la legisladora Silvia Luna Rodríguez, profesora cercana a Gordillo, informaron fuentes legislativas y del partido. Gordillo estaba insatisfecha con el rumbo que llevaba el diputado Jiménez en el debate sobre la reforma energética. El legislador es la primera víctima de la iniciativa presidencial. Jiménez comunicó anoche de su remoción a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, de acuerdo con datos obtenidos

En medio de los problemas que han tenido los legisladores por la toma de tribunas, ayer la logística funcionó para los senadores. Gracias a un enorme despliegue burlaron a las adelitas de Andrés Manuel López Obrador y lograron sesionar, a pesar del extravío inicial de la fracción del PRI. En un recorrido que incluyó cambios de vehículos, primero autobuses luego camionetas, y entradas y salidas por estacionamientos de inmuebles, los panistas ingresaron a Donceles 14. La historia priísta fue diferente. El policía federal que

 

Ante la imposibilidad de sesionar en la sede alterna de Donceles 14 por el cerco del llamado movimiento de resistencia civil que impedía el paso, los senadores de PRI, PAN y PVEM acordaron trasladarse al quinto piso de la torre del Caballito para llevar ahí a cabo su reunión. También por la falta de garantías, la siguiente sesión se convocó para el próximo lunes, a las 12:00 horas, pero no se especificó lugar y se dijo que se informará “de manera oportuna”. Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anunció una tercera opción para destrabar el conflicto de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, que trae de un lado a otro a los legisladores, dentro de sus propias instalaciones. La tercera vía, explicó Creel, es debatir la reforma energética los días que sean necesarios, determinados por un calendario y un programa que elabore la Comisión de Energía, que permita a los legisladores hacer un análisis y una reflexión como merece el tema, sin chantajes, presiones, cercos, ni amenazas de violencia. Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) están de acuerdo en que esa Comisión proponga los tiempos. Consideraron viable la tercera alternativa y hacer a un lado las propuestas de 50 días y de 120 días, y aceptaron que la Comisión de Energía valore el tiempo que realmente requiera el debate.

 

 En medio de un enorme despliegue logístico para proteger a los senadores del PAN y pese al extravío inicial de los senadores del PRI, las adelitas de Andrés Manuel López Obrador fueron burladas. El Senado de la República sesionó bajo un ambiente de crispación. Las adelitas, de la resistencia civil pacífica, no se dieron cuenta cómo llegaron al mediodía los senadores del PAN a la sede alterna de Donceles 14 y menos de cómo se fueron al quinto piso de la torre del Caballito para sesionar. La segunda sede alterna, la torre del Caballito ya estaba prevista desde la noche anterior, y fue un error del policía federal que conducía a los priístas, que también ya habían superado el cerco de adelitas, lo que llevó a usarla. Para cuando el Pleno ya se había instalado y aprobado el exhorto a Marcelo Ebrard, para garantizar las funciones del Senado, y cuando su presidente, el panista Santiago Creel, había fijado una posición sobre el cerco… Intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Todo comenzó desde una noche anterior. Ya se analizaba un “plan c” ante los amagos de endurecer el cerco. Por la mañana personal de seguridad confirmó el endurecimiento de los grupos de mujeres de López Obrador. A diferencia de priístas, la mayoría de los 51 senadores del PAN no tuvieron problemas para llegar a Donceles y de ahí ir a la torre del Caballito… Echaron mano de un despliegue coordinado por la Policía Federal. “Nosotros no debemos poner como camisa de fuerza los plazos. La comisión nos dirá cuánto cree que es necesario y para poder cumplir con la obligación de celebrar los debates y nos ajustaremos a ello”, dijo Beltrones.

 

 Como rehenes de su propio escudo de guardaespaldas, senadores del PAN fueron ayer viajeros en la crisis política del Congreso, pero con la adrenalina de las películas de acción. Las camionetas en que fueron llevados a Donceles 14, sede alterna de Xicoténcatl, embestían, daban tumbos, vueltas con fuerte rugir de motores. Más tarde, con el fuero maltrecho por el asedio de sus custodios tensos —y rudos contra los periodistas—, los senadores rehenes siguieron indicaciones para escapar de nadie hacia la sede alterna de la sede alterna: la torre del Caballito, en Paseo de la Reforma.

