CÓDIGO TERRITORIAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

Última actualización POG 03-02-2024.

Código publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado 31 de agosto de 2019.

TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

DECRETO # 160

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA

RESULTANDOS

[...]

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA

CÓDIGO TERRITORIAL Y URBANO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto y Principios

Artículo 1. El presente Código Territorial y Urbano para el Estado y Municipios de Zacatecas es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del Estado. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen la finalidad de regular el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, los centros de población, la vivienda, la propiedad en condominio y la regularización de los asentamientos humanos en el Estado.

Artículo 2. Las actividades que realice el Estado para ordenar el territorio y los asentamientos humanos, garantizarán que todas las personas, sin distinción, vivan y disfruten de ciudades y asentamientos humanos en condiciones accesibles, sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras.

Artículo 3. Toda política pública materia de este Código deberá observar los siguientes principios rectores:

1. Derecho a la ciudad. Que consiste en garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por México en la materia, así como la Constitución del Estado y las leyes que de éstos emanen;

2. Equidad e inclusión. Que significa garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos, así como promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades;

3. Derecho a la propiedad urbana. Implica garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General. El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;

4. Coherencia y racionalidad. Que significa adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales, estatales y municipales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

5. Participación democrática y transparencia. Que establece la obligación de proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y territorio del Estado. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento y demás legislación aplicable en la materia;

6. Productividad y eficiencia. Que implica fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad urbana, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad, lo que permite maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitando la actividad económica;

7. Protección y progresividad del espacio público. Que significa crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana. Para fomentar el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

8. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Que implica propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objeto proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo en el Estado;

9. Sustentabilidad ambiental. Que significa promover prioritariamente, el uso racional de recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones, así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y

10. Accesibilidad universal y movilidad urbana. Que implica promover una adecuada accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

Artículo 4. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en el Estado garantizará, en todo momento, mejorar las condiciones de nivel y calidad de vida de la población y conducirá al desarrollo urbano sustentable, llevando a cabo el diseño de normas básicas a través de los siguientes mecanismos:

1. Fijar los lineamientos e instrumentos de gestión y observancia en el Estado, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos y atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley General;

2. Establecer los instrumentos para garantizar una efectiva congruencia, coordinación y participación entre el Estado y sus Municipios en materia del presente Código;

3. Diseñar los instrumentos y mecanismos para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos;

4. Fijar la estrategia y lineamientos necesarios para garantizar a la población del Estado, en todo momento, la protección y el acceso equitativo a la infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana;

5. Precisar los mecanismos necesarios para adoptar medidas que determinen las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros de población del Estado;

6. Fijar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, así como los recursos y procedimientos administrativos que permitan la aplicación de este Código;

7. Fijar los lineamientos y criterios para garantizar la corresponsabilidad entre las autoridades estatales y municipales en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia del presente ordenamiento;

8. Regular la constitución, modificación y extinción del régimen de propiedad en condominio, así como la administración de los bienes inmuebles sujetos al mismo;

9. Fijar las normas conforme a las cuales se sujetarán la autorización y ejecución de fraccionamientos, lotificaciones, desmembraciones, relotificaciones, subdivisiones y fusiones de terrenos en la Entidad;

10. Establecer las normas generales para la construcción, ampliación, remodelación y reconstrucción de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana, así como la protección de la imagen urbana;

11. Normar la preservación del patrimonio cultural y natural del Estado;

12. Normar los instrumentos para que la población del Estado pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa;

13. Instrumentar los sistemas de fomento del desarrollo urbano, y

14. Regular el Sistema de Planeación Territorial del Estado.

Artículo 5. Para efectos del presente Código y de las acciones que de él se derivan, además de las definiciones establecidas en la Ley General, se entenderá por:

1. Acción Urbanística: Actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de desarrollo urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos;

2. Ambiente: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan en un espacio y tiempo determinados;

3. Área: La porción de terreno integrada por dos o más predios con medidas, colindancias y superficie definidas, susceptible de propiedad o posesión de una o más personas físicas o morales;

4. Asentamientos humanos irregulares: Asentamientos humanos en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen jurídico de propiedad o de tenencia;

5. Asociación de condóminos: Es la organización de propietarios o poseedores que, de conformidad con lo establecido por este Código, su reglamento y la legislación civil, se constituye para la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones respecto al condominio para su adecuado uso y disfrute;

6. Código: Al presente Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios;

7. Comisión Metropolitana: Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación;

8. Condominio: Régimen de propiedad en que los departamentos, casas, locales o áreas, que se integren en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta y tengan salida directa o indirecta a la vía pública, sean susceptibles de aprovechamiento independiente y pertenecer a distintos propietarios quienes tendrán derecho exclusivo de propiedad sobre su departamento, casa, local o área y derecho de copropiedad sobre el terreno y los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute;

9. Condominio horizontal: A la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento común, con las edificaciones o instalaciones correspondientes;

10. Condominio mixto: A la combinación de las modalidades de las modalidades (sic) horizontal y vertical;

11. Condominio vertical: A la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y en común de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general;

12. Condómino: Persona física o moral, pública o privada, que, en calidad de propietario o poseedor por cualquier título legal, aproveche los departamentos, viviendas, casas, locales o áreas de un condominio, así como aquella persona que haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario sujeto al régimen de propiedad en condominio;

13. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

14. Consejo Metropolitano: Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano o de Conurbación;

15. Consejo Municipal: Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

16. COPLADEZ: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas.

17. Densidad de Población: Número de habitantes radicados o que puedan radicar en una hectárea de superficie. La densidad de población se clasifica en: a) Baja, cuando es menos de 100 habitantes por hectárea, b) Media, cuando sea mayor de 100 y menor de 250 habitantes por hectárea; y c) Alta, cuando sea mayor de 250 y menor de 500 habitantes por hectárea;

18. Desmembración: La separación de una fracción de terreno o área cuyas partes restantes sean susceptibles de lotificación posterior;

19. Área de donación: Porción de terreno urbano, proporcional porcentualmente a la superficie total de un fraccionamiento, que, como derecho en especie, debe pagar el fraccionador o promotor de éste al Municipio respectivo para que lo destine exclusivamente al equipamiento urbano y áreas verdes, que debe escriturarlo a favor del municipio;

20. Estudio de Impacto de Movilidad: Procedimiento sistemático en el que se comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad nueva, existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía o a los usuarios, con objeto de garantizar, desde la primera fase de planeamiento, que se diseñen con los criterios óptimos para todos sus usuarios y verificando que se mantengan dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma;

21. Factibilidad de servicios: Instrumento legal emitido por la dependencia u Organismo Operador del servicio de que se trate, el cual, el fraccionador o usuario del mismo, deberá cumplir a cabalidad en todos sus aspectos técnicos, legales y económicos para poder recibir el servicio correspondiente;

22. Fraccionamiento: La división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas y la dotación de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, conforme a la clasificación de fraccionamientos prevista en este Código;

23. Fusión: La unión de dos o más áreas o predios, para integrar una sola propiedad;

24. Inventario: Catálogo de los bienes muebles e inmuebles clasificados por su relevancia arqueológica, arquitectónica, artística, histórica, cultural y natural en el Estado;

25. JIAPAZ: Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas;

26. Junta de Monumentos: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas;

27. Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

28. Lote: La porción de terreno que se localiza dentro de una manzana con acceso directo de la vía pública;

29. Lotificación: La división de una manzana en lotes;

30. Manzana: La superficie de terreno dentro de la cual se encuentran ubicados varios lotes colindantes entre sí y circundados o colindantes con vías públicas de acceso;

31. Monumentos arqueológicos: Los bienes inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la época hispánica en el territorio del Estado, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas;

32. Monumentos arquitectónicos: Los edificios representativos de la cultura de un período histórico determinado, por sus características tipológicas, de uso espacial, constructivas y estéticas;

33. Monumentos artísticos: Las obras que revisten valor estético relevante por cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente artística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas;

34. Monumentos históricos: Bienes vinculados con la historia de la Entidad a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el Estado, en los términos de la declaratoria respectiva por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; de este Código y otras leyes aplicables;

35. Organismo Operador: Prestador de servicios, ya sea municipal o intermunicipal, de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

36. Partes de uso común: Para los Condominios, son los elementos constructivos, instalaciones y áreas cuyo aprovechamiento genera derechos y obligaciones de copropiedad para su adecuado uso y disfrute, en términos de este Código, su reglamento y la legislación civil;

37. Predio: La porción de terreno con medidas, colindancias y superficie definidas, que es objeto de propiedad unitaria o posesión de una o más personas físicas o morales;

38. Programa de Desarrollo Urbano: Conjunto de normas y disposiciones para ordenar, regular y planear la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, así como para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, con objeto de mejorar la estructura urbana, proteger al ambiente, regular la propiedad en los centros de población y fijar las bases para la programación de acciones, obras y servicios de vivienda, infraestructura y equipamiento urbano;

39. Programa de Ordenamiento Territorial: Conjunto de normas básicas para planear y regular el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población en relación a las actividades económicas en el territorio; ordenar, regular y planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

40. Promoventes de condominios: A las personas que tramiten ante las autoridades competentes que señala este Código, la constitución, modificación o extinción de un régimen de propiedad en condominio;

41. Reglamento de Condominio: Ordenamiento que regula la administración del inmueble y los derechos y obligaciones de los Condóminos;

42. Regularización de la tenencia de la tierra: A la legitimación de la posesión y la propiedad del suelo a favor de las personas asentadas irregularmente, así como la incorporación de tal asentamiento a los programas de desarrollo urbano, como una acción de mejoramiento de los centros de población;

43. Relotificación: La modificación de una lotificación previamente autorizada con la posibilidad de cambios en colindancias, medidas y superficies de los lotes;

44. Reservas de suelo: Las zonas, áreas y predios destinadas al futuro crecimiento de los centros de población;

45. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas;

46. Servicios: Las redes para el servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento, drenaje pluvial, energía eléctrica, alumbrado y pavimentos;

47. Sitios de belleza natural: Los sitios que, por sus características de flora, fauna u otro tipo de valores físicos, requieran de conservación y mejoramiento;

48. Subdivisión: La división de un lote o predio en dos o más partes sin alterar las vialidades existentes;

49. Sustentabilidad: Al conjunto de propósitos, acciones y políticas públicas encaminadas a lograr el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de la sociedad actual, mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, económicos y materiales disponibles, garantizando su existencia y disponibilidad para las generaciones futuras;

50. Titular del Ejecutivo: La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas;

51. Urbanización: Al proceso de dotación de servicios urbanos a un centro de población o parte de él que carezca de los mismos;

52. Vía pública: La superficie de uso común, destinada a la circulación de personas y vehículos, que incluye andadores, calles y avenidas;

53. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional, y

54. Zonas Típicas: Aquellas áreas que por su aspecto peculiar contienen un número significativo de elementos de carácter cultural, los símbolos urbanos, como los edificios, infraestructura y equipamiento de valor ambiental, conservando, por tanto, las características propias de su momento histórico y artístico, y que han obtenido tal carácter a través de las declaratorias emitidas por la autoridad correspondiente.

Artículo 6. En lo no previsto en el presente Código serán aplicables la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas, Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas, Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, Ley Orgánica del Municipio del Estado y Código Civil del Estado.

También serán aplicables la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Vivienda, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Protección Civil.

Artículo 7. Están sujetos a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, las autoridades, personas físicas y morales que en el Estado desarrollen o tengan injerencia en cualquiera de las siguientes actividades:

1. Realizar inversiones, obras o servicios en materia de desarrollo urbano y vivienda;

2. Fraccionar, lotificar, desmembrar, relotificar, fusionar o subdividir áreas y predios;

3. Constituir, modificar o extinguir el régimen de propiedad en condominio, así como aquellas que adquieran derechos y obligaciones por cualquier título legal, sobre el inmueble sujeto a condominio;

4. Desarrollar o autorizar edificaciones e instalaciones, para todas las obras, acciones e inversiones en materia de desarrollo urbano;

5. Ejecutar acciones que afecten el patrimonio cultural y natural en el Estado;

6. Elaborar, autorizar y aprobar estudios, proyectos y obras, así como programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

7. Ejecutar obras de equipamiento o infraestructura regional o urbana;

8. Controlar y vigilar el catastro inmobiliario, y

9. Realizar cualquiera (sic) acción determinada en el presente ordenamiento.

Capítulo II

Causas de Utilidad Pública

Artículo 8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se considerarán de utilidad pública:

1. La ordenación de los asentamientos humanos;

2. Las provisiones, los usos, las reservas y los destinos de predios;

3. La ejecución y cumplimiento de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

4. Los programas de regulación de la tenencia de la tierra;

5. La protección, determinación y constitución de reservas territoriales, áreas de preservación ecológica y la construcción de viviendas de interés social;

6. La fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación, de los centros de población y asentamientos humanos;

7. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana;

8. La protección del patrimonio cultural y natural;

9. La preservación y restauración del equilibrio ecológico;

10. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público y la movilidad urbana;

11. Atención de situaciones de emergencia debido al cambio climático y fenómenos naturales, y

12. La determinación de zonas de riesgo, zonas de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas.

En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la propiedad particular solamente puede ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en la forma y los términos que determinen las leyes.

El Titular del Ejecutivo garantizará que los promoventes al invocar estas causas de utilidad pública para la ejecución de proyectos de desarrollo o infraestructura, bajo el principio de reparación integral del daño, respeten los derechos humanos a la información, participación y consulta.

TÍTULO SEGUNDO

AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA

Capítulo I

Autoridades en materia de este Código

Artículo 9. En el ámbito de sus competencias, son autoridades en materia del presente ordenamiento:

1. La Legislatura del Estado;

2. El Titular del Ejecutivo;

3. La Secretaría, y

4. Los Municipios.

Capítulo II

Legislatura del Estado

Artículo 10. En materia del presente Código, le corresponde a la Legislatura del Estado, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

1. Legislar en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano, para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las Conurbaciones y Zonas Metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales;

2. Dictar los decretos sobre la fundación de nuevos centros de población, así como de sus límites y modificaciones, propuestos por el Estado, la Federación o el Municipio respectivo, y

3. Las demás atribuciones que le señale el presente ordenamiento y disposiciones de carácter general que al efecto se expidan.

Capítulo III

Poder Ejecutivo Estatal

Artículo 11. Le corresponde al Titular del Ejecutivo, el ejercicio de las facultades siguientes:

1. Ordenar la elaboración, aprobación, ejecución, control, revisión y evaluación de los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y el de vivienda, así como de los demás que de éstos se deriven; asimismo, vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad;

2. Fungir como Presidente y designar al Vicepresidente del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación en el Estado;

3. Proponer a los Ayuntamientos y, en su caso, a la Legislatura del Estado, la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y el de vivienda;

4. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos;

5. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de este Código, la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables;

6. Coordinar el Programa Estatal, con el Nacional de Desarrollo Urbano y la estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial;

7. Establecer y participar en las instancias de coordinación estatal, regional, subregional, metropolitana y de conurbación en los términos de este Código;

8. Realizar las propuestas que estime pertinentes, conjuntamente con los Ayuntamientos, para la elaboración, ejecución y evaluación de los programas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

9. Coadyuvar con las autoridades federales en el cumplimiento de los programas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la Entidad;

10. Participar con los gobiernos estatales vecinos, en la elaboración y ejecución, en su caso, de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano interestatales, en los términos que establezcan las leyes y declaratorias correspondientes;

11. Celebrar con el Ejecutivo Federal y con los gobiernos de los estados vecinos y Municipios, convenios en materia de acciones, obras e inversiones relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y movilidad urbana de acuerdo a las políticas que para el Estado plantean los programas nacionales en la materia;

12. Proponer en el COPLADEZ y en los Consejos Municipales respectivos, las acciones, obras e inversiones que impulsen y consoliden el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y la vivienda en la Entidad;

13. Proporcionar a los Ayuntamientos, el apoyo técnico y financiero, así como la asesoría legal necesaria para que en el ámbito municipal se cumplan los objetivos de este Código;

14. Emitir los criterios y lineamientos normativos para la delimitación territorial de zonas metropolitanas y conurbaciones; observando la estrategia nacional de ordenamiento territorial;

15. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de este Código y de la legislación aplicable;

16. Celebrar con los Ayuntamientos de la Entidad convenios para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y la realización de cualquiera otra empresa de beneficio colectivo, según se establezca en los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y la vivienda;

17. Promover ante la Legislatura del Estado la fundación de centros de población y la expedición de declaratorias de provisiones;

18. Ordenar la publicación e inscripción de los diferentes programas y declaratorias de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de vivienda que aprueben las autoridades competentes;

19. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado;

20. Formular, promover y aplicar las políticas, así como realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, conservación del patrimonio cultural, natural y diseño universal, incluyendo la movilidad;

21. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda;

22. Establecer en los reglamentos de la materia, los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se debe prever, por lo menos, las formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad en la materia;

23. Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, desarrollo regional y desarrollo metropolitano en condiciones de equidad, así como la recuperación del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano;

24. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y vial de las obras o proyectos que generen efectos significativos en el territorio;

25. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzcan a la más eficaz protección de la vida humana, protección del ambiente, seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;

26. Diseñar, operar y evaluar los programas de inversión pública, proyectos, acciones y obras en la materia de este Código, así como sus sistemas y registros de seguimiento de avance por sí y en coordinación con la Federación y los Ayuntamientos, para que sean compatibles con la legislación, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales aplicables, y

27. Aplicar y hacer cumplir el presente Código y las demás disposiciones que regulen la materia.

Artículo 12. La Secretaría es la dependencia auxiliar del Titular del Ejecutivo, que tiene a su cargo la ejecución de las medidas que éste ordene en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y la vivienda.

Artículo 13. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

1. Coordinar la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de Vivienda, así como de los demás que de éstos se deriven;

2. Analizar y calificar la congruencia, coordinación y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de desarrollo urbano, incluyendo los de Conurbaciones o Zonas Metropolitanas, a través de dictámenes de congruencia estatal, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3. Asesorar a los Ayuntamientos, cuando éstos lo soliciten, en la elaboración, modificación, ejecución, control, actualización y evaluación de la planeación urbana municipal;

4. Coordinar la elaboración, la aprobación, la ejecución, el control, la modificación, actualización y evaluación de los programas de ordenamiento de zonas metropolitanas, conurbaciones, regionales y subregionales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

5. Coordinar el Consejo Estatal, las Comisiones Metropolitanas y el Consejo Consultivo, así como participar como invitado permanente en los Consejos Municipales;

6. Promover y adquirir con base en los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, las reservas territoriales por parte del gobierno del estado y, en su caso, conjuntamente con los Ayuntamientos, para la ejecución de dichos programas;

7. Promover, gestionar y realizar las acciones e inversiones necesarias para conservar y mejorar el medio ambiente y las condiciones en materia de movilidad urbana en coordinación con los Ayuntamientos y la Federación;

8. Participar, de manera coordinada con los Ayuntamientos, los gobiernos de las entidades federativas y con la Federación, en la planeación y ordenación de los centros de población situados en el territorio de la Entidad y de otras entidades vecinas, que constituyan o tiendan a constituir una conurbación interestatal;

9. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, cuando éstos tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y federal;

10. Llevar el registro de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de vivienda, para su difusión, consulta pública, control y evaluación;

11. Dictaminar sobre las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que le sometan para su opinión los Ayuntamientos, a efecto de que sean congruentes con la legislación y los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

12. Expedir las constancias estatales de compatibilidad urbanística, de acuerdo con lo previsto en este Código y los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

13. Emitir el dictamen de impacto vial y urbano de las obras o actividades a realizar en donde se señalen las condiciones que deben cumplirse en materia de movilidad urbana e integración al paisaje y contexto urbano, respectivamente;

14. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales relativas, al impacto urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la Entidad de que se trate;

15. Dictar, en coordinación con los Ayuntamientos y la Federación, en su caso, las medidas necesarias a que deban sujetarse los predios no urbanizables, por tratarse de áreas sujetas a conservación y mejoramiento, sean éstas arqueológicas, históricas, agropecuarias, mineras, rurales, forestales, áreas naturales protegidas, o de preservación del patrimonio cultural;

16. Hacer propuestas legislativas, reglamentarias y administrativas de la materia, sobre los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se debe prever, por lo menos, las formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad en la materia;

17. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos significativos en el territorio;

18. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los Programas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, de Zonas Metropolitanas, Conurbaciones y centros de población, incluyendo el enfoque de género y el marco de los derechos humanos;

19. Vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos, el adecuado equilibrio en el desarrollo de las diversas regiones y centros de población del Estado, mediante una adecuada planificación y zonificación de los mismos;

20. Vigilar el cumplimiento y aplicar las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda que sean de su competencia;

21. Notificar y ejecutar, con apoyo de los Ayuntamientos, las resoluciones y acuerdos del Consejo Estatal, Comisiones de Desarrollo Metropolitano y Conurbaciones;

22. Constituir reservas territoriales, así como planear y dotar de obras de infraestructura y equipamiento urbano;

23. Implementar las acciones de salvaguarda de la población que se ubique en los polígonos de protección y amortiguamiento determinados por los Programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano;

24. Determinar los instrumentos y acciones encaminadas a promover la resiliencia, seguridad urbana y prevención de riesgos de los asentamientos humanos;

25. Garantizar la protección del patrimonio cultural y natural de las zonas de valor ambiental de los asentamientos humanos, a través de los instrumentos, acciones y decretos que emita la autoridad correspondiente;

26. Formular, conducir y evaluar, conjuntamente con los Ayuntamientos, la política estatal de vivienda, de conformidad con las disposiciones de la Ley General y este Código;

27. Fomentar, en coordinación con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, la constitución de organizaciones comunitarias, sociedades cooperativas y otras de esfuerzo solidario para la producción y mejoramiento de la vivienda;

28. Ejercer las atribuciones que este Código le concede en los casos de ocupación irregular de predios destinados o susceptibles de destinarse a la vivienda o que sean para desarrollo urbano;

29. Asesorar y apoyar a los Ayuntamientos que lo soliciten, respecto de la procedencia de las solicitudes de fraccionamiento, lotificación, desmembración, relotificación, subdivisión y fusión de terrenos y la constitución, modificación y extinción del régimen de propiedad en condominio, así como en la supervisión de la ejecución de las obras de urbanización y municipalización;

30. Fomentar la ejecución de fraccionamientos populares o de interés social y de condominios de orden público;

31. Asesorar, en coordinación con los Ayuntamientos, a los habitantes de las colonias, fraccionamientos y condominios en sus problemas relativos a la prestación de servicios, derivados del incumplimiento de la legislación urbana;

32. Promover programas de bienestar social en las colonias y fraccionamientos populares y de interés social, así como en los condominios de orden público;

33. Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de la legislación fiscal, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, regional y metropolitano en condiciones de equidad, así como la recuperación del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento urbano;

34. Celebrar los convenios y contratos necesarios para la ejecución de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, incluyendo los relacionados con la prestación de servicios públicos comunes;

35. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares o de fraccionamientos y condominios al margen de la Ley;

36. Realizar los trámites necesarios para la adquisición y asignación de inmuebles para la ejecución de obras públicas y determinar, conjuntamente con el Ayuntamiento respectivo, las afectaciones necesarias que se requieran, conforme a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

37. En su caso, proyectar, programar, presupuestar, ejecutar, mantener, conservar y operar, directamente o a través de terceros, las obras y servicios públicos que realice la administración pública estatal, a través de los mecanismos de coordinación con los municipios;

38. Participar en la gestión y promoción de proyectos plurianuales para la realización de las obras y servicios públicos materia del presente Código, en coordinación con las autoridades rectoras de asociaciones público privadas en el Estado, en términos de la legislación aplicable;

39. Promover y gestionar las acciones judiciales o administrativas que procedan;

40. Asesorar y apoyar a la Junta de Monumentos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, respecto de las solicitudes para la edificación, modificación o demolición de monumentos, edificios, residencias o construcciones en el Estado que tengan un valor artístico, histórico o cultural;

41. Calificar las infracciones e imponer las medidas de seguridad y sanciones en los términos de la Ley General y el presente Código, que sean de su competencia;

42. Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia le sean planteados y que deriven de la aplicación de este Código;

43. Aplicar las limitaciones a la propiedad que imponga este Código y demás ordenamientos jurídicos aplicables;

44. Coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, del Sistema de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano y Vivienda y del Sistema de Información Territorial y Urbano;

45. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las normas técnicas en materia de impacto ambiental, vial y urbano a que deberán sujetarse los proyectos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda o de particulares, de conformidad con la legislación aplicable;

46. Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura urbana y educación de la movilidad que elabore el Estado;

47. Convenir con el sector privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional, urbano y metropolitano, atendiendo a los principios de este Código, y

48. Las demás que le señalen la Ley General, este Código y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo IV

Autoridades Municipales

Artículo 14. Corresponde a los Municipios, a través de sus áreas competentes, las siguientes atribuciones:

1. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, adoptando normas y criterios de congruencia, coordinación y ajuste a otros niveles superiores de planeación, así como vigilar su cumplimiento;

2. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del Municipio;

3. Proponer, gestionar y realizar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, las acciones necesarias para preservar y controlar el medio ambiente y la movilidad urbana;

4. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar la zonificación de los centros de población que se encuentren dentro del Municipio, en los términos previstos en los programas municipales, de centros de población y los demás que de estos se deriven;

5. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;

6. Planear la congruencia de los instrumentos de planeación municipal con el estatal y nacional de desarrollo urbano;

7. Participar en la creación y administración del suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;

8. Coordinarse con la Secretaría para la elaboración, aprobación, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación de los programas de ordenamiento de zonas metropolitanas, conurbaciones, regionales y subregionales de desarrollo urbano;

9. Determinar en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, las reservas, los usos y destinos de áreas y predios, previa opinión de la Secretaría y del Consejo Municipal o de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, según corresponda, a fin de que éstas verifiquen que sean congruentes con la legislación y los Programas de Desarrollo Urbano;

10. Proponer a la Legislatura del Estado, la fundación o desaparición de centros de población, la expedición de declaratorias de provisiones, así como la asignación de las categorías político-administrativas de las localidades, dentro de los límites de su jurisdicción;

11. Solicitar a la Secretaría la inscripción de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

12. Participar en la gestión y promoción de financiamiento para la implementación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio;

13. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios;

14. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Zonas Metropolitanas y Conurbaciones, en el marco de derechos humanos, en colaboración con la Secretaría;

15. Controlar y evaluar los programas de inversión pública en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda del gobierno municipal, vigilando el cumplimiento de los mismos;

16. Celebrar con la Federación, el Estado, con otros municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;

17. Promover y ejecutar obras para que los habitantes del Municipio cuenten con una vivienda digna, equipamiento, infraestructura y servicios públicos adecuados;

18. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos;

19. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos;

20. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de áreas y predios;

21. Autorizar los fraccionamientos y condominios, así como la ejecución de obras de urbanización en los mismos, previo cumplimiento por parte de los fraccionadores o promoventes de condominio, de las obligaciones que les señala este Código y la autorización correspondiente;

22. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización de los fraccionamientos y condominios;

23. Controlar y vigilar que los fraccionadores o promoventes de condominio cumplan con lo dispuesto en la legislación y los programas de desarrollo urbano;

24. Verificar que los fraccionadores y promoventes de condominios hayan cubierto las obligaciones fiscales estatales y municipales, así como las donaciones respectivas;

25. Autorizar la propaganda y publicidad que los fraccionadores o promoventes de condominio utilicen, siempre y cuando el fraccionamiento o condominio cuente con la autorización formal del Ayuntamiento;

26. Autorizar a los fraccionadores o promoventes de condominio, la venta de lotes, predios, áreas, viviendas o locales, previo el cumplimiento de los requisitos legales;

27. Llevar el registro de las colonias, fraccionamientos, condominios, barrios y zonas urbanas en el Municipio, así como de las asociaciones que sus habitantes integren;

28. Autorizar la relotificación de los fraccionamientos y la modificación de las especificaciones de sus obras o etapas de urbanización, conforme a los criterios que establezca este Código y la demás legislación aplicable;

29. Dictaminar las obras de urbanización terminadas de los fraccionamientos y condominios, previo el cumplimiento de los requisitos legales;

30. Determinar las áreas y predios que deberán donar los fraccionadores y promoventes de condominios al Municipio, de conformidad con los criterios establecidos en el presente Código;

31. Determinar el aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos y condominios, en congruencia con lo dispuesto en este Código y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

32. Municipalizar los fraccionamientos, cuando se hayan cubierto los requisitos legales;

33. Vigilar que en los fraccionamientos que no hayan sido municipalizados, los fraccionadores presten adecuada y suficientemente los servicios a que se encuentran obligados conforme a este Código y la autorización respectiva;

34. Controlar que los fraccionadores y promoventes de condominio constituyan las garantías que, a favor del Ayuntamiento, correspondan respecto de las obras de urbanización;

35. Promover o ejecutar fraccionamientos populares o de interés social y condominios de orden público;

36. Impedir, en coordinación con la Secretaría, el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y de fraccionamientos o condominios al margen de la Ley;

37. Controlar que el desarrollo urbano municipal sea equilibrado y sustentable, para que beneficie en forma efectiva a las diferentes partes del Municipio, evaluando periódicamente los resultados obtenidos;

38. Expedir las constancias municipales de compatibilidad urbanística.

Para lo que habrá de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en ésta y en las demás normas aplicables. En todos los proyectos a construir que se le presenten deberá exigir el uso de sanitarios y mingitorios ecológicos;

39. Autorizar fraccionamientos, lotificación, desmembración, relotificación, subdivisión y fusión de terrenos;

40. Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la legislación y programas aplicables;

41. Vigilar y promover el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda en el ámbito de su competencia;

42. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por disposiciones contenidas en leyes de carácter general y federal;

43. Solicitar la incorporación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Urbano a cargo de la Secretaría;

44. Informar y difundir anualmente sobre la aplicación y ejecución de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

45. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales programas en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;

46. Resolver sobre los recursos administrativos que conforme a su competencia les sean planteados, y

47. Las demás que les señale la Ley General, este Código y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Para el desarrollo de sus funciones los Ayuntamientos podrán solicitar asesoría, apoyo o acompañamiento técnico por parte de la Secretaría.

Artículo 15. Los Ayuntamientos, de conformidad con la competencia que les otorga este Código en materia de desarrollo urbano y vivienda, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos de la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, podrán convenir con el Gobierno del Estado la coordinación que en cada caso corresponda, a efecto de que éste ejerza por un tiempo y materia determinados las atribuciones que les competan a éstos. Los convenios que al efecto se suscriban serán publicados en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Artículo 16. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos promoverán la celebración de acuerdos y convenios de coordinación y concertación con los sectores público y privado a efecto de ejercer las atribuciones que les otorga este Código, así como para fomentar la realización de acciones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano y de vivienda.