Sin necesidad produjeron imágenes de un brinco a la nada. Senadores y senadoras apechugaron, aceptaron las prisas y, como en un servicio de transporte público popular, apretujados salieron de la zona sin riesgo de ofensas de las brigadas de repudio. Legisladores que en el salón de sesiones suelen deambular como vacas sagradas, en la descomposición de la supuesta emergencia de huir de Donceles, perdieron el donaire. Se les cayó el semblante, los delató el amargor a derrota: iban de tumbo en tumbo. Y siguió la toma de la tribuna por el Frente Amplio Progresista. La mayoría (PAN, PRI, PVEM) abrió su sesión del jueves en el piso 5 de la torre del Caballito, de media hora, con papeles sobre las rodillas, vasos en la alfombra, hartazgo de seguir aguantando “chantajes, presiones, cercos”. Allá en Donceles, hubo cobertura de seguridad como de guerra, de 14 guardaespaldas, para Santiago Creel, al leer una declaración de prensa.

 

La Cámara de Diputados aprobó en su segunda sesión en sede alterna —el Auditorio del edificio E— el dictamen que reforma la Ley de Adquisiciones, propuesta por el priísta Eduardo Sánchez, el cual innova la subasta electrónica, permite ahorros y mejora la transparencia. Sin embargo, el Frente Amplio Progresista (FAP) denunció que PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, desconocieron un acuerdo para sólo dar entrada en reuniones de pleno en sede alterna a temas con consenso, a cambio de permitirles sesionar. Ricardo Cantú, coordinador del PT, advirtió que ahora se abre la posibilidad de que el FAP lleve sus protestas a las próximas sesiones alternas. Javier González Garza, coordinador del PRD, recordó que ya días antes había pedido precisamente detener la aprobación del dictamen para analizarlo junto con el Senado, y anunció el retiro del FAP de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Héctor Larios, presidente de la Jucopo y coordinador del PAN, aceptó que platicaron en sólo abordar temas de consenso, pero el PRD manifestó que no estaba de acuerdo con la sesión, “entonces tampoco nos va a dictar agenda”. Reviró que el FAP “rompe la ley” al mantener el “secuestro” de las tribunas. El coordina- dor priísta, Emilio Gamboa, reveló que su bancada exigió dar trámite al dictamen, aunque sabía que generaría “ruido”.

 

 

Las caras de Álvaro Uribe. Es un defensor de la lucha contra el terrorismo y el narco en la figura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el ámbito mundial, pero en loscírculos de inteligencia de Estados Unidos el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aún es referido como “el amigo personal de Pablo Escobar Gaviria” el extinto líder del cártel de Medellín. La Presidencia de Colombia ha rechazado las versiones de las relaciones del presidente Uribe y su familia con el narcotráfico, pero las sombras aún están ahí. Hasta ayer la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DIA), la mayor productora encargada de la inteligencia militar sostenía que el contenido de un viejo reporte desclasificado en 2004 revelaba los vínculos que en los 80 y los 90 mantenían el hoy presidente colombiano y el legendario capo del cártel Cali.

 

 

Desde Nicaragua, Lucía Andrea Morett, la mexicana herida en el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador, acusó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de narco y terrorista. Dijo además, en entrevista, que hasta conocer con exactitud su situación legal en México no podrá volver al país. En tanto, la Cámara de Diputados exhortó al presidente Felipe Calderón para que a través de la Cancillería se solicite a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la muerte de cuatro estudiantes mexicanos en Ecuador en la incursión militar. La fracción del PRI incluyó en el acuerdo en la sesión ordinaria de ayer solicitar al Ejecutivo mexicano que proteste por las aseveraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre los cinco mexicanos que estaban en la selva de Ecuador. Aseguró que Lucía Morett puede regresar a México si así lo desea, pues tiene protegidas sus garantías constitucionales.

 

 

La Consejería Jurídica del Distrito Federal señaló que la red de defraudadores que operaba en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio robó a numerosos adultos mayores que acudían a esas oficinas para realizar algún trámite. El principal interés de la banda encabezada por José Guadalupe Ruiz, alias El Perro, era quedarse con las líneas de captura para hacer algún pago desde los 18 pesos hasta los 9 mil, informó Leticia Bonifaz, consejera jurídica. La funcionaria confirmó que varios ancianos, que acudían a efectuar algún movimiento relacionado con su pensión, denunciaron el robo de los documentos usados para trámites oficiales. Las autoridades investigan los montos y determinan si se afectaron algunos apoyos económicos vinculados a las prestaciones de ISSSTE e IMSS. En uno de los casos, Rosa Jiménez Rosales, de 75 años de edad, intentó sin éxito en 2007 realizar tres trámites por los que pagó 42, 114 y 965 pesos. En su declaración refiere que antes de llegar con el cajero del Registro una persona se le acercó para ofrecerle ayuda, le tomó los documentos y realizó el pago.

 

 

 

 

 

El presidente del Senado, el panista Santiago Creel, abrió ayer la posibilidad de un acuerdo con el Frente Amplio Progresista (FAP) que ponga fin a la crisis que vive el Congreso desde hace una semana, al proponer lo que llamó una “tercera vía”, es decir, una salida intermedia sobre la duración del debate en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, aunado a esa flexibilización en la postura antes inamovible, durante la sesión que ayer se llevó a cabo en la Torre del Caballito priístas, panistas y legisladores del Verde Ecologista aprobaron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a fin de que “de manera inmediata otorgue garantías al Congreso”, y le recordaron que, de no hacerlo, el Senado lo puede remover del cargo. Se citó a sesión para el próximo lunes, en lugar por definirse, por lo que las próximas horas serán cruciales en la negociación, en la que el PRI ya no es intermediario al posibilitarse el diálogo entre Acción Nacional y el FAP. Rodeado de personal de seguridad, fuera del edificio de Donceles –donde originalmente se pretendió sesionar–, Creel informó que había ya planteado a todos los grupos parlamentarios dejar de lado la lógica de si son 50 o 120 días de debate en torno a la reforma energética, y entrar a diseñar un programa de foros calendarizados, “con el tiempo que sea necesario tomar”.

 

 

Al menos 31 de las 47 áreas de la industria petrolera del país se privatizarían si se aprueba la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, advirtieron investigadores al intervenir en el quinto Foro de defensa del sector energético, realizado ayer en la Cámara de Diputados. Víctor Rodríguez Padilla, doctor por la Universidad de París en economía de la energía, sostuvo que la propuesta de Calderón “es totalmente violatoria” del artículo 27 constitucional, además de que la forma de plantearla a afecto de modificar leyes secundarias “no sirve, es un papel sin valor que no se sostiene para el plan de negocios que pretende que le apruebe el Congreso”. El especialista destacó que, de aprobarse la propuesta de Felipe Calderón, se privatizaría casi 70 por ciento de la industria petrolera por medio de la aplicación de contratos, permisos o en la modalidad mixta. Al hacer un desglose por área estratégica, señaló que 31 de las 47 áreas se destinarían al sector privado y el resto, sólo 16, quedarían para Pemex. Rodríguez Padilla señaló que en la iniciativa se introducen los llamados contratos de riesgo, con el fin de que el Ejecutivo federal deje abierta la posibilidad de que el pago por servicios de exploración, por ejemplo, esté directamente asociado a los hidrocarburos que se encuentren, es decir, al recurso natural en el subsuelo. “La iniciativa de Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías trasnacionales. Se le disfraza de contratos de servicio para darle la vuelta a la prohibición constitucional”, subrayó.

 

 

Para Georgina Kessel, secretaria de Energía, la prisa no es una de las características que deben marcar los tiempos de discusión de la reforma petrolera. “Es un tema que debemos analizar con cuidado”, responde cuando es interrogada sobre el tiempo que el gobierno federal considera necesario para discutir la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Dice “no tener respuesta” cuando se le pregunta sobre la forma en que altos directivos del medio financiero se enteraron, 12 días antes de ser presentada la iniciativa, que el gobierno federal tenía la intención de emitir “bonos ciudadanos” para acercar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus propietarios. “La verdad, no tengo una respuesta al respecto”, agrega en una entrevista con La Jornada.

 

 

–La discusión de la reforma petrolera inició con la polémica sobre el video del “tesoro en aguas profundas”. ¿Por qué el gobierno federal negó la autoría de un video que después reconoció como propio? –Se realizó este video que tenía como propósito informar a la población, y la verdad no sé por qué hubo eso de que de repente no sabíamos que existía y sí sabíamos que existía. –En el diagnóstico pareciera que no existe relación directa entre la situación financiera de Pemex como empresa y el régimen fiscal a que está sujeta. –A lo mejor no fue tocada con mucho más énfasis la parte del régimen fiscal. Sin embargo, el diagnóstico es muy explícito, dice de manera clara que la problemática que está enfrentando Pemex no es sólo financiera. –¿De qué manera cambiaría sustancialmente la operación de Pemex, respecto de lo que es hoy, si es aprobada la propuesta de reforma del Ejecutivo?

 

 

Jesús Ortega, candidato a presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró, mediante un comunicado, que la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del sol azteca pretende realizar, “a como dé lugar”, un cómputo (de las elecciones internas) a la medida de las pretensiones de su contrincante, Alejandro Encinas. Con base en lo ocurrido ayer en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el perredista afirmó que por decisión de dicho órgano, los integrantes de garantías –Ernestina Godoy, Renato Sales y Dolores de los Ángeles Názares– están obligados a “adecuar su actuación” en torno a la razón que le concedieron los magistrados al recurso que interpuso para que se realicen los cómputos correspondientes a los comicios nacionales con estricto apego a los artículos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD.