Capítulo V

Coordinación, Concertación y Concurrencia

Artículo 17. Las atribuciones concurrentes que en materia de este Código les correspondan tanto a autoridades estatales como municipales, serán ejercidas de manera coordinada y concertada en los ámbitos de su competencia.

La coordinación y concertación que en materia de este Código se suscite por parte de los órganos de gobierno local y municipal, con el Gobierno Federal, se sujetarán a las disposiciones previstas en el presente ordenamiento, la Ley General y las demás leyes que de manera supletoria apliquen para tal fin.

Artículo 18. La Secretaría, con la participación de las dependencias y entidades podrá celebrar convenios de concertación y colaboración con otras entidades federativas a fin de formular, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Artículo 19. Los Ayuntamientos, a través del presidente municipal, podrán suscribir convenios de coordinación y concertación con la Secretaría, con el propósito de que el Estado asuma el ejercicio de funciones que en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano y vivienda que les corresponden a los municipios, o bien, para que éstos asuman las funciones o servicios que le correspondan al Estado en las mismas materias.

Los convenios señalados en el párrafo anterior deberán ser aprobados en sesión de cabildo por las dos terceras partes de los miembros que integran el cabildo y serán publicados en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, y su inicio de vigencia será posterior a su publicación.

TÍTULO TERCERO

ÓRGANOS AUXILIARES

Capítulo I

Disposiciones Comunes

Artículo 20. Son órganos auxiliares de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:

1. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

2. Las Comisiones de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación que se constituyan en el Estado;

3. El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano o de Conurbación;

4. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y

5. Los Institutos Municipales, Metropolitanos o Regionales en materia de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Además de los órganos antes señalados se podrán conformar comisiones especiales de temas relacionados con resiliencia, movilidad y espacio público.

Artículo 21. En la conformación de los órganos auxiliares deberá atenderse a los principios de participación ciudadana, equidad de género y pluralidad. En ellos participarán representantes del sector social, gubernamental, colegios de profesionistas, instituciones académicas y órganos empresariales del sector.

Los miembros de los órganos consultivos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función y contarán con el apoyo técnico necesario para su labor.

Artículo 22. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos proveerán de información oportuna y veraz a los órganos auxiliares para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23. Todas las opiniones y recomendaciones de los órganos consultivos serán públicas y deberán estar disponibles en los medios de comunicación electrónica que se dispongan para ello.

Artículo 24. Cada uno de los órganos consultivos deberá (sic) operar un sistema de recepción de sugerencias, proyectos, acciones y medidas de seguridad en, al menos, las siguientes materias:

1. La formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus modificaciones, así como en aquellos mecanismos de planeación simplificada, en los términos de este ordenamiento;

2. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos;

3. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;

4. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de zonas populares de los centros de población y de las comunidades rurales e indígenas;

5. La protección del patrimonio cultural y natural de los centros de población;

6. La preservación del ambiente en los centros de población, y

7. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población.

Capítulo II

Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Artículo 25. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es un órgano público de carácter técnico consultivo de conformación plural y participación ciudadana, convocado y coordinado por la Secretaría, para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, el cual funcionará permanentemente en su sede de la Ciudad Capital del Estado o en su zona conurbada y con jurisdicción en toda la Entidad.

Artículo 26. El Consejo Estatal se integra por:

1. Una Presidencia, que ostentará el Titular del Ejecutivo;

2. Una Vicepresidencia, que ostentará el Titular de la Secretaría;

3. Una Secretaría Técnica, que será la o el servidor público que designe el Titular de la Secretaría;

4. Vocales permanentes, quienes serán los titulares de:

1. La Secretaría de Obras Públicas;

2. La Secretaría General de Gobierno;

3. La Secretaría de Desarrollo Social;

4. La Secretaría de Finanzas;

5. La Secretaría de la Función Pública;

6. La Coordinación Estatal de Planeación;

7. La Secretaría de Educación;

8. La Secretaría de Turismo;

9. La Secretaría del Agua y Medio Ambiente;

10. La Secretaría del Campo;

11. La Secretaría de la Mujer;

12. La Secretaría de Economía;

13. La Secretaría de Seguridad Pública;

14. La Junta de Monumentos;

15. La Dirección de Protección Civil Estatal;

16. La Dirección de Catastro y Registro Público;

17. El Instituto de Cultura Física y Deporte;

18. La JIAPAZ, y

19. El Instituto de la Juventud del Estado;

5. Como Vocales permanentes, representantes de:

1. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Zacatecas;

2. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda;

3. Un representante del Colegio de Arquitectos de Zacatecas A.C.;

4. Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas A.C.;

5. Un representante del Colegio de Posgraduados en Restauración, Conservación y Gestión del Patrimonio Histórico Cultural del Estado;

6. Un representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas del Estado de Zacatecas;

7. Las instituciones académicas relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, y

8. Un representante por cada observatorio ciudadano u organización de la sociedad civil legalmente constituida relacionada con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

6. Serán vocales eventuales los presidentes municipales cuando se traten asuntos relacionados con el respectivo municipio, y

7. Los demás representantes que se establezcan en el Reglamento Interior del Consejo.

Se invitará a participar a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Artículo 27. El presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

El Reglamento Interior del Consejo definirá la forma de elección de los representantes de los colegios de profesionistas, de las cámaras empresariales y del sector académico, con perspectiva de género, además de establecer la organización y funcionamiento interno, así como la creación de comisiones especializadas para la atención de cada uno de los asuntos.

Los vocales del orden gubernamental podrán ser suplidos en sus ausencias por los subsecretarios y directores que tengan a su cargo las materias relacionadas con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda.

Las sesiones se efectuarán de manera trimestral y se requerirá de la presencia como mínimo de la mitad más uno de los integrantes de dicho Consejo.

En los términos de lo previsto en las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, las actas y los acuerdos de las sesiones del Consejo serán públicas.

Artículo 28. El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

1. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda;

2. Emitir opiniones y propuestas sobre los Planes Nacionales y Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de Vivienda;

3. Promover la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere este Código;

4. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en la promoción y difusión de los programas de la materia;

5. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que, por su importancia, ameriten ser sometidos a consulta pública o a cualquier otro mecanismo de participación ciudadana;

6. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

7. Promover el establecimiento de reservas territoriales para el desarrollo urbano e industrial y la vivienda, que coadyuven a normar el crecimiento de los centros de población, aprovechando al máximo la aptitud del suelo;

8. Promover y participar en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra;

9. Proponer la realización de estudios e investigaciones en materia de este Código;

10. Recomendar a las instancias competentes la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

11. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno, así como con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;

12. Proponer y propiciar la colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y vivienda;

13. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos, estudios y acciones específicas en materia de este Código;

14. Informar a la sociedad sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y vivienda;

15. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

16. Expedir su Reglamento Interno, y

17. Las demás que disponga su Reglamento Interno y que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo III

Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación

Artículo 29. La Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación tendrá el carácter de mecanismo de coordinación institucional y de concertación de cuestiones relativas a la planeación urbana, prestación (sic) servicios públicos municipales, de domicilio fiscal, acciones e inversiones con los sectores público y privado.

Artículo 30. Las Comisiones de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación se integrarán por:

1. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría;

2. Un Secretario Técnico que será el servidor público que designe el Titular de la Secretaría;

3. Los Presidentes Municipales en donde se localice la zona metropolitana o conurbación, y

4. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado.

Artículo 31. Las Comisiones Metropolitanas y de Conurbación tendrán las siguientes atribuciones:

1. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar y evaluar el programa de ordenación de la Zona Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, así como gestionar su cumplimiento;

2. Gestionar ante las autoridades municipales, estatales y, en su caso, federales, el cumplimiento en el ámbito de su competencia, de las decisiones que se hayan tomado;

3. Opinar sobre las obras de infraestructura y equipamiento urbano que por su importancia deba conocer la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y de Conurbación, a criterio de los miembros de la misma;

4. Proponer el criterio o resolución cuando entre los gobiernos estatal y municipales, exista diferencia de opinión en cuanto al tratamiento de un asunto en materia de desarrollo urbano en la zona metropolitana o conurbada;

5. Crear para asesoramiento y apoyo los grupos técnicos necesarios, a los que se les asignarán sus atribuciones en el reglamento interior respectivo;

6. Analizar las observaciones o proposiciones que le formule el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y Conurbado, respecto al desarrollo urbano de la zona metropolitana y conurbada;

7. Promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas metropolitanos;

8. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo metropolitano;

9. Determinar los criterios para la alineación y congruencia de los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que se postulen a algún instrumento de financiamiento para el desarrollo metropolitano, con los planes y programas que rigen en la materia;

10. Establecer los criterios para la realización de estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que se presentarán a la consideración ante las instancias establecidas en los lineamientos de operación de fondos federales o algún instrumento de financiamiento para el desarrollo metropolitano;

11. Revisar que los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento se encuentren claramente delimitados y localizados dentro del perímetro urbano de cada Zona Metropolitana o Conurbada;

12. Establecer los criterios para determinar el impacto metropolitano que deberán acreditar los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que se postulen para recibir recursos federales o algún instrumento de financiamiento para el desarrollo metropolitano;

13. Fomentar otras fuentes de financiamiento, adicionales a los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para fortalecer e impulsar el desarrollo de la respectiva Zona Metropolitana o Conurbada;

14. Identificar y proponer programas, proyectos, acciones, inversiones y obras en materia de reservas para el crecimiento urbano o territoriales, preservación natural y equilibrio ecológico, infraestructura para la movilidad, transporte urbano, equipamientos y servicios públicos de interés común a la zona metropolitana o conurbada, para su posterior implementación o ejecución;

15. Identificar áreas naturales, zonas, edificaciones o sitios patrimoniales e históricos que deban ser protegidos, por significar un patrimonio valioso para la Zona Metropolitana o Conurbada y acordar la ejecución de acciones, obras e inversiones encaminados a este fin;

16. Proponer auditorías y evaluaciones externas a los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que se seleccionen;

17. Proponer y propiciar la colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano;

18. Revisar los estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras de infraestructura y su equipamiento que no impacten directamente en el espacio territorial de su zona metropolitana o conurbada, pero que, con base en las evaluaciones costo-beneficio, impacto económico, social o ambiental y de conformidad con los programas de desarrollo regional, urbano y para el ordenamiento del territorio, se acredite su pertinencia y contribución al desarrollo de la zona metropolitana o conurbada correspondiente;

19. Mantener y actualizar un sistema permanente de seguimiento y evaluación del programa de ordenación de la zona metropolitana o conurbada, y

20. Las demás que disponga su Reglamento Interno y que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo IV

Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y de Conurbación

Artículo 32. El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y de Conurbación es un órgano consultivo en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, régimen de propiedad en condominio, medio ambiente y cambio climático, movilidad urbana sustentable, seguridad pública y el desarrollo social, entre otros, que tiene un impacto sobre el uso y aprovechamiento del territorio y tendrán como objeto primordial promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.

Artículo 33. Cada Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano o de Conurbación se integrará de la siguiente forma:

1. La Presidencia, a cargo de la persona titular de la Secretaría;

2. Una Secretaría Técnica, a cargo de la o el servidor público que determine el Presidente;

3. Como vocales, intervendrán:

1. El Presidente Municipal de cada uno de los municipios que integren la zona metropolitana;

2. La persona Titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente;

3. La persona Titular de la Coordinación Estatal de Planeación;

4. Las personas Titulares de los Organismos Operadores del Agua que correspondan;

5. Las personas Titulares de las áreas de Protección Civil de los Municipios que correspondan;

6. La persona titular de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado;

7. La persona Titular de la Subsecretaría de Transporte Público de la Secretaría General de Gobierno del Estado;

8. Un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Zacatecas;

9. Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda;

10. Un representante del Colegio de Arquitectos de Zacatecas, A.C.;

11. Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas, A.C.;

12. Un representante del Colegio de Posgraduados en Restauración, Conservación y Gestión del Patrimonio Histórico Cultural del Estado de Zacatecas, A.C.;

13. Un representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Zacatecas, A.C.;

14. Un representante de cada uno de los observatorios ciudadanos relacionados con el desarrollo metropolitano;

15. Un representante de organizaciones civiles, legalmente constituidas que se especialicen en materias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y

16. Un representante de las Instituciones Académicas relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Se invitará a participar a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el desarrollo urbano y desarrollo territorial, y demás representantes que se establezcan en el Reglamento Interior del Consejo.

Artículo 34. El presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría y, en caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.

El Presidente podrá invitar a otros representantes del sector público, privado, académico u otras organizaciones, en función de los temas o asuntos que se deban de tratar.

El Reglamento Interior de los Consejos definirá la forma de elección de los representantes de los colegios de profesionistas, de las cámaras empresariales y del sector académico, con perspectiva de género, además de establecer su organización, atribuciones y funcionamiento interno.

Los vocales del orden gubernamental podrán ser suplidos en sus ausencias por los subsecretarios y directores que tengan a su cargo las materias relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y metropolitano.

Los miembros de los consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función y contarán con el apoyo técnico necesario para realizar su labor.

Las sesiones se efectuarán de manera trimestral y se requerirá de la presencia, como mínimo, de la mitad más uno de los integrantes de dicho Consejo.

En los términos de lo previsto en las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, las actas y los acuerdos de las sesiones del Consejo serán públicas.

Artículo 35. El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano o de Conurbación tendrá las siguientes atribuciones:

1. Participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano;

2. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano que elaboren el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos;

3. Promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas;

4. Expedir su Reglamento Interno, y

5. Las demás que disponga su Reglamento Interno y que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo V

Institutos de Planeación Metropolitana

Artículo 36. Los municipios que conformen una zona metropolitana o conurbada, constituirán un Instituto de Planeación Metropolitana, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como suficiencia presupuestal para el desarrollo de sus actividades.

Los Institutos de Planeación Metropolitana serán órganos técnicos que proveerán de información, datos, estadísticas y demás recursos técnicos y científicos para la toma de decisiones respecto del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda de la zona metropolitana o conurbada que corresponda.

El instrumento de creación de los Institutos de Planeación Metropolitana deberá incluir, por lo menos, la conformación de sus órganos de gobierno y su dirección general, así como el desarrollo de sus atribuciones y requisitos de integración.

Capítulo VI

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Artículo 37. Los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial son órganos consultivos en materia de desarrollo urbano, vivienda, régimen de propiedad en condominio, medio ambiente y cambio climático, movilidad urbana sustentable, seguridad pública y el desarrollo social, entre otros, que tiene un impacto sobre el uso y aprovechamiento del territorio y tendrán como objeto primordial promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas.

Artículo 38. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se integra por:

1. Un Presidente, que será el Presidente Municipal;

2. Un Vicepresidente, que será el servidor público que designe el Presidente Municipal;

3. Un Secretario Técnico, que será el titular del área de Obras Públicas;

4. Vocales permanentes, que será (sic) cada uno de los representantes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, cuya competencia u objeto se relacione directamente con el desarrollo urbano, y

5. Los demás representantes que se establezcan en el Reglamento Interior del Consejo.

Artículo 39. El presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto. Las decisiones del Consejo Municipal se tomarán por mayoría y, en caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.

El Reglamento Interior del Consejo Municipal establecerá la organización y funcionamiento interno, así como la creación de comisiones especializadas para la atención de cada uno de los asuntos.

Los vocales del orden gubernamental podrán ser suplidos en sus ausencias por los servidores públicos que tengan a su cargo las materias relacionadas con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda.