Así que, afirmó, la CNG está impedida para participar en las sesiones de cómputo nacional y deberá ser la Comisión Técnica Electoral la que revise “todas” las actas de escrutinio y cómputo correspondientes de las casillas, y las de los estados en los que tuvo lugar la elección. Después de ello, indicó, “deberá iniciar la etapa de calificación de la elección”, que es el momento en que los candidatos “tienen derecho a impugnar las votaciones emitidas en las casillas con las que no se esté de acuerdo”. Al finalizar ésta, sostuvo, se conocerá el nombre de quien será el próximo presidente nacional del PRD.

 

 

Al agotarse el actual periodo de sesiones del segundo año de la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados, y ante la existencia de una larga lista de reformas pendientes, relativas a la modificación constitucional en materia electoral, diputados de varios partidos sostienen que la realización de un periodo extraordinario es cada vez más viable. Mientras el panista Héctor Larios no descartó la convocatoria para éste, el priísta Emilio Gamboa insistió en que si es necesario se trabajarán todos los días, a partir del martes próximo hasta el 30 de abril, incluyendo fines de semana, para aprobar por lo menos 17 reformas. Al continuar la campaña mediática contra el Frente Amplio Progresista (FAP), al que se responsabiliza por haberse cancelado la sesión para recibir a la presidenta de India, Pratibha Devisingh Patil, los coordinadores de PRD, Convergencia y PT replicaron mediante una carta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien formuló opiniones que calificaron de lamentables. “Debemos recordarles que las visitas de Estado o de gobierno al Congreso de la Unión corresponden a un acto soberano del Poder Legislativo, en el marco de nuestro sistema republicano y democrático; y que en todo caso se rige por lo conducente en la Ley Orgánica del Congreso y por el reglamento para el gobierno interior del Congreso.

 

 

Los organismos cúpula de la iniciativa privada exigieron al gobierno federal y al Congreso de la Unión adoptar las medidas necesarias para poner fin a la toma de las tribunas de las cámaras de Senadores y de Diputados, actos que calificaron de “golpe de Estado”. Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, informó que los representantes de los 12 organismos que forman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron adoptar medidas “muy fuertes” para exigir que se privilegie el diálogo en torno de la reforma petrolera y las actividades legislativas puedan ser reanudadas con normalidad. Por separado, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, declaró: “El Congreso y el gobierno deben tomar las medidas necesarias para que se respeten las leyes y la sociedad debe exigir eso. Vivimos en un estado de derecho”. Por primera ocasión, los integrantes de la iniciativa privada harán hoy un pronunciamiento público (“una expresión fuerte”) con el que darán a conocer su “preocupación” por el “atentado contra las instituciones y la democracia” mexicana.

 

 

El Diario Oficial de la Federación publicó ayer el acuerdo de la mesa directiva del Senado relativo a la designación de recinto alterno de sesiones. El texto, dirigido al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue firmado el pasado 15 de abril por el senador panista José González Morfín, vicepresidente de esa cámara, en el cual se anticipa la autorización del uso de un lugar alterno, y cuando “se restablezcan las condiciones”, se retornará al recinto de sesiones ubicado en Xicoténcatl 9.

 

 

En la firma de contratos y convenios con la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar), de la cual forma parte la empresa de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “no se ha violado ninguna ley ni se ha dado trato preferencial a los parientes del funcionario”, afirmó el director general de Pemex-Refinación, Antonio Ceballos, al comparecer en la Cámara de Diputados ante la comisión que investiga la legalidad de los contratos de la paraestatal con la empresa Ivancar. Con preguntas a modo, la comisión, en la que intervienen legisladores que en su momento se pronunciaron en contra de la constitución de la misma, hizo que la comparecencia del funcionario fuese cómoda. Inclusive cuando en ausencia de los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), se dio lectura a las interrogantes planteadas por éstos “en otras reuniones”, se le permitió a Ceballos dar respuestas parciales.

 

 

El pleno de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Felipe Calderón a que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exprese la formal protesta de México ante el gobierno de Colombia por el acto de invasión al territorio de Ecuador. De igual manera, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que revise los actos violatorios de los derechos humanos cometidos en contra de los cuatro mexicanos fallecidos en dicha acción: Verónica Natalia Velásquez, Fernando Franco, Soren Ulises Avilés y Juan González del Castillo, así como de la sobreviviente, Lucía Morett. Mientras, en el Senado, la fracción perredista exigió que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se disculpe ante el pueblo mexicano por insultar la memoria de los estudiantes asesinados, y demandó que sea declarado persona non grata. Los senadores Silvano Aureoles y Claudia Corichi, en conferencia de prensa, condenaron las declaraciones de Uribe, quien sin pruebas “acusó de terroristas y narcotraficantes” a los universitarios. El primero sostuvo que los calificativos usados por el colombiano constituyen “alevosos juicios de valor que profundizan el agravio cometido en contra del pueblo mexicano”.

 

 

 

 

 

 El Senado pidió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que “de manera inmediata otorgue garantías” para que este órgano legislativo pueda realizar su trabajo. Por unanimidad y entre aplausos —sólo estaban presentes panistas priistas y ecologistas— el Senado aprobó una moción en la que también pide “a la autoridad federal” que garantice el orden dentro de las instalaciones del Senado. En lo que se refiere al jefe de Gobierno, la secretaria de la Mesa Directiva leyó durante la sesión varias fracciones del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del DF, que hablan de las facultades del Senado para remover al gobernante capitalino. Ante los senadores presentes en la sesión que tuvo lugar en la torre del Caballito, el panista Adrián Rivera leyó: “Son causas graves para la remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, las siguientes… fracción III: no brindar la debida protección a las instalaciones y depositarios de los poderes federales, cuando haya sido requerido para ello”.

 

 

 Los líderes de las bancadas del PRD, PT y Convergencia en la Cámara de Diputados anunciaron su retiro de la Junta de Coordinación Política con el argumento de que en ese órgano de dirección no se cumple con los acuerdos pactados.  En rueda de prensa el coordinador del PRD, Javier González Garza, criticó que los líderes legislativos del PRI y del PAN incumplieran el acuerdo al que habían llegado en el seno de la Junta de Coordinación Política respecto a la sesión de este jueves.  Comentó al respecto que se convino celebrar la sesión sin los legisladores del FAP con un orden del día definido, pero el PRI y el PAN incluyeron el dictamen de la Ley de Adquisiciones que no estaba agendado e incluso lo aprobaron.  De ahí que, justificó, "para nosotros la Junta de Coordinación Política dejó de tener sentido y no queremos caer en ninguna provocación para sacarnos del asunto central que es la defensa del petróleo, por lo que no vamos a contestar revanchismos". En tanto el coordinador de la bancada de Convergencia, Alejandro Chanona, dijo que "los legisladores del FAP queremos una interlocución directa con la bancada del PAN y con quien propuso inicialmente el debate del debate".

 

 

 El secretario de Formación Política del PRD, Fernando Belaunzarán, acusó que se pretende perpetrar un fraude “patriótico” en la elección para presidente nacional del sol azteca bajo el argumento falaz de que si gana Jesús Ortega será una derrota para Andrés Manuel López Obrador y ello debilitará su movimiento contra la supuesta privatización de Pemex. "Ese argumento es falaz porque el movimiento de defensa del petróleo no depende de una sola persona sino de todo el partido". De igual manera sostuvo que la lucha de la izquierda en varios temas no se puede subordinar a la revancha personal de López Obrador contra (el presidente) Felipe Calderón. "Si Felipe Calderón se cae, que sea por su propia incompetencia, pero eso no quiere decir que subordinemos la estrategia de la izquierda a tirarlo a como dé lugar o empantanar las discusiones en el Congreso, o toma de las tribunas, aeropuertos, carreteras", estableció. El perredista recriminó la intención de "torcer los resultados" mediante un fraude patriótico que no es más que un acto golpista para imponer a un presidente en el PRD en beneficio de un movimiento en contra de la privatización de Pemex.

 

 Contrariados por el desprestigio que les acarrea la toma de la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados federales perredistas de las corrientes Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional pusieron un ultimátum a su dirigencia y coordinación parlamentaria: solución antes del lunes o abandonan el movimiento y retornan a las sesiones del pleno camaral. Los diputados Francisco Javier Santos Arreola y Tonatiúh Bravo Padilla convinieron en la evaluación de que es posible que este fin de semana sea levantada la toma de la tribuna de la Cámara baja; incluso la del Senado. Santos Arreola informó que anoche se levantaban las firmas de los legisladores que respaldan el ultimátum mediante una carta abierta que, refirió, se publicaría este viernes con propuestas concretas para distender la citación que priva en el Congreso de la Unión, derivada del rechazo de las bancadas del PRD, Convergencia y el PT, integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) contra la iniciativa gubernamental de reforma energética. Hace dos días, Santos Arreola informó que los 72 diputados federales de las corrientes Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional están inconformes con la línea marcada por Andrés Manuel López Obrador, encaminada a crispar y obstaculizar el trabajo legislativo, por lo que se preparaba un pronunciamiento público. El documento se elaboró, e incluso anoche se le hacían las últimas correcciones y se circulaba para firma de los diputados y senadores que están hartos del papel que juega el FAP en la toma del Congreso. Pero al cierre de edición Santos Arreola no había entregado el texto.