Artículo 40. El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

1. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

2. Emitir opiniones y propuestas sobre los Planes Nacionales, los Programas Estatales y Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, y de Vivienda;

3. Promover la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de los programas municipales a que se refiere este Código;

4. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y programas de la materia;

5. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que, por su importancia, ameriten ser sometidos a consulta pública o a cualquier otro mecanismo de participación ciudadana;

6. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

7. Proponer la realización de estudios e investigaciones en materia de este Código;

8. Celebrar convenios con dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno, así como con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;

9. Proponer y propiciar la colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

10. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos, estudios y acciones específicas en materia de este Código;

11. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

12. Expedir su Reglamento Interno, y

13. Las demás que disponga su Reglamento Interno y que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo VII

Autoridades Auxiliares

Artículo 41. La Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Finanzas, así como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y las oficinas catastrales, de acuerdo a sus competencias, coadyuvarán con las autoridades en la aplicación de este Código y de los programas y declaratorias que se expidan en materia de desarrollo urbano y de vivienda.

Capítulo VIII

Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 42. Es un derecho de todas las personas obtener información gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de planeación urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de áreas y predios en sus propiedades, barrios, fraccionamientos, colonias y condominios.

Artículo 43. Las autoridades estatales y municipales, así como los órganos auxiliares, tienen la obligación de informar con oportunidad y veracidad de las disposiciones señaladas en el artículo anterior, además de reconocer y respetar las formas de organización social, de conformidad con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública vigente.

La difusión y disposición de la información pública señalada en el párrafo anterior deberá ser accesible para su consulta a través de los medios remotos y físicos que resulten adecuados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, resguardando, en su caso, los datos personales protegidos por las leyes correspondientes.

Artículo 44. La Secretaría y los Ayuntamientos, en colaboración con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, formularán y ejecutarán políticas y programas con la finalidad de brindar información en medios físicos y remotos en aquellos polígonos en los que se otorguen autorizaciones, permisos y licencias urbanísticas. Deberán privilegiar la oportunidad de la información y el impacto esperado de dichas autorizaciones, permisos y licencias.

La publicación en medios físicos deberá realizarse en espacios de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas, mercados, oficinas públicas, espacios deportivos y de recreación, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento.

Artículo 45. En caso de omisión respecto de la información pública señalada en el presente capítulo o bien, en caso de que las autoridades negaran el acceso a tal información, los ciudadanos podrán promover los procedimientos y recursos establecidos en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública vigente en el Estado.

Capítulo IX

Sistema de Información Territorial y Urbano

Artículo 46. Se crea el Sistema de Información Territorial y Urbano, el cual tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la Entidad.

La información que se produzca por este Sistema deberá ser proporcionada veraz y oportunamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el fin de alimentar el Sistema de Información Territorial y Urbano establecido en la Ley General.

El informe anual que rindan el Titular del Ejecutivo y los Ayuntamientos, en términos de la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Municipio del Estado, deberá incluir un apartado específico en el que se detalle el avance en el cumplimiento de los programas estatales y municipales, según corresponda, en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, especificando la ejecución de los proyectos, obras, inversiones y servicios planteados en los mismos.

Capítulo X

Observatorio Ciudadano

Artículo 47. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, así como los Ayuntamientos, promoverán la creación y funcionamiento de Observatorios Ciudadanos, que tendrán a su cargo analizar la evolución de los fenómenos socio espaciales en escala, ámbito, sector o fenómeno que corresponda, movilidad urbana, según los objetivos que se fijen en su decreto de creación, así como el estudio de las políticas públicas en las materias de este Código; la investigación de nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión del espacio público; la elaboración de indicadores y sistemas de información geográfica; y la difusión sistemática y periódica de los productos obtenidos en el observatorio que corresponda.

Artículo 48. Los Observatorios Ciudadanos contarán con la asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno estatal o municipal, según corresponda.

Cada Observatorio Ciudadano se integrará por, no menos, de tres ni más de treinta ciudadanos, que durarán en su encargo tres años, con posibilidad de volver a integrar hasta en dos ocasiones más el observatorio. Debiendo dejar el cargo, por lo menos, un periodo de tres años para una posterior conformación. Los integrantes que sean parte de la administración pública no excederán el 30% de los integrantes del observatorio.

Artículo 49. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, y los Ayuntamientos, deberán emitir convocatoria pública para la integración de su Observatorio Ciudadano correspondiente, garantizando la máxima publicidad en el proceso.

Dentro de los treinta días previos a la renovación de los integrantes del Observatorio Ciudadano que corresponda, la Secretaría y los Ayuntamientos, respectivamente, deberán emitir la convocatoria a que se refiere el párrafo anterior.

La convocatoria deberá contener los plazos a que habrá de sujetarse el procedimiento de elección de los integrantes, así como los requisitos que deberán presentar a fin de acreditar:

1. Su nacionalidad y, en su caso, permanencia legal en el país;

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

3. Su ocupación o profesión;

4. Su voluntad de integrar el Observatorio Ciudadano, y

5. Si pertenece o no a algún colegio de profesionistas, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil o gobiernos estatal o municipal.

Artículo 50. La Secretaría y los Ayuntamientos, respectivamente, seleccionarán a los ciudadanos que integrarán el observatorio, garantizando los principios de pluralidad, paridad de género e idoneidad. Se deberá procurar que los integrantes cuenten con aptitudes y habilidades que permitan alcanzar los objetivos de los observatorios. Ninguna persona podrá integrar más de un Observatorio Ciudadano al mismo tiempo.

Sus cargos serán honorarios, adquiriendo el carácter de observadores ciudadanos, por lo que deberán ser acreditados por la Secretaría o los Ayuntamientos, según corresponda.

TÍTULO CUARTO

DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Capítulo I

Planeación Urbana

Artículo 51. Para efectos de este Código, se entiende por planeación urbana, la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en la Entidad, mediante acciones públicas y privadas, inversiones, obras y servicios previstos y programados en materia de fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población con el propósito (sic) alcanzar el desarrollo urbano estatal y municipal, de conformidad con lo que establece este Código y a los objetivos, metas, políticas e instrumentos previstos en los planes de desarrollo nacional, estatal y municipales.

Artículo 52. La planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la Entidad estará a cargo del Estado y los Municipios, en forma concurrente, con base en las disposiciones de la Ley General y este Código.

Artículo 53. La planeación y regulación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y la ordenación de los asentamientos humanos, constituyen las acciones fundamentales para lograr un desarrollo armónico y equilibrado en todo el territorio estatal.

Artículo 54. La planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano estatal, municipal, de centros de población, de zonas metropolitanas y de zonas conurbadas, forma parte de la planeación del desarrollo integral, como una política trasversal que coadyuva al logro de los objetivos de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo.

Capítulo II

Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 55. La planeación del desarrollo urbano en la Entidad se llevará a cabo a través de un Sistema Estatal, integrado por los siguientes instrumentos de planeación para definir y orientar la inversión pública e inducir las obras, acciones e inversiones de los sectores público y privado:

1. Básicos:

1. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

2. Los programas de zonas metropolitanas;

3. Los programas de desarrollo urbano de conurbaciones interestatales e intraestatales, y

4. Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

2. Derivados:

1. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población;

2. Los programas parciales de desarrollo urbano;

3. Los programas sectoriales de desarrollo urbano;

4. Los programas regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

5. Los programas subregionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

6. Esquemas de planeación simplificada, y

7. Centros de servicios rurales.

En materia de movilidad urbana, se incorporará a todos los instrumentos de planeación del Sistema y dentro de los programas sectoriales incluyendo los planes integrales de movilidad urbana sustentable, el cual estará regulado por la ley en la materia.

Los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial serán congruentes entre sí, tanto en sus ámbitos jerárquicos, vertical, como en los aspectos sectoriales, horizontal. Lo anterior podrá lograrse por medio de los dictámenes de congruencia.

Artículo 56. Los programas de desarrollo urbano básicos son aquellos que establece la Ley General como indispensables para la planeación urbana local y los programas derivados son los que se desprenden de los básicos y tienen como finalidad regular partes de los centros de población o un sector del ordenamiento territorial y desarrollo urbano con un mayor detalle físico o técnico, serán de carácter obligatorio y deberán incorporarse al sistema de información territorial y urbano.

Artículo 57. Los programas locales de desarrollo urbano serán congruentes con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los Planes Estatal y municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de ordenamiento ecológico y normas oficiales mexicanas en la materia, de prevención de riesgos y resiliencia, los atlas de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial, así como el marco general de leyes, reglamentos y normas.

Artículo 58. Los programas de desarrollo urbano previstos en este Código, contendrán los elementos básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa; dichos elementos deberán comprender:

1. Introducción: Que deberá contener las circunstancias objetivas del área geográfica que habrá de cubrir el programa en que se sustente la necesidad y los propósitos del programa, así como el marco jurídico aplicable;

2. La delimitación de los centros de población: Incluye el área urbanizada; el área urbanizable que es el espacio geográfico de reserva para la expansión ordenada a largo plazo que considere estimaciones de crecimiento; área no urbanizable; áreas naturales protegidas y la red de la estructura vial para lograr una adecuada movilidad urbana;

3. Diagnóstico integral: Apartado en el que se analizarán la situación actual y las tendencias de clasificación por área o sector, del desarrollo urbano que comprenda el programa, en sus aspectos físico natural, socioeconómicos, de movilidad, de riesgos, patrimonio, imagen urbana, vivienda y suelo, identificando claramente el estado y la ubicación que guardan los sistemas de equipamiento, espacio público, movilidad, de redes de infraestructura y calidad de los servicios como agua, drenaje y energía eléctrica; así como el pronóstico tendencial y normativo que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo;

4. Objetivos y metas: En los que se contemplarán los propósitos o finalidades que se pretenden alcanzar con la ejecución del programa respectivo;

5. Estrategias: En las que se establecerán los lineamientos y políticas del programa y las alternativas para la ejecución a mediano y largo plazo, su evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario deseado que articulen los distintos ordenamientos y programas de desarrollo social, económico, urbano, de movilidad que incluyan infraestructura con accesibilidad y diseño universal, la movilidad destinada al uso de bicicletas, estacionamientos, paraderos de transporte público, turístico, cultural, ambiental y la consideración de aquellas acciones que mitiguen el cambio climático que impacten en su territorio, así como la congruencia con los atlas de riesgos y otros instrumentos que regulan la ocupación del territorio;

6. Programas de inversión: En las que se preverán los recursos disponibles para alcanzar los lineamientos programáticos, y se precisarán las acciones, obras o servicios a alcanzar en el corto, mediano y largo plazos, así como los proyectos estratégicos, en las que se contendrán las prioridades del gasto público y privado, mencionando los proyectos específicos que deberán ejecutarse de manera prioritaria indicando la dependencia responsable de su ejecución;

7. Seguimiento y evaluación: Para la determinación de metas y los mecanismos y periodos para la medición de resultados: Contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas, que permitan la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización, evaluación y los indicadores para dar seguimiento de la aplicación y cumplimiento de los objetivos del programa, y

8. Anexo gráfico: Que expresará en una forma descriptiva y clara del contenido básico del programa y que es parte del sistema de información territorial.

La estructura y contenido de los programas de desarrollo urbano podrán adecuarse a las características del ámbito territorial o sectorial de su aplicación, así como a la capacidad técnica y administrativa de las autoridades encargadas de elaborarlos y ejecutarlos.

La participación del sector privado en los diversos programas del Sistema, en sus diversas etapas se dará aviso público del inicio del proceso de planeación, en donde también se especificará el plazo y calendario de audiencias y la forma electrónica, a través de sitios webs de los planteamientos y las respuestas a las propuestas.

Artículo 59. Corresponde a las autoridades respectivas, con las formalidades que determina este Código, elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar, en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los siguientes programas:

1. Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: Al Titular del Ejecutivo a través de la coordinación que establezca la Secretaría con otras dependencias y entidades estatales y federales, con los ayuntamientos y el Consejo Estatal;

2. De Ordenamiento de Zonas Metropolitanas y Conurbaciones Intraestatales, Submetropolitanos y derivados incluyendo los de movilidad metropolitana o conurbada: A la Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación;

3. Municipales, de Centros de Población, Sectoriales, Parciales, Esquemas de Planeación Simplificada y de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Servicios Rurales: A los Ayuntamientos y con la opinión que establezcan sus Presidentes Municipales con el Gobierno del Estado, el Consejo Estatal, el Consejo Municipal respectivo y, en su caso, con la Federación, y

4. Regionales y Subregionales: Al Estado y Municipios a través de las dependencias que se señalen en los convenios que al efecto se suscriban.

Todos los programas quedarán sujetos a un proceso permanente de control y evaluación.

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este artículo tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Sección Primera

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 60. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el instrumento rector en esta materia en el Estado, y en él se establecerán las políticas generales, estrategias y acciones para el desarrollo urbano y la ordenación de los asentamientos humanos en el territorio local y constituirá el marco de referencia para guiar y dar congruencia a las acciones de la administración pública estatal, así como las que se realizan con la participación de los Municipios, la Federación y los particulares mediante los mecanismos correspondientes. Tiene por objetivo organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del territorio de modo que éste contribuya al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo.

El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deberá contener, además de lo establecido en la Ley General, lo siguiente:

1. Incluir en su contenido un análisis y los lineamientos generales de articulación y congruencia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, con el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas que incidan en el ámbito territorial del Estado, así como el marco general de leyes, reglamentos y normas de ámbitos territoriales;

2. La integralidad y multidimensionalidad de la política de ordenamiento territorial, reconocimiento de la diversidad del territorio en la formulación del programa, su carácter prospectivo-estratégico del modelo territorial a alcanzar y el carácter democrático del proceso;

3. El marco de referencia metodológico será:

1. La fase preliminar y de prediagnóstico de la detección y valoración inicial de problemas territoriales;

2. La fase de análisis y diagnóstico del sistema territorial, el diagnóstico y caracterización, la identificación de potencialidades y limitaciones, problemas, unidades de integración, sus tendencias, objetivos, metas, resultados deseados previo pronóstico tendencial y normativo, entre la situación actual y el escenario deseado a largo plazo. Lo que se resume en un diagnóstico integral del sistema territorial;

3. La fase de planeación territorial, que incluye la construcción de la visión prospectiva o diseño de escenarios, la formulación de objetivos. La formulación de estrategias, su implementación, la manera de ser evaluada y seleccionada para que mejore las condiciones establecidas en el diagnóstico y mejorar sus tendencias y diseñar el escenario deseado;

4. Las acciones y proyectos estratégicos de carácter estatal;

5. Los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados;

6. Los instrumentos para el cumplimiento del programa;

7. La fase de gestión, y

8. El Programa definirá el Sistema Estatal Urbano que comprende:

1. La distribución general de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal, y

2. Las áreas geográficas, los centros de población, y los sectores prioritarios.

Sección Segunda

Programas de Ordenamiento de Zonas Metropolitanas y Conurbadas

Artículo 61. Los programas de ordenación de zonas metropolitanas y conurbadas interestatal e intermunicipal tienen como finalidad compatibilizar los objetivos y políticas de los programas estatal y municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para ordenar y regular los asentamientos humanos, ubicados en centros de población de dos o más municipios de la Entidad, a través de las medidas de crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación en aquellas acciones de interés común comprendidas en la zona metropolitana y conurbada.

Además de los elementos señalados en la Ley General, los programas de zonas metropolitanas y conurbadas deberán contener los elementos que permitan la articulación de estos instrumentos con el resto de los planes y programas de desarrollo urbano, particularmente en la esfera normativa (zonificación primaria), grandes sistemas de infraestructura, equipamientos regionales y zonas con valor ambiental.

Artículo 62. Podrán existir Programas Submetropolitanos, que aborden con mayor detalle las problemáticas de impacto en toda la zona metropolitana o conurbada, relevantes en el ámbito específico, mismos que deberán de ser congruentes con las zonas metropolitanas o de conurbaciones.