 

Por segunda ocasión consecutiva se suspendió la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ya que en el salón de plenos sólo se encontraban 29 diputados. El presidente de la mesa directiva, el perredista Edy Ortiz, justificó está decisión al argumentar que la mayor parte de los legisladores tuvieron problemas para ingresar al recinto legislativo por el cerco que mantienen las llamadas Adelitas y por el mitin que realizaron los integrantes del Sindicato Mexicanos de Electricistas en la esquina de Donceles y Allende.  Agregó que desde el lunes 14 de abril envió un oficio al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, donde le solicitaba resguardar la ALDF, “para poder estar en condiciones óptimas de llevar a cabo las sesiones y salvaguardar en todo momento el fuero constitucional de los diputados”.

Sin embargo, la petición del asambleísta no fue atendida, toda vez que los elementos de la Unidad de Protección Ciudadana llegaron después de que se había cancelado la sesión.

 

 

 Al PRI no le interesa ser interlocutor del PRD, dijo Emilio Gamboa Patrón en respuesta a la molestia perredista que desconoció al tricolor como interlocutor; además, dijo que la diputación federal priista “está verdaderamente molesta con la actitud de que (el FAP) tengan secuestrado el recinto oficial”. Ayer, cumplidos ocho días de que la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro está tomada por un puñado de diputados perredistas integrantes FAP, el desencuentro del perredismo fue con el priismo. El senador perredista Ricardo Monreal, en la víspera, desconoció al PRI como interlocutor con el PAN y el gobierno; ayer, el coordinador de la fracción convergente en la Cámara baja, Alejandro Chanona, se sumó a la postura monrealista, aunque luego el coordinador de la bancada del PRD, Javier González Garza, corrigió: “No desconocemos a nadie”. Ante ello, Gamboa Patrón les respondió: “Ahora quiero que reconozcan al presidente Calderón, lo han desconocido durante año y medio y se sienten a su mesa a discutir y a dialogar. Quiero ver al Frente si cumple su palabra”. 

 

 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una enmienda que cierra una llave a la corrupción porque entraña ahorrar más de 180 mil millones de pesos en “mordidas” en el proceso de licitaciones del gobierno federal. “Se acabó el sobre cerrado, se acabó la corrupción con la licitación electrónica”, dijo el diputado federal priista Eduardo Sánchez Hernández, principal impulsor de la reformas que el pleno aprobó por 286 votos, cero en contra y cero abstenciones. Así, con ausencia de las bancadas del PRD, PT y Convergencia, principales impugnadoras del dictamen, que prefirieron mantener secuestrada la tribuna del salón de plenos, antes que acudir a la sesión en la sede alterna para defender posturas, la reforma cruzó el umbral de la votación sin debate ni cuestionamientos. Esta iniciativa, explicó Sánchez Hernández “permite la participación de mico, pequeñas y medianas empresas en los concursos de gobierno, además de establecer la posibilidad de las subastas por Internet y, al mismo tiempo, generar transparencia”.

 

 A través de la Tercera Visitaduría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planea una estrategia de defensa de 23 mexicanos que han sido condenados a muerte y hoy se encuentran recluídos -a espera de la sentencia- en diversos penales de los Estados Unidos. Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador del organismo afirmó lo anterior, al acudir a la capital de Hidalgo para impartir la conferencia “El uso de la fuerza, a invitación de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

El ombudsman explicó que se les ha dado seguimiento a los procesos “que se encuentran pendientes en la Unión Americana y en los cuales están involucrados mexicanos que están condenados a pena de muerte, a efecto de que puedan respetarse los derechos que les reconocen los tratados internacionales”. Y agregó: “a fin de que obtengan una defensa adecuada y sobre todo que se sustituya la pena de muerte por alguna otra pena que no implique la privación de la vida”. Antes y en entrevista, Plascencia Villanueva prácticamente reprobó la falta de profesionalización que hoy tienen cuerpos policiales del país para enfrentar al hampa y al crimen organizado. “Lamentablemente los cuerpos policíacos no están debidamente capacitado. No tienen condiciones salariales adecuadas y no se desempeñan con un nivel profesional como lo demanda la sociedad y como lo demanda también la delincuencia que actualmente está operando”, abundó.

 

 

 Elementos de la AFI y Militares detuvieron de manera sorpresiva al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan José Muñiz Salinas, y lo trasladaron de inmediato a la SIEDO en la capital del país. los motivos de su captura fueron por su presunta relación con el grupo armado de los "Zetas". El municipio de Reynosa emitirá un boletín informativo donde se establecerá la postura de esta instancia  gubernamental. Para muchos la revisión fue sorpresiva, ya que tiene poco menos de un mes y medio que la Sedena había realizado la revisión del armamento y de radios de comunicación. Salvo que ahora llegaron a la sede de la Policía Municipal los soldados encabezados por varios integrantes de un Grupo Especial del Ejército.

El Grupo Especial de la Sedena arribó a Reynosa a primeras horas del día a bordo de avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Horas antes de la detención del jefe policiaco, el alcalde, Óscar Luebbert Gutiérrez, señaló que a pesar de las revisiones, la policía seguirá trabajando de manera normal e ironizó al señalar que Reynosa podría inscribirse en el récord Guinnes por la cantidad de revisiones a que han estado sujetos los elementos de la corporación.

 

 

Empresarios del país calificaron de “golpe de Estado” la toma de las tribunas del Congreso por parte del Frente Amplio Progresista y advirtieron que el país corre el riesgo de no recibir inversión por la mala señal que se está enviando al extranjero. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial emitirán en breve un desplegado contra la inmovilidad en el debate para la reforma energética, pues primero había queja por la ausencia de una iniciativa en la materia y ahora no se permite el trabajo legislativo. “No se vale atentar contra las instituciones del país. Eso es golpismo, y hay que llamarlo por lo que es, y el golpismo en ninguna parte del mundo ha funcionado y siempre termina con malas consecuencias. El golpismo lleva al autoritarismo y a consecuencias negativas, la historia está llena de golpistas que han sido un fracaso en sus países”, dijo Claudio X. González, presidente del CMHN, durante la reunión semanal de la IP, en el Club de Industriales.

 

 

 Cinco de los seis accesos al salón de sesiones de la Cámara de Diputados amanecieron ayer herméticamente cerrados con cadenas y candados, que los legisladores Alberto Esteva y Pablo Arreola colocaron durante la madrugada del jueves, “por temor al ingreso de golpeadores”.

 

El bloqueo de esos accesos se suma al levantamiento de barricadas en torno a la tribuna parlamentaria, tomada desde hace una semana por las fracciones del Frente Amplio Progresista.

Esteva, de Convergencia, y Arreola, del Partido del Trabajo, dijeron desconfiar del personal de resguardo y seguridad de la Cámara de Diputados, y por ello se atrincheraron dentro del recinto.

Interrogado al respecto, el coordinador panista, Héctor Larios, descalificó las afirmaciones de los diputados del Frente Amplio Progresista respecto al presunto intento de desalojarlos por la fuerza y reviró: “Los golpeadores están adentro del salón de sesiones”. Calificó el encadenamiento de los accesos de “una ilegalidad más que se acumula al conjunto de ilegalidades y atentados contra la vida democrática del país” por parte de los diputados que mantienen ocupada la tribuna.

 

 El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, sostuvo que si este país tiene gobernabilidad es gracias a su partido, y en respuesta a las descalificaciones del Frente Amplio Progresista, remarcó que los priistas no pretender ser interlocutores de nadie. “No pueden (los legisladores frentistas) bloquear la casa del debate y pedir debate. Ahora su argumento es que ya no quieren de interlocutor al PRI. Nosotros no queremos ser interlocutores de nadie. Esa es la importancia del PRI, saben que este país tiene gobernabilidad por el PRI”, puntualizó. En ese sentido, Gamboa retó al Frente Amplio Progresista a reconocer al presidente Felipe Calderón y a sentarse a dialogar con el mandatario. “Quiero ver que reconozcan al presidente Calderón, cuando lo han desconocido durante año y medio, y que se sienten a su mesa a discutir y a dialogar. ¡Quiero ver si el Frente Amplio Progresista cumple su palabra!”, dijo.

 

 

 A una semana de la crisis en el Senado, el PAN ofreció al Frente Amplio Progresista (FAP) una “tercera vía” para solucionar el tema del debate sobre la reforma energética. El blanquiazul plantea abandonar el esquema de los 50 o 120 días de discusión y dejar que sea la Comisión de Energía la que elabore un calendario sin fechas para desahogar los 14 temas de la agenda. Sin embargo, condicionó la aprobación de la propuesta a que el FAP libere las tribunas legislativas y las calles. “Estamos trabajando en esta tercera vía. No se trata de buscar un día más o un día menos, sino de tener un buen programa que le sirva al Senado, en los tiempos justos”, acotó Santiago Creel. El panista informó también que anoche se reunió con el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, quien consideró el planteamiento como una “buena ruta”. El líder del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, respaldó el planteamiento y confió en que la comisión encabezada por el priista Francisco Labastida se centrará en los aspectos técnicos del debate y no en los políticos.