Artículo 63. Los programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales y metropolitanas se regirán por lo dispuesto en la Ley General y la declaratoria de conurbación respectiva.

Sección Tercera

Programas Municipales

Artículo 64. Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tendrán por objetivo el desarrollo urbano de los centros de población ubicados en el municipio respectivo y contendrán los criterios para la zonificación y las líneas de acción para la ordenación y regulación de dichos centros e incluirán lo siguiente:

1. Un diagnóstico y una estrategia de ocupación del territorio municipal tendiente a regular y ordenar los asentamientos humanos;

2. Vincular e integrar la planeación socioeconómica y los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local;

3. Identificar los centros de población del municipio, así como prever la organización y el desarrollo de su infraestructura básica;

4. Mejorar las condiciones y la calidad de vida en los asentamientos humanos;

5. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;

6. Integrar la política ambiental, forestal y agropecuaria municipal;

7. Proponer las políticas, programas, acciones, proyectos e inversiones que garanticen la movilidad urbana sustentable;

8. Prever las reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, y

9. Prevenir los riesgos y contingencias ambientales y urbanas en el municipio.

Sección Cuarta

Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población

Artículo 65. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población son el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y planear la zonificación, las reservas, usos y destinos de su territorio, organizar el funcionamiento de sus áreas de crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación, así como establecer las bases para la programación de proyectos, acciones, obras y servicios a proyectar, programar, presupuestar, ejecutar, mantener, conservar y operar.

Los programas de desarrollo urbano señalarán los requisitos, efectos y alcances a que se sujetarán las acciones de crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y dispondrán, con base en este Código, las normas específicas, para:

1. La asignación de usos, reservas y destinos compatibles que permitan fomentar el uso mixto;

2. La formulación y el contenido de los programas parciales, esquemas de planeación simplificada y de programas de desarrollo urbano de centros de servicios rurales;

3. Definir los proyectos, acciones, obras y servicios;

4. La celebración de convenios con las dependencias y entidades públicas y la concertación de acciones con las representaciones del sector privado;

5. La adquisición, destino y asignación de inmuebles por parte de los gobiernos estatal y municipales;

6. La promoción de estímulos y la prestación de asistencia y asesoría técnica, y

7. Las demás que se consideren necesarias para la eficacia de las acciones de desarrollo urbano.

Sección Quinta

Programas Parciales de Desarrollo Urbano

Artículo 66. Los Programas Parciales se derivan de los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, o de una zona metropolitana o conurbada, a fin de regular de manera detallada un área o zona comprendida dentro de los mismos, u ordenar una zona en específico dentro de los programas de desarrollo urbano de nivel superior.

Estos programas permitirán la conformación de conjuntos urbanos y barrios integrales en zonas colindantes a las áreas urbanas existentes y que sean parte de un centro de población, de una zona metropolitana o conurbada.

En la conformación de conjuntos urbanos y barrios integrales se deberán observar los siguientes criterios:

1. Desarrollar barrios que promuevan la caminata;

2. Priorizar las redes de transporte no motorizado;

3. Crear redes densas de calles;

4. Localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad;

5. Planear para usos de suelo mixtos;

6. Optimizar la densidad y la capacidad del transporte público;

7. Crear áreas compactas con viajes cortos, y

8. Aumentar la movilidad regulando el uso del estacionamiento y calles.

Estos instrumentos no se podrán elaborar en zonas alejadas de las áreas urbanas existentes, sino que serán parte de un centro de población, zona metropolitana o conurbada; deberá incluir las zonas no urbanizables por restricciones urbanas por topografía, por delimitación de derechos de vía, las de riesgos para los asentamientos humanos, por ser parte del patrimonio cultural y natural y por las limitantes de disponibilidad de agua y desalojo de descargas en el sitio y fijará las restricciones de las zonas aptas para ocupación urbana.

Los proyectos o acciones de crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, se considerarán como programas parciales o sectoriales de desarrollo urbano, podrán integrar los planteamientos sectoriales del desarrollo urbano, en materias tales como centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras y deberán contener los requisitos señalados en este Código.

Sección Sexta

Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano

Artículo 67. Los programas sectoriales de desarrollo urbano son el conjunto de acciones dirigidas a regular elementos, componentes y acciones del desarrollo urbano, tales como el suelo, la vivienda, la movilidad urbana, la resiliencia, el espacio público, el equipamiento, la infraestructura, los servicios, el medio ambiente, el patrimonio natural y cultural, la imagen urbana y otros análogos.

Artículo 68. Los programas sectoriales en materia de suelo, vivienda, movilidad urbana, resiliencia, espacios públicos, equipamiento, infraestructura, servicios, medio ambiente, patrimonio natural y cultural, imagen urbana, en ningún caso podrán plantear objetivos o establecer acciones e inversiones fuera de las áreas urbanas o urbanizables de dichos centros, señalados en la zonificación primaria que de los centros de población establezcan los programas estatales, municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de zona metropolitana y conurbada y de centros de población.

Sección Séptima

Programas Regionales y Subregionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 69. Los Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano deberán estar articulados y ser congruentes con los proyectos, las acciones, obras y servicios que en esta materia deban realizarse en las regiones establecidas por el COPLADEZ y aquellas que abarquen territorio de municipios que correspondan a otras entidades federativas, en aquellos asuntos de interés común, en los términos de los convenios que para tal efecto se celebren entre los municipios y estados involucrados.

Los programas regionales tienen por objetivo integrar las visiones sectoriales para organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del territorio de modo que éste contribuya al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo.

Su contenido caracterizará y diagnosticará integralmente el territorio; identificará las potencialidades, las problemáticas y los conflictos territoriales; establecerá las políticas a implementar, las estrategias a seguir y las acciones a realizar por cada instancia para la consecución de los objetivos del ordenamiento territorial:

1. Generar un modelo de ordenamiento territorial que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo socioeconómico en la región;

2. Definir políticas, objetivos y estrategias a seguir para lograr el modelo de ocupación territorial en la región, y

3. Generar una base de datos cartográfica y estadística en la región.

Artículo 70. Los programas subregionales de desarrollo urbano perseguirán los mismos objetivos y políticas que los programas regionales, y se orientarán a ordenar y regular los asentamientos humanos o las actividades socioeconómicas de una zona, que abarque parte o la totalidad de dos o más municipios del Estado.

Artículo 71. Con base en los estudios y lineamientos establecidos en los programas de desarrollo urbano, el Titular del Ejecutivo o el Ayuntamiento correspondiente, podrán declarar espacios destinados a la conservación o manejo, respecto de aquellos predios o zonas que lo requieran por su ubicación, extensión, calidad o por la influencia que tengan en la ordenación del territorio y el desarrollo urbano.

TÍTULO QUINTO

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Capítulo I

Suelo Urbano

Artículo 72. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, el ejercicio del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles ubicados en dichos centros se sujetará a las normas contenidas en los programas de desarrollo urbano correspondientes y, en su caso, a las declaratorias de provisiones y determinaciones de reservas, usos y destinos de áreas y predios.

Los programas y declaratorias a que se refiere el párrafo anterior, se regirán por las disposiciones de este Código y por los reglamentos y demás normas jurídicas aplicables.

Artículo 73. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a este Código.

Las tierras que se encuentren en explotación minera, agrícola o forestal o que sean aptas para estos tipos de explotación, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades, las que sólo podrán retirarse para ser incorporadas al proceso de crecimiento urbano de acuerdo con la legislación especial sobre esas materias y conforme a lo previsto en la Ley General y este Código.

Artículo 74. De acuerdo con lo establecido en este Código, el derecho de propiedad, el de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de áreas y predios serán ejercitados por sus titulares, de conformidad con los programas y declaratorias de provisiones y los programas de desarrollo urbano.

Artículo 75. De acuerdo a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las determinaciones de las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, serán de utilidad pública, interés y función social.

Artículo 76. Conforme a las disposiciones de este Código, la observancia de las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, así como de las construcciones realizadas, será obligatoria para los propietarios o poseedores, públicos o privados, de los bienes inmuebles, independientemente del régimen legal que los regule.

Artículo 77. De conformidad con lo previsto en este Código todos los actos, contratos y convenios relativos a la propiedad, posesión, aprovechamiento o cualquier otra forma jurídica de tenencia de inmuebles, no podrán alterar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios establecido (sic) en los programas de desarrollo urbano y declaratorias aplicables.

Serán nulos de pleno derecho y no producirán efecto jurídico alguno, aquellos actos que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 78. Previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación a la utilización de las áreas o predios de conformidad con lo previsto en este Código y en los programas de desarrollo urbano; los notarios y demás fedatarios públicos al autorizar las escrituras de los actos, contratos o convenios a que se refiere el artículo anterior, deberán señalarlas o insertarlas en los instrumentos públicos respectivos.

Los actos, contratos, convenios o afectaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la legislación, programas y a las declaratorias sobre provisiones, reservas, usos y destinos en materia de desarrollo urbano, no se podrán inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni en el Catastro.

Artículo 79. En los proyectos de conservación, mejoramiento y crecimiento que incluyan a propietarios y poseedores de inmuebles, éstos deberán cumplir con las obligaciones derivadas de los proyectos. Se podrán celebrar convenios entre sí, con la Federación, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos o con terceros para este efecto.

Artículo 80. En los términos de la legislación aplicable, el Gobierno del Estado podrá proceder a la expropiación por causa de utilidad pública de los inmuebles mencionados en el artículo anterior cuando los propietarios o poseedores no cumplan con las obligaciones o convenios respectivos.

Cuando las indemnizaciones no puedan ser inmediatas por la magnitud del importe total, serán cubiertas en la medida y plazos en que se capten los recursos provenientes del proceso de mejoramiento, conservación o crecimiento, por el Gobierno del Estado o por la persona de derecho público o privado, a cuyo patrimonio pasen los bienes expropiados.

Artículo 81. En el proceso de fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, se establecerán las siguientes disposiciones en los programas de desarrollo urbano o esquemas de desarrollo urbano.

1. La asignación de usos y destinos de áreas y predios compatibles;

2. Las consideraciones que apliquen por motivo de su impacto ambiental, urbano y vial;

3. La mezcla de usos del suelo mixtos, procurando integrar áreas habitacionales, comerciales y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial que permita la movilidad urbana priorizando al peatón, las personas con discapacidad, el ciclista, el transporte público masivo, el transporte de carga y público y el vehículo particular atendiendo la jerarquía de la movilidad;

4. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades del sector público y privado, de concertación de acciones particularmente en la dotación de infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana;

5. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público;

6. La construcción de vivienda adecuada, que cuente con infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana;

7. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;

8. La compatibilidad de los servicios públicos y la infraestructura de telecomunicaciones y de radiodifusión, en cualquier uso de suelo, para zonas urbanizables y no urbanizables;

9. La prevención, vigilancia y control de los procesos de ocupación irregular de las tierras, y

10. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación y mejoramiento.

Sección Primera

Fundación

Artículo 82. La fundación de un centro de población es la acción de crear o establecer un asentamiento humano en áreas o predios susceptibles de aprovechamiento urbano, a fin de impulsar el desarrollo integral y equilibrado de la Entidad.

Artículo 83. El Ejecutivo del Estado y los Municipios, dentro de sus provisiones urbanas, por sí mismos o en colaboración con los distintos sectores sociales, procurarán contar con reservas para el crecimiento urbano suficientes para prever el crecimiento de habitantes de nuevos centros de población en el Estado y solamente procederá por causa de utilidad pública establecida en este Código, que así lo justifique.

Para la fundación de centros de población se requerirá de decreto expedido por la Legislatura del Estado.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener las determinaciones sobre provisiones de tierras; ordenarlo a través de la formulación del programa de desarrollo urbano del centro de población para el asentamiento humano mayor a cinco mil habitantes, o bien, un esquema simplificado de planeación para población menor a la anterior y le asignará la categoría político administrativa al centro de población.

La fundación de centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y respetando primordialmente las áreas naturales protegidas, el patrimonio cultural y natural, así como las restricciones o limitaciones en el sitio, particularmente en temas de riesgos, patrón de asentamiento humano rural y las comunidades indígenas.

En los casos de fundación de centros de población, la delimitación comprenderá la provisión de suelo necesario para el asentamiento humano inicial y para el crecimiento a corto, mediano y largo plazos.

Del programa de centro de población o del esquema simplificado de planeación, podrá derivarse la elaboración de programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.

Artículo 84. La Legislatura del Estado podrá decretar la fundación de un centro de población, a iniciativa del Titular del Ejecutivo o los Ayuntamientos. En todos los casos, la Legislatura del Estado solicitará la opinión del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y del Consejo Estatal, así como del Ayuntamiento y del Consejo Municipal correspondiente.

Artículo 85. La fundación de un centro de población deberá planear su desarrollo urbano, determinando sus características, previendo los elementos necesarios de infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana, así como las áreas susceptibles de urbanizar, de reserva para crecimiento urbano y de suelo no urbanizable, y deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento urbano, suelo servido, evaluando su impacto ambiental, urbano y de conformidad con lo establecido en el presente ordenamiento y leyes complementarias.

Sección Segunda

Crecimiento

Artículo 86. El crecimiento es la acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población, mediante la determinación de las áreas de reservas territoriales en áreas susceptibles de urbanizar, conforme a lo dispuesto en la Ley General, este Código y los programas de desarrollo urbano.

Artículo 87. Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de acciones de crecimiento, establecerán las normas para:

1. La determinación de las áreas de expansión futura sobre áreas susceptibles de urbanizar;

2. La participación del Estado y de los municipios en la elaboración, aprobación, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación de los programas de centros de población, en donde las zonas de crecimiento puedan ser susceptibles para la elaboración de programas parciales y polígonos de actuación para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales o, a través de los cuales se incorporen porciones de la reserva a la expansión urbana con visión prospectiva y de largo plazo, se regule y prevea su crecimiento en cada etapa de desarrollo;

3. Las acciones encaminadas a la adquisición, de predios ubicados en las áreas a que se refieren las fracciones anteriores por parte del Estado y de los Municipios, con la participación del sector privado, a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades de tierra que plantee la dinámica de crecimiento de los centros de población, en los términos de este Código;

4. La previsión de suelo servido para formalizar la ocupación adecuada y dotación de infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbana, y

5. Se considerará suelo apto para crecimiento urbano aquel que favorezca la consolidación urbana y cuente con las condiciones para dotar de infraestructura en un corto plazo y esté contenido dentro de un programa de desarrollo urbano o esquema de desarrollo simplificado.

Sección Tercera

Mejoramiento

Artículo 88. El mejoramiento es la acción tendiente a ordenar en un centro de población las zonas de incipiente desarrollo o regenerar las deterioradas, física o funcionalmente.