 

 La sesión en la sede alterna abortó. El cerco de 2 mil policías fue insuficiente contra el bloqueo de las adelitas, que convirtieron a la mayoría senatorial en un Congreso errante. Guillermo Anaya, secretario general e integrante de la bancada del PAN, salió por la puerta del estacionamiento del hotel Congreso, a espaldas del Senado. Iba poniéndose la corbata y acomodándose el saco, apresurado, rumbo a la sede alterna. El rojo de su rostro no ocultaba el enojo. Sus compañeros de bancada tenían 10 minutos de haber llegado en camionetas, por un estacionamiento público que sirvió de acceso para consumar el operativo hormiga, aplicado por los panistas para burlar el cerco de la resistencia civil. A unos metros, sobre República de Cuba, las adelitas que desde en la mañana habían recibido la instrucción de impedir el paso hacia la vieja casona de Xicoténcatl, observaron pasar a toda velocidad en dos ocasiones cuatro camionetas llenas de panistas, conducidas por personal de resguardo de la Cámara alta.

 

 En la segunda sesión realizada en una sede alterna esta semana, el Senado aprobó ayer un punto de acuerdo para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que otorgue las garantías necesarias para desarrollar sus trabajos, y le recordó que no hacerlo es causa de remoción del cargo. En respuesta al exhorto de la Cámara alta, el aludido señaló: “Los problemas en el Senado son adentro, no afuera”. En entrevista, después de presentar el Consejo para el Acuerdo Social por la Transformación y la Calidad de la Educación en la Ciudad de México, Ebrard refutó: “Gracias a la intervención del gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública del DF, los senadores llegaron a la sesión y pudieron votar ese exhorto; entonces, estamos cumpliendo con nuestro deber”. Los 75 senadores presentes de PAN, PRI y PVEM aprobaron la propuesta del ecologista Arturo Escobar. En la sesión que duró apenas 47 minutos, realizada en la Torre del Caballito debido a que los legisladores del PRI argumentaron que no había condiciones para efectuarla en la sede habilitada en Donceles, se solicitó también al gobierno federal que proporcione las condiciones necesarias para que las reuniones se lleven a cabo en el Senado.

 

 

Octavio Paz no fue el único damnificado por la toma de las tribunas del Congreso. El poeta no pudo ser homenajeado en el Senado con motivo de los 10 años de su muerte y la señora Pratibha Patil se quedó sin conocer San Lázaro.

 

 

 Senadores de PRI, PAN y PVEM avalaron las medidas para que el Congreso se erija en Colegio Electoral, a efecto de designar Presidente interino ante la falta del titular del Ejecutivo, cuando éste deba rendir protesta. De acuerdo con las modificaciones, tal posibilidad se daría en el caso de que al comenzar el periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre. Además, define los términos de la convocatoria de elección del consejero presidente, consejeros electorales y contralor del IFE. En la convocatoria para nombrar al presidente de los consejeros, el contralor general del IFE debe incluir el proceso de designación para el que se convoca, los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos. Las reformas también contienen las reglas y los plazos para consultar a la ciudadanía o a las instituciones públicas de educación superior, así como las fechas y los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de designación.

 

 Un tribunal colegiado en materia de trabajo concedió el amparo definitivo al sindicato minero por el caso de la huelga en Cananea, Sonora, por lo que los trabajadores que se encuentran laborando deberán abandonar las instalaciones para que se coloquen nuevamente las banderas rojinegras. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá emitir una nueva resolución 24 horas después de que haya recibido oficialmente la notificación.  El fallo se da horas después de que se giraron órdenes de aprehensión contra Héctor Félix Estrella y Juan Linares Montúfar, funcionarios del sindicato, por la administración fraudulenta del fideicomiso de 55 millones de dólares. El siguiente paso, sostuvo el funcionario federal, es que Grupo México y el sindicato minero se sienten a negociar los términos en que deben levantarse las huelgas de Cananea y Sombrerete (Zacatecas), que este 30 de abril cumplirán nueve meses. “En materia de seguridad e higiene tenemos plenamente identificado lo que debe corregirse y no son cosas que no puedan hacerse; esto puede eliminar una parte del conflicto”, sostuvo.