Artículo 89. Los programas de desarrollo urbano para mejoramiento de los centros de población establecerán, además de lo previsto en este Código, las normas para:

1. El ordenamiento ambiental;

2. El reordenamiento, renovación, regeneración, restauración o redensificación de áreas urbanas deterioradas, en su totalidad o en sus partes;

3. La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de ellos;

4. La acción integrada del Estado y el Municipio que articule la regularización de la tenencia del suelo urbano con la dotación de servicios y satisfactores básicos, que tiendan a integrar a la comunidad urbana;

5. La celebración de convenios entre autoridades y los sectores público, social y privado, en que se atiendan sus respectivos intereses, en caso de renuencia de los propietarios y posesionarios el Titular del Ejecutivo podrá decretar la expropiación de inmuebles por causa de utilidad pública;

6. Se consideran acciones de mejoramiento las relativas a la vivienda, pisos, techos, muros, ampliaciones y reposiciones que se realicen dentro de las mismas;

7. La formulación, aprobación y ejecución de programas parciales o esquemas simplificados de planeación tendientes al mejoramiento y la definición de espacios edificables;

8. Mejorar la imagen urbana de los centros de población;

9. Mejoramiento de conjuntos urbanos y barrios integrales;

10. El reordenamiento, renovación o densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;

11. La dotación de espacios públicos primarios, servicios, equipamiento o infraestructura, en áreas carentes de ellas, para garantizar en éstos acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en especial para personas con movilidad reducida o limitada, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos;

12. La previsión de áreas verdes, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, servicios públicos y movilidad urbano (sic);

13. La promoción y aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para la mayor autosuficiencia, sustentabilidad y protección ambiental, incluyendo la aplicación de azoteas o techos verdes y jardines verticales;

14. La coordinación entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a través de la Secretaría y las Direcciones de Obras y Servicios Públicos o sus equivalentes en los municipios, dirigida a integrar, ejecutar y evaluar acciones, y obras autofinanciables para la construcción, reconstrucción, restauración y terminación de lotes baldíos; y construcciones inconclusas, casas deshabitadas, y

15. Las demás que se consideren necesarias para la eficacia de la acción de mejoramiento.

Artículo 90. Las zonas deterioradas física o funcionalmente en forma total o parcial, podrán ser declaradas por las autoridades estatales o municipales competentes, espacios dedicados al mejoramiento, con el fin de reordenarlos, renovarlos, regenerarlos, restaurarlos o protegerlos y lograr el mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, equipamiento, vivienda, suelo y elementos de acondicionamiento del espacio, integrándolas al desarrollo urbano, en beneficio de los habitantes de dichas zonas.

Artículo 91. Los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas ubicados en centros de población del Estado, tienen la obligación de edificar, sanear o reconstruir el frente, área o perímetro de sus inmuebles, por lo menos, cuando la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen que sus propiedades son causantes de problemas ambientales, de seguridad y salud pública, o representen deterioro en el contexto urbano.

Párrafo reformado POG 03-02-2024

Los propietarios de los bienes inmuebles descritos en el párrafo anterior deberán mantenerlos en condiciones adecuadas, vigilando que no se encuentren dentro de ellos grandes cantidades de escombro, maleza, ramas, hierbas, arbustos, basura o animales en estado de descomposición o cualquier otro elemento de naturaleza similar.

Párrafo adicionado POG 03-02-2024

Para efectos del presente artículo, cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad municipal la presencia de elementos causantes de problemas ambientales, de seguridad y salud pública que se encuentren dentro de bienes inmuebles.

Párrafo adicionado POG 03-02-2024

En caso de que la autoridad municipal encontrara elementos dañinos en el inmueble, exhortará al propietario, quien tendrá treinta días naturales para realizar el saneamiento, si el propietario no lo hace en el término respectivo, podrá solicitar una prórroga por un término no mayor a quince días naturales, justificando su solicitud.

Párrafo adicionado POG 03-02-2024

Artículo 91 Bis. En el supuesto de que el propietario o poseedor del inmueble no lleve a cabo las acciones de saneamiento, a que se refiere el artículo anterior, la autoridad municipal le notificará para requerirle que lo haga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se hará cargo de ello personal autorizado del Ayuntamiento y, en consecuencia, el propietario o poseedor deberá cubrir los derechos por este servicio, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que se haga acreedor, de conformidad con lo establecido por el presente Código y de manera proporcional a la afectación y a la superficie del inmueble.

Artículo adicionado POG 03-02-2024

Sección Cuarta

Consolidación

Artículo 92. La consolidación urbana es la acción tendiente al adecuado aprovechamiento y uso eficiente del territorio, la densificación de vacíos al interior de las zonas urbanas, con espacios públicos seguros y de calidad, como eje articulador; minimizando costos y facilitando la actividad económica.

Artículo 93. La consolidación de los centros de población se promoverá y ejecutará mediante las medidas, proyectos y acciones tendientes a regular tanto la densidad poblacional como los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo en los inmuebles ubicados dentro de los mismos, fomentando el aprovechamiento de espacios vacantes, lotes baldíos y predios subutilizados, el uso eficiente de la infraestructura pública, la organización de redes de movilidad sustentable, de espacios abiertos y áreas verdes y del equipamiento urbano dentro de las zonas urbanizadas de los centros de población; así como la compactación urbana, como el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, su funcionalidad y, en general, en el modelo de ocupación del territorio.

Artículo 94. El reglamento de este Código, los reglamentos y programas que expidan los Ayuntamientos deberán incorporar, de manera prioritaria, las medidas, proyectos y acciones necesarias para la consolidación de los centros de población y la compactación urbana, así como para la redensificación poblacional de los mismos.

Artículo 95. Los propietarios, poseedores y usufructuarios de inmuebles en que se establezcan políticas, medidas, proyectos o acciones para la consolidación de los centros de población, deberán cumplir con las obligaciones derivadas de los reglamentos y programas municipales. Para este efecto, podrán celebrar los convenios respectivos, con la intervención que corresponda a los gobiernos federal y estatal.

Artículo 96. En caso de que los propietarios, poseedores o usufructuarios no cumplan con las obligaciones o convenios indicados en este Código, el Titular del Ejecutivo y los Ayuntamientos podrán proceder a la expropiación por causa de utilidad pública, en los términos de la legislación aplicable.

Sección Quinta

Conservación

Artículo 97. La conservación de los centros de población es la acción tendiente a preservar las zonas con valores históricos y culturales, en particular del patrimonio cultural y natural para mantener y proteger el equilibrio ecológico, así como el buen estado de las obras materiales, de infraestructura, equipamiento y servicios, de acuerdo con lo previsto en los programas de desarrollo urbano y la legislación aplicable.

Artículo 98. Se consideran zonas destinadas a la conservación:

1. Las que cuenten con bosques, praderas, mantos acuíferos y otros elementos que favorezcan el equilibrio ecológico;

2. Las zonas de protección ecológica de los centros de población, zonas no urbanizables;

3. Las dedicadas en forma habitual a las actividades agropecuarias, forestales o mineras;

4. Las áreas abiertas, los promontorios, los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones orográficas que constituyen elementos naturales para la preservación ecológica de los asentamientos humanos;

5. Las áreas y elementos culturales cuyo uso puede afectar el paisaje, la imagen urbana y los símbolos urbanos;

6. Aquéllas cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género, que representen peligros permanentes o eventuales para los asentamientos humanos;

7. Los edificios, monumentos, plazas públicas, parques y, en general, todo aquello que corresponda a su patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación aplicable, y

8. Las delimitadas dentro de un programa de desarrollo urbano de un centro de población, de zona metropolitana o conurbada y delimitada a través de programas parciales o esquemas simplificados de planeación tendientes a la conservación y la definición de espacios edificables, así como de conjuntos urbanos y barrios integrales.

La urbanización de los espacios destinados a la conservación, se hará en forma restringida, de acuerdo con lo previsto en la legislación y los programas en materia de desarrollo urbano.

Artículo 99. Las áreas no urbanizables delimitadas en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de municipios, zona metropolitana, conurbación o de centros de población, sólo podrán utilizarse de acuerdo a su vocación agropecuaria, forestal o ambiental, en los términos que determina la Ley General.

Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, de patrimonio cultural y natural, de preservación ecológica deberán utilizarse en dichas actividades o fines de acuerdo con la legislación en la materia.

Artículo 100. Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población, que no cuente con programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano o de aquellos proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la aprobación de la creación de un nuevo centro de población o la modificación previa del programa municipal o de centro de población que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido en este Código.

En todo caso, las obras de cabeza o redes de infraestructura del proyecto correrán a cargo del propietario o promovente. En el caso de fraccionamientos o conjuntos urbanos, además deberán asumir el costo de las obras viales y sistemas de movilidad necesarias para garantizar la conectividad entre la acción urbanística de que se trate y el centro de población más cercano, en dimensión y calidad tales, que permita el tránsito de transporte público que se genere.

Deberán contar con un dictamen de congruencia emitido por la Secretaría, en el que se establecerá que las obras de infraestructura, así como las externalidades negativas que genere, serán a cuenta del interesado.

Los nuevos fraccionamientos o conjuntos urbanos deberán respetar y conectarse a la estructura vial existente.

Sección Sexta

Zonificación y Declaratorias

Artículo 101. A los Municipios corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

1. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;

2. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se refiere la fracción anterior;

3. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y

4. La reglamentación de usos, destinos y reservas, a través de las declaratorias correspondientes.

Las determinaciones a que se refieren las fracciones I y II, deberán estar contenidas en los programas municipales de desarrollo urbano; y las que se refieren a las fracciones III y IV podrán estar contenidas en los programas de referencia o en los instrumentos derivados de éstos.

Artículo 102. Para efectos de ordenar, regular y planear el desarrollo urbano de los centros de población, su delimitación comprende:

1. El área urbana actual: la que ya esté ocupada por la infraestructura, equipamientos, construcciones o instalaciones de un centro de población o que se determine para la fundación del mismo;

2. El área de reserva: aquélla que, por sus características y aptitudes urbanas y naturales, por su infraestructura, equipamiento y servicios, se determine conveniente incorporarla a la expansión futura del centro de población, y

3. El área de preservación ecológica: aquélla constituida por los elementos naturales que comprenden los condicionantes ecológicos del centro de población.

En los casos de fundación de centros de población, la delimitación comprenderá la provisión de suelo necesario para el asentamiento humano inicial y para el crecimiento a corto, mediano y largo plazos.

Artículo 103. Las declaratorias de reservas, usos y destinos de áreas y predios, deberán derivarse de los programas municipales de desarrollo urbano o de los de ordenación de las zonas conurbadas a que se refiere este Código.

En ningún caso podrán expedirse dichas declaratorias, en ausencia o contravención a los programas a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 104. El Presidente Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento y con la opinión del Consejo Estatal y del Consejo Municipal respectivo, expedirá las declaratorias de reservas, usos o destinos que se deriven de los programas de desarrollo urbano.

Artículo 105. Las declaratorias que establezcan provisiones, reservas, usos y destinos de áreas o predios, entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado y deberán ser inscritas dentro de los treinta días hábiles siguientes, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, y en los otros registros que correspondan en razón de la materia.

Son responsables del incumplimiento de esta disposición, las autoridades que expidan las citadas declaratorias y no gestionen su inscripción, así como los jefes de las oficinas de registro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia.

No se podrá inscribir ningún acto, convenio o contrato que no se ajuste a lo dispuesto en este Código, en los programas de desarrollo urbano y en las declaratorias que de éstos deriven.

Artículo 106. Las declaratorias de reservas, usos y destinos de áreas y predios, deberán contener:

1. La demarcación, características y condiciones del área o predio;

2. Los usos o destinos permitidos, prohibidos o condicionados del área o predio;

3. Las limitaciones al derecho de propiedad;

4. El tiempo de su vigencia, que será la misma del programa de que derive;

5. Las razones de beneficio social que motivan la declaratoria;

6. La referencia al programa de desarrollo urbano del cual derivan;

7. Las obligaciones y derechos a que estarán sujetos los propietarios o poseedores del área o predios respectivos, y

8. Los demás datos técnicos y jurídicos que apoyen y justifiquen la expedición de la declaratoria.

Artículo 107. Son razones de beneficio social, el cumplimiento y la ejecución, por parte del gobierno estatal y gobiernos municipales, de los programas de desarrollo urbano a que se refiere este Código.

Artículo 108. Las tierras que se encuentren en explotación minera, agrícola o forestal o que sean aptas para estos tipos de explotación, deberán utilizarse preferentemente conforme lo establezcan los programas de desarrollo urbano.

Artículo 109. Los usos y destinos que podrán asignarse en los programas de desarrollo urbano y en las declaratorias son:

1. Habitacionales;

2. De servicios;

3. Industriales;

4. Espacios abiertos;

5. Infraestructura;

6. Equipamiento;

7. Agropecuarios, Forestales, Mineros y Acuíferos;

8. Patrimonio Cultural y Natural;

9. Mixtos, y

10. Los demás que se establezcan en los programas, y que sean compatibles con los anteriores.

Las características que correspondan a los diferentes tipos de usos y destinos de áreas y predios, se establecerán en el reglamento que para el efecto se expida.

Artículo 110. Las declaratorias de usos establecerán las normas de aprovechamiento de los predios para aquellas zonas o predios de un centro de población que ordenen los programas correspondientes, indicando:

1. Los usos permitidos, prohibidos o condicionados;

2. Las normas aplicables a los usos condicionados;

3. La compatibilidad entre los usos permitidos;

4. El número e intensidad de las construcciones;

5. Los datos técnicos de localización de la zona determinada, y

6. Las demás normas que de acuerdo con este Código sean procedentes.

Artículo 111. Las declaratorias de destinos contendrán la delimitación precisa de las zonas o predios de que se trate, así como la descripción del fin o aprovechamiento público a que éstos se pretendan. Una vez publicada e inscrita en los registros correspondientes una declaratoria de destinos, los propietarios de inmuebles colindantes sólo utilizarán los predios en forma que no presente obstáculo al futuro aprovechamiento previsto.

Las declaratorias a que se refiere el presente artículo quedarán sin efecto si en un plazo de cinco años, a partir de su publicación, las zonas o predios correspondientes no son utilizados conforme al destino previsto.

Artículo 112. Las declaratorias de reservas contendrán la delimitación de las áreas de expansión futura del centro de población. Una vez que dichas declaratorias sean publicadas e inscritas en los registros correspondientes, los predios en ellas comprendidos se utilizarán por sus propietarios en forma que no presenten obstáculo al futuro aprovechamiento determinado por el programa correspondiente. En igualdad de circunstancias, dichas declaratorias comprenderán preferentemente terrenos que no sean de propiedad ejidal o comunal.

Cuando se haga necesaria la utilización parcial o total de la reserva se expedirá un programa parcial de desarrollo urbano que regule las acciones y utilización del área de que se trate y se expedirán las declaratorias de usos y destinos que sean necesarias. En el caso de áreas ejidales y comunales, se promoverán las expropiaciones o aportaciones correspondientes, en los términos de las Leyes Agraria y General de Asentamientos Humanos.

Artículo 113. Las zonas de reserva deberán mantenerse inalterables, en tanto no se expidan las declaratorias de usos y destinos y las normas de planificación urbana correspondientes, que determinen los fines a que podrá dedicarse el suelo.

Igualmente, deberá mantenerse inalterable el área de preservación ecológica, durante la vigencia del programa de desarrollo urbano respectivo.

Artículo 114. Los Municipios y el Estado tendrán derecho de preferencia para adquirir predios comprendidos por las declaratorias de reserva, cuando dichos predios sean puestos a la venta o, a través de cualquier acto jurídico, vayan a ser objeto de una transmisión de propiedad; igual derecho de preferencia tendrán, en caso de remate, judicial o administrativo, al precio en que se finque el remate al mejor postor. Para tal efecto, los propietarios de los mismos que deseen enajenarlos, los notarios públicos, los jueces y las autoridades administrativas deberán notificar al Gobierno del Estado y al Municipio correspondiente, dando a conocer el monto de la operación a fin de que aquéllos, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente.

Artículo 115. Cuando para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y de las declaratorias que de ellos se derivan sea necesaria o de mayor beneficio social la ocupación de la propiedad, la autoridad competente por causa de utilidad pública, proveerá a la expropiación de la misma, de conformidad con las leyes de la materia que fueren aplicables.

Artículo 116. Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las leyes, reglamentos, programas o declaratorias de desarrollo urbano aplicables y originen un deterioro en la calidad de vida en los asentamientos humanos, los residentes del área que resulten directamente afectados tendrán derecho a exigir que se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos.

En caso de que se expidan licencias, permisos o autorizaciones contraviniendo lo anterior, éstas serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme lo establece este Código y la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

Este derecho se ejercerá ante las autoridades competentes o sus superiores inmediatos, quienes oirán previamente a los interesados y, en su caso, a los afectados, y deberán resolver en un término no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.

Capítulo II

Regulación a la Propiedad en los Centros de Población

Artículo 117. Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda que se realicen en territorio del Estado, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a lo dispuesto en este Código y a los programas y declaratorias aplicables. Sin este requisito, no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión para efectuarlas.

Artículo 118. Las autoridades competentes al establecer o expedir los requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística prevista en este Código u otras leyes en materia, deberán prever lo siguiente:

1. Harán públicos todos los requisitos en forma escrita y, cuando sea posible, a través de tecnologías de la información;

2. Establecer el tiempo de respuesta máximo por parte de las autoridades a las diferentes solicitudes, que nunca excederá de 30 días naturales, así como establecer que en caso de no responder en el plazo dado, operará la afirmativa ficta;

3. Las respuestas a las solicitudes deberán ser mediante acuerdo por escrito;

4. En los casos que no proceda la autorización se deberán motivar y fundamentar en derecho las causas de la improcedencia en el acuerdo respectivo;

5. Considerar expresamente la aplicación de negativas fictas, para los casos en que la autoridad sea omisa en el tiempo de resolución de las solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad que por esta omisión recaiga sobre los servidores públicos;

6. Establecer los medios e instancias de impugnación administrativa y judicial que, en su caso, procedan;

7. Definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las obras en ejecución, que, en todo caso, deberán ser producto de resolución judicial;

8. Estipular los casos y condiciones para la revocación de autorizaciones;

9. Instrumentar mecanismos que simplifiquen los procedimientos para emitir las autorizaciones, permisos o licencias, y

10. Promoverán el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones.

Artículo 119. La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda en el Estado, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la constancia de compatibilidad urbanística que le expidan las autoridades urbanas estatales o municipales, según sea el caso.

Artículo 120. La constancia de compatibilidad urbanística es el documento que contiene el uso permitido, prohibido o condicionado para un predio en razón de su ubicación, de acuerdo con el programa de desarrollo urbano que corresponda, y las declaratorias que de él se deriven.

Artículo 121. Los objetivos de las constancias de compatibilidad urbanística son:

1. Dar seguridad jurídica a la propiedad, identificándola dentro de su contexto urbano y otorgando la consiguiente protección a sus titulares, respecto de la legalidad de los asentamiento (sic) humanos o del desarrollo inmobiliario;

2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural;

3. Planear la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

4. Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de desarrollo urbano y vivienda, sea compatible con la legislación, programas y declaratorias aplicables;

5. Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la legislación, programas y declaratorias aplicables;

6. Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, y

7. Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que a cada área o predio le disponen la legislación, programas o declaratorias de desarrollo urbano aplicables.

Artículo 122. La constancia de compatibilidad urbanística es independiente y condiciona la expedición, por parte de las autoridades competentes, de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que se deriven de la legislación urbana aplicable, tales como fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, construcciones, demoliciones, adaptaciones de obras, condominios y urbanizaciones.

Artículo 123. Las áreas de desarrollo urbano y de preservación ecológica; los usos, reservas o destinos asignados a las zonas en que se clasifique el territorio de los municipios; los límites de los centros de población y las normas de planificación urbana que regulan los predios y construcciones, determinadas en los programas y declaratorias, sólo podrán ser modificados, de acuerdo con los cambios que se incorporen a los programas de desarrollo urbano, como lo establece el presente Código.

Artículo 124. En virtud de la concurrencia de la materia de desarrollo urbano y de vivienda, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos expedirán las correspondientes constancias de compatibilidad urbanística, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y este Código.

Artículo 125. Los Ayuntamientos, a través de sus áreas de Obras y Servicios Públicos Municipales, expedirán las constancias de compatibilidad urbanística respecto de todas las obras, acciones, inversiones y servicios que en materia de desarrollo urbano se pretendan realizar en sus jurisdicciones.

Artículo 126. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, expedirá las constancias de compatibilidad urbanística estatal, en los siguientes casos:

1. Para el fraccionamiento y relotificación de terrenos o subdivisión de terrenos con superficie mayor de 10,000 metros cuadrados;

2. La constitución o modificación del régimen de propiedad en condominio;

3. La modificación, demolición o ampliación de inmuebles del patrimonio cultural;

4. El proyecto de vialidades primarias y secundarias, tales como periféricos, libramientos y avenidas de 30 metros o más de anchura;

5. La elaboración de proyectos de equipamiento e infraestructura primaria de los centros de población, que por su magnitud e importancia requieran de un análisis y revisión por parte de la Administración Pública Estatal;

6. El proyecto de centros comerciales y centrales de abasto de cualquier tipo;

7. El proyecto de hospitales y centros médicos;

8. El diseño de centrales camioneras y de carga;

9. El proyecto de instalaciones y fraccionamientos industriales;

10. El proyecto de edificios de oficinas, escuelas, centros de espectáculos o lugares que generen grandes concentraciones de personas o vehículos, y

11. El proyecto de instalaciones o edificios en los que se prevea manejar, almacenar y expender sustancias peligrosas.

Para los efectos de las fracciones V, X y XI los conceptos de magnitud e importancia, grandes concentraciones y sustancias peligrosas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 127. Las constancias de compatibilidad urbanística estatales deberán ser tramitadas previamente a las que expidan los gobiernos municipales.

Serán nulas de pleno derecho las constancias urbanísticas municipales que expidan los Ayuntamientos, que no cuenten con las constancias que expida el Gobierno del Estado, en los términos y casos que establece este Código.

Artículo 128. En caso de que lo señalado en las constancias de compatibilidad urbanística estatales y municipales, no sean en el mismo sentido, o sean contrarias, el asunto se someterá a la consideración del Titular del Ejecutivo para que emita resolución definitiva, fundada y motivada, dentro del término de treinta días hábiles, previa opinión del Consejo Estatal, la cual estará sustentada en la Ley General, el presente Código y otras disposiciones.

Serán nulas de pleno derecho aquellas constancias que no se ajusten a lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 129. Las constancias de compatibilidad urbanística municipales, contendrán y proporcionarán:

1. La ubicación, medidas y colindancias del área o predio;

2. El número oficial, en su caso;

3. El uso o destino actual, y el que se pretenda utilizar en el área o predio;

4. El alineamiento respecto a las calles, guarniciones y banquetas;

5. La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles, prohibidos o condicionados, de acuerdo con lo previsto en los programas y declaratorias de desarrollo urbano aplicables;

6. Las restricciones de urbanización y construcción que correspondan de conformidad con el tipo de fraccionamiento, condominio, barrio, colonia o zona, y

7. Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que se deriven de la legislación, programas o declaratorias de desarrollo urbano.

Artículo 130. La constancia de compatibilidad urbanística estatal contendrá y proporcionará los datos, elementos, criterios o lineamientos conducentes que sean competencia del Gobierno del Estado.

La constancia a que se refiere el párrafo anterior establecerá que toda acción, obra, servicio o inversión sea compatible con la legislación y programas de desarrollo urbano a nivel estatal.

Artículo 131. Las constancias de compatibilidad urbanística estatales y municipales tendrán vigencia de un año a partir de su expedición, deberán ser acordes con la actualización o modificación de la legislación, programas y declaratorias de desarrollo urbano.

En caso de que la acción, obra, servicio o inversión no se hubiese realizado durante la vigencia de una constancia de compatibilidad urbanística, se requerirá la tramitación de una nueva ante las autoridades competentes.

Artículo 132. Las constancias estatales o municipales de compatibilidad urbanística no constituyen apeo ni deslinde respecto del inmueble, ni acreditan o prejuzgan la propiedad o posesión del mismo.

Artículo 133. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio y las Oficinas Catastrales de los Municipios, no inscribirán ningún acto, contrato o convenio, sobre transmisión de propiedad de inmuebles urbanos, si no se acompañan con las correspondientes constancias de compatibilidad urbanísticas.

Tratándose de lotes o predios en fraccionamientos o condominios autorizados conforme a este Código, o de construcciones ubicadas en zonas urbanas consolidadas, no se requerirán para la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, de las constancias de compatibilidad urbanística.

Artículo 134. Las obras, construcciones, ampliaciones o modificaciones que se hagan sin autorización, permiso o licencia, o en contravención a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, en los programas y declaratorias de desarrollo urbano, y constancias de compatibilidad urbanística, podrán ser demolidas total o parcialmente por las autoridades competentes, quienes no tendrán obligación de pagar indemnización alguna, requiriendo a los responsables a cubrir el costo de los trabajos efectuados.

La autoridad competente requerirá, en todo caso, a la persona que contravenga lo dispuesto en el párrafo anterior, para que se ajuste al mismo, de no hacerlo, en el plazo que le será previamente fijado, se procederá en los términos de este artículo.

Artículo 135. La Secretaría y los Ayuntamientos supervisarán la ejecución de los proyectos y vigilarán en todo tiempo que las obras públicas, privadas y demás actividades, estén de acuerdo con los respectivos lineamientos señalados en la legislación correspondiente, en los programas y declaratorias de desarrollo urbano y en las constancias de compatibilidad urbanística.

Artículo 136. La expedición de las licencias de construcción, reconstrucción, adaptación, demolición y ampliación de obras es competencia de los Ayuntamientos, de conformidad con este Código, la Ley de Construcción y el Reglamento General de la Ley de Construcción y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes en el Estado.

TÍTULO SEXTO

RESILIENCIA URBANA

Capítulo Único

Resiliencia Urbana, Prevención y Reducción de Riesgos

Artículo 137. El Titular del Ejecutivo a través de la Secretaría establecerá estrategias y acciones de prevención y reactivas tendentes a salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno ante un desastre de origen natural o humano, privilegiando en todo momento la prevención para reducir las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por estos fenómenos, a través de políticas transversales enfocadas a la gestión integral de riesgos, incluyendo coberturas financieras ante dichos desastres.

Se deberán diseñar los mecanismos y tomar las medidas necesarias que permitan a los asentamientos humanos incrementar su resiliencia, para absorber y minimizar el impacto de eventos catastróficos y, posteriormente, recuperar su estructura, operatividad y condiciones previas.

Artículo 138. En el caso de proyectos u obras cuya ubicación se localice en zonas de alto riesgo derivado de lo establecido en los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a usos de suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgos, opinión técnica o programa interno de protección civil que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de este Código, la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

Artículo 139. Los instrumentos jurídicos que permiten la identificación, prevención y evaluación de riesgos serán definidos en los atlas de riesgos, estudios de reubicación de asentamientos humanos y en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Artículo 140. Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto:

1. Las obras de infraestructura aeroportuaria y las vías generales de comunicación;

2. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria;

3. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;

4. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, educación, seguridad, transporte y abasto;

5. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles, y

6. Aquellas que se utilicen para almacenamiento, venta o consumo de explosivos.

Los estudios de prevención y mitigación de riesgos geológico, fisicoquímico, sanitario, hidrometereológico y socio-organizativo; contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que, para tales efectos, publique la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría.

Las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios y, en ningún caso, podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo que no hubieran tomado medidas de mitigación previas. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

Artículo 141. Es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales asegurarse, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, del cumplimiento de las leyes federales, generales, estatales y municipales en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos.

Artículo 142. Es obligación de las autoridades estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos que establece la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas y el presente Código.

Artículo 143. La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y manuales para fortalecer los procesos de Resiliencia urbana y para las Zonas Metropolitanas. Asimismo, promoverá la elaboración de guías de resiliencia urbana y metropolitana que permitan la identificación de riesgos y recursos para la recuperación de contingencias catastróficas.

En materia de obras y acciones encaminadas a la prevención de riesgos y recuperación de contingencias catastróficas se actuará de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno a través de lo establecido en la Ley General de Protección Civil y la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas.

Artículo 144. Para dar cumplimiento a lo antes señalado se establecerá la Gestión Integral de Riesgos la cual de define como el conjunto de acciones encaminadas a:

1. Realizar el análisis, evaluación y delimitación de los riesgos;

2. Definir políticas públicas de los tres órdenes de gobierno;

3. Propiciar de manera conjunta con instituciones educativas el diseño de estrategias y procedimientos para fortalecer el desarrollo sostenible;

4. Implementar de manera coordinada con la sociedad, acciones de resiliencia;

5. Promover de manera conjunta con el sector público y privado la realización de obras y acciones de mitigación de riesgos, y

6. Coordinar con las autoridades y la sociedad la preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.

TÍTULO SÉPTIMO

MOVILIDAD

Capítulo único

Movilidad

Artículo 145. El presente Capítulo tiene por objeto normar genéricamente la infraestructura para la movilidad: las vías públicas, sistemas de transporte e instalaciones que sirven para hacer posible los desplazamientos de personas y bienes, necesarios para el desarrollo de las actividades en un centro de población o parte de él.

Artículo 146. Para los efectos del artículo anterior, será necesaria la realización de las siguientes obras y acciones al interior de los centros de población:

1. Instalación de reductores de velocidad;

2. La construcción de guarniciones, banquetas y calles peatonales;

3. La prohibición o, al menos, la reducción del estacionamiento de automóviles en las banquetas;

4. La fabricación de glorietas;

5. La reducción de velocidades máximas;

6. La construcción de rampas para pasos a desnivel;

7. La reglamentación sobre la instalación y funcionamiento de los estacionamientos para automotores;

8. Fomentar la vegetación de amortiguación;

9. Uniformar la señalización urbana y reducirla al mínimo necesario;

10. Iluminación de vía pública;

11. Equipamiento de vigilancia, seguridad y protección civil, y

12. Adecuación de todo el equipamiento urbano a las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 147. La movilidad urbana es responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, respetando las competencias constitucionales de cada nivel de gobierno, será indispensable la coordinación institucional, para llevar a cabo acciones necesarias para el acondicionamiento de accesibilidad, movilidad y ausencia de barreras en los espacios y servicios públicos, así como prever en sus reglamentos de zonificación urbana, las disposiciones de accesibilidad necesarias para el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Artículo 148. Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, infraestructura, servicios y oportunidades que ofrecen sus centros de población.

Las políticas y programas para la movilidad serán parte del proceso de planeación de los asentamientos humanos.

Artículo 149. Las políticas y programas de movilidad deberán:

1. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada;

2. Fomentar la distribución equitativa del espacio público de vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;

3. Promover los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición innecesaria de cajones de estacionamiento;

4. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia;

5. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público;

6. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores urbanos, tendentes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;

7. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad;

8. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;

9. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos para el financiamiento de la operación del trasporte público;

10. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares, la conducción o manejo bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y

11. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional, entendida ésta última, como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines.

Artículo 150. El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la movilidad, mediante:

1. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de movilidad, incorporando, entre otras, la perspectiva de género;

2. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos motorizados, entre otros, y

3. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad.

Artículo 151. El Estado y los Municipios deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad sustentable y prevención de accidentes, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado, así como el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con discapacidad y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.

Artículo 152. En aquellas obras de impacto urbano que se vayan a implementar en el territorio del Estado, tendrán la obligación de cumplir con los requisitos establecidos en la constancia de compatibilidad urbanística entre ellos, presentar los estudios de impacto vial y urbano ante la Secretaría.

En el Reglamento de este Código, la Secretaría establecerá los criterios, alcances y contenidos de dichos estudios, los cuales deberán ser firmados por un especialista con cédula profesional.

TÍTULO OCTAVO

ESPACIO PÚBLICO

Capítulo Único

Espacio público

Artículo 153. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad, es principio de este Código y una alta prioridad para el Estado y los Municipios, por lo que en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios públicos o privados, dentro de los centros de población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

Los planes o programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de zonas metropolitanas o de conurbaciones, definirán la dotación de espacio público en cantidades no menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables.

Privilegiarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la movilidad; igualmente, los espacios para el deporte y la cultura, los parques y las plazas de manera que cada colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas.

Los planes o programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, incluirán los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre el espacio público y para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los programas y la operación y funcionamiento de dichos espacios y, entre otras acciones, las siguientes:

1. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, atendiendo las normas nacionales en la materia;

2. Crear y defender el espacio público, la calidad de su entorno y las alternativas para su expansión;

3. Definir las características del espacio público y el trazo de la red vial de manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la movilidad y su adaptación a diferentes densidades en el tiempo;

4. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos de interés público o social en cada barrio, colonia o fraccionamiento, con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de salud, espacios públicos para la recreación, el deporte, la cultura y zonas verdes destinadas a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes, y

5. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación del espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso definido.

El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán los encargados de velar, vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público.

Artículo 154. El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a lo siguiente:

1. Prevalecerá el interés general sobre el particular;

2. Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute;

3. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todas las personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y conexión entre barrios, colonias y fraccionamientos, y fomenten la pluralidad y la cohesión social;

4. En el caso de los bienes de dominio público, éstos son inalienables;

5. Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las normas nacionales en la materia;

6. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte, la cultura, así como las zonas verdes destinadas a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no podrán ser destinados a otro uso;

7. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del espacio público solo confiere a sus titulares el derecho sobre la ocupación temporal y para el uso definido;

8. Se promoverá la adecuación de la legislación municipal que garantice la comodidad y seguridad en el espacio público, sobre todo para los peatones, con una equidad entre los espacios edificables y los no edificables;

9. Se deberán definir los instrumentos que promuevan la creación de espacios públicos de dimensiones adecuadas para integrar barrios, colonias y fraccionamientos, de tal manera que su ubicación y beneficios sean accesibles a distancias peatonales para sus habitantes;

10. Se establecerán los lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los centros de población aseguren su continuidad, procurando una cantidad mínima de intersecciones, que fomente la movilidad, de acuerdo a las características topográficas y culturales de cada región;

11. Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la identidad e imagen urbana, la conservación de los monumentos, el paisaje y mobiliario urbano, y

12. En caso de tener que utilizar para otros fines suelo destinado a espacio público, la autoridad tendrá que justificar sus acciones para dicho cambio en el uso del suelo, además de sustituirlo por otro de características, ubicación y dimensiones similares.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán y protegerán la seguridad, integridad, calidad, mantenimiento y promoverán la gestión del espacio público con cobertura suficiente.

Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del espacio público.

Artículo 155. Los fraccionadores y desarrolladores están obligados a ceder al municipio, predios para ser destinados a áreas verdes y equipamientos, no pudiendo ser residuales, ni estar ubicados en zonas inundables o de riesgos, o presentar condiciones topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto urbano, sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable, además deberán ser ubicadas en áreas de fácil acceso para los habitantes del fraccionamiento.

TÍTULO NOVENO

SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO

Capítulo I

Regulaciones a la Propiedad en los Centros de Población

Artículo 156. En materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las normas contenidas en los programas de desarrollo urbano correspondientes y, en su caso, a las declaratorias de provisiones y determinaciones de reservas, usos y destinos de áreas y predios, con el objeto de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los programas y declaratorias a que se refiere el párrafo anterior, se regirán por las disposiciones de la Ley General, este Código y por las de los reglamentos y demás normas jurídicas aplicables.

Artículo 157. Los predios y áreas ubicados en los centros de población, estarán sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a este Código, con independencia de su régimen jurídico al que pertenezcan.

Artículo 158. El derecho de propiedad, el de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de áreas y predios serán ejercitados por sus titulares, con apego a lo dispuesto y ordenado en la legislación, programas y declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos, que en materia de desarrollo urbano expidan las autoridades competentes para regular la propiedad inmobiliaria en los centros de población del Estado, de conformidad con lo dispuesto en este Código.

Artículo 159. Las determinaciones de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios, serán inherentes a la utilidad pública, interés y función social que caracteriza a la naturaleza jurídica del derecho de propiedad, de acuerdo a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 160. La observancia de los destinos, usos, reservas y provisiones de áreas y predios, así como la de las construcciones realizadas conforme a las disposiciones de este Código, será obligatoria para los propietarios o poseedores, públicos o privados, de los bienes inmuebles, independientemente del régimen legal que los regule.

Artículo 161. Todos los actos, contratos y convenios relativos a la propiedad, posesión, aprovechamiento o cualquier otra forma jurídica de tenencia de inmuebles, no podrán alterar el uso, destino, reserva o provisión establecido en los programas de desarrollo urbano y declaratorias aplicables, de conformidad con lo previsto en este Código.

Serán nulos de pleno derecho y no producirán efecto jurídico alguno, aquellos actos que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 162. Los notarios y demás fedatarios públicos, sólo podrán autorizar escrituras de los actos, contratos o convenios a que se refiere el artículo anterior, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación a la utilización de las áreas o predios de conformidad con lo previsto en este Código y en los programas de desarrollo urbano; mismas que deberán ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos.

No se podrá inscribir ningún acto, contrato, convenio o afectación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni en el Catastro, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación, programas y a las declaratorias sobre provisiones, reservas, usos y destinos en materia de desarrollo urbano.

Artículo 163. Los propietarios y poseedores de inmuebles incluidos en proyectos de conservación, mejoramiento y crecimiento deberán cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para este efecto, podrán celebrar convenios entre sí, con la Federación, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos o con terceros.

Artículo 164. En el caso que los propietarios o poseedores de inmuebles mencionados en el artículo anterior no cumplan con las obligaciones o convenios indicados en el mismo artículo anterior, el Gobierno del Estado podrá proceder a la expropiación de dichos inmuebles por causa de utilidad pública e interés social, en los términos de la legislación aplicable.

Cuando por la magnitud del importe total de las indemnizaciones, éstas no puedan ser inmediatas serán cubiertas por el Gobierno del Estado o por la persona de derecho público o privado, a cuyo patrimonio pasen los bienes expropiados, en la medida y plazos en que se capten los recursos provenientes del proceso de mejoramiento, conservación o crecimiento.

Capítulo II

Fraccionamiento, Lotificación, Desmembraciones, Relotificaciones, Subdivisiones, Fusiones y Predios

Sección Primera

Conceptualización

Artículo 165. La autorización de fraccionamientos, lotificaciones, desmembraciones, relotificaciones, subdivisiones, fusiones de áreas y predios urbanos o de terrenos rústicos, se otorgará siempre y cuando no se afecten:

1. Zonas arboladas y de valores naturales;

2. Zonas y monumentos del patrimonio cultural y natural;

3. Las medidas del lote tipo autorizado para la zona y las características del fraccionamiento;

4. El equilibrio en las densidades de población y construcción;

5. La imagen urbana, y

6. La compatibilidad del proyecto con los programas correspondientes, y con los sistemas de servicios públicos existentes en la población.

Artículo 166. Sólo se autorizarán los fraccionamientos, lotificaciones, desmembraciones, relotificaciones, subdivisiones, fusiones de áreas y predios urbanos o de terrenos rústicos, que cumplan con los requisitos, procedimientos y criterios que se señalan en este Código, leyes y en los reglamentos, normas y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia urbana.

Artículo 167. Los fraccionamientos, lotificaciones, desmembraciones, relotificaciones, subdivisiones, fusiones de terrenos ejidales, comunales y de fraccionamientos rurales, se regirán por este Código, la Ley Agraria, la Ley de Fraccionamientos Rurales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 168. Los fraccionamientos en el Estado se clasificarán en los siguientes tipos:

1. Habitacionales urbanos:

1. Residencial;

2. Medio;

3. De interés social;

4. Popular, y

5. Mixtos.

2. Especiales:

1. Habitacionales campestres;

2. Comerciales;

3. Cementerios, y

4. Industriales.

Sección Segunda

Normas Técnicas del Proyecto

Artículo 169. Las normas técnicas del proyecto, obras de urbanización y construcciones en los fraccionamientos deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley General, el presente Código y el Reglamento General de la Ley de Construcción, en los aprovechamientos del suelo determinados en los programas de desarrollo urbano y en las autorizaciones requeridas para su aprobación, así como en los lineamientos técnicos que dicte el Ayuntamiento respectivo, la Secretaría, los órganos auxiliares de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano cuando así aplique.

Artículo 170. Los proyectos de urbanización y construcción en los fraccionamientos, deberán sujetarse a las siguientes normas técnicas:

1. De diseño urbano;

2. De movilidad urbana, accesibilidad y diseño universal;

3. De sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y drenaje pluvial, y

4. De electrificación y alumbrado público.

Artículo 171. Las normas de diseño urbano son las que regulan el proyecto de fraccionamiento en cuanto a la zonificación, dimensiones de lotes y manzanas, densidades de población y construcción, equipamiento urbano, áreas verdes y de donación que el promotor del fraccionamiento deberá ceder a título gratuito al Ayuntamiento.

Artículo 172. Cuando en un predio por fraccionar existan obras o instalaciones de servicio público, el fraccionador evitará la interferencia de sus propias obras o instalaciones con las existentes, respetando, en todo caso, los derechos de vía y zonas de protección determinadas por la dependencia responsable de la administración y operación de la obra o servicio respectivo.

En caso de que se cause daño o deterioro a las obras o instalaciones existentes, el fraccionador será responsable de su reparación; para ello, el Ayuntamiento, a través de la instancia competente, fijará un plazo perentorio, según la naturaleza del daño causado y la urgencia de repararlo, a fin de que la obra conducente quede debidamente ejecutada a tiempo. Si vencido el plazo no se hubiere concluido la reparación, ésta se ejecutará por el Ayuntamiento a cuenta del fraccionador.

Lo dispuesto en este artículo no exime al fraccionador de las responsabilidades e infracciones en que hubiere incurrido por la suspensión de la prestación del o los servicios públicos afectados.

Artículo 173. Queda prohibido el establecimiento de fraccionamientos en lugares no aptos para el desarrollo urbano, según las normas que establecen los diversos programas en la materia, o en zonas alejadas de las redes de servicios públicos, insalubres, inundables y, en general, vulnerables, a menos que se realicen las obras necesarias de saneamiento o protección y la construcción de obras de cabecera para prolongar los servicios necesarios, las que serán a costa del fraccionador, con autorización de la Secretaría y del Ayuntamiento correspondiente, previa opinión de las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal relacionadas con la materia.

En todos los casos, será responsabilidad del fraccionador la construcción previa de la vía de enlace del fraccionamiento con la zona urbanizada inmediata, y de las obras necesarias para llevar los servicios públicos hasta el fraccionamiento.

Artículo 174. La construcción de edificios de vivienda multifamiliar dentro de algún fraccionamiento, podrá ejecutarse en las zonas y porcentajes que para tal efecto hayan sido autorizados por el Ayuntamiento, además de cumplir lo previsto en este Código y de acuerdo con los programas de desarrollo urbano aplicables, en cuanto a las superficies, densidades, coeficientes, características de las obras, así como a la extensión de las áreas libres, de estacionamiento y de uso común, de donaciones y cesiones correspondientes a vías públicas locales, equipamientos y espacios públicos que se requieran para el desarrollo y buen funcionamiento de los centros de población, para asegurar la factibilidad, sustentabilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y construcción de una red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la movilidad urbana y el desarrollo de infraestructura y vegetación, que favorezcan el desarrollo de la redensificación y ciudad compacta.

Artículo 175. Del área de donaciones y cesiones por el promotor del fraccionamiento, en cada fraccionamiento, los ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, equipamiento urbano y espacio público, cuando menos, el 60%, y cuando menos un 30% para áreas verdes, parques y jardines y espacio público, siendo obligación de (sic) fraccionador de equipar dicha superficie para tales efectos.

La localización de las áreas de donaciones y cesiones será colindante a una vía pública que permita asignar destinos de suelo en ellos acorde a su dimensión y rango de cobertura, su ubicación será definida por la autoridad municipal quien emitirá un dictamen técnico de aprobación. El área de donación contará con conexión a los servicios, asegurar la factibilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y construcción de una red de vialidades, como partes de una retícula, facilitar la conectividad, la movilidad y el desarrollo de infraestructura. Las áreas verdes, parques y jardines no se desagregarán en pequeñas porciones residuales y contendrán la vegetación que se defina en la resolución de impacto ambiental.

Artículo 176. El Ayuntamiento correspondiente, en ningún caso, podrá ejercer actos de dominio, a título oneroso o gratuito, sin autorización de la Legislatura del Estado, respecto a las áreas donadas o cesiones por el promotor del fraccionamiento para infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 177. El Consejo Municipal respectivo deberá opinar sobre la transmisión de dominio por parte del Ayuntamiento correspondiente, de las áreas de donaciones y cesiones por el promotor del fraccionamiento para infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público previamente a la autorización de la Legislatura del Estado, cuando (sic) dichas superficies no se aplique el destino de suelo.

Artículo 178. En los fraccionamientos que se requiera caseta de vigilancia, el Ayuntamiento fijará sus especificaciones, dimensiones y ubicación. Es obligación del fraccionador construir la caseta y cederla a título gratuito al Ayuntamiento correspondiente.

El área ocupada por la caseta de vigilancia será considerada como parte de la superficie que el fraccionador está obligado a donar al Ayuntamiento para equipamiento urbano por lo que no podrá privatizarse.

Artículo 179. Si para comunicar un fraccionamiento en proyecto con otras zonas urbanizadas es necesario abrir acceso o conducir servicios públicos a través de predios de terceros que no formen parte del terreno por fraccionar, el fraccionador deberá convenirlo con el o los propietarios o poseedores de dichos predios y en caso de renuencia por parte de ellos, podrá solicitar al Gobierno del Estado que decrete la expropiación por causa de utilidad pública de las superficies que se requieran, con apoyo en lo dispuesto por este Código; o bien, promover judicialmente lo que corresponda. En ambos casos el fraccionador quedará obligado a urbanizar a su costa la superficie afectada y a pagar, el monto de la indemnización que resulte.

En el caso de que se realice convenio con terceros, éste se presentará por escrito certificado por notario público y se anexará a la documentación requerida en términos de este Código.

Artículo 180. Las normas de movilidad urbana, accesibilidad y diseño universal son las que regulan los nuevos desarrollos, rehabilitaciones, en cuanto a las características, especificaciones y dimensiones de la red vial y sus componentes, entre otros, las siguientes: calles, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, parabuses, pasos peatonales, así como la nomenclatura, señalización horizontal y vertical, con el fin de cumplir las especificaciones para que el ciudadano se desplace adecuadamente por sí mismo o empleando algún medio de transporte motorizado o no motorizado.

Artículo 181. La red vial y las acciones de rehabilitación, remodelaciones y construcciones nuevas se realizarán de acuerdo con lo previsto en este Código y sus características estarán determinadas por la función principal de cada una de ellas, conforme a la siguiente clasificación:

1. Avenidas de gran volumen: son las destinadas para conducir el tránsito entre distintas zonas de un centro de población. Las características de este tipo de calles las determinará, según corresponda, la instancia municipal, estatal o federal;

2. Calles colectoras: son las destinadas a dar acceso a los lotes y conducir el tráfico de las calles locales hacia otras zonas del fraccionamiento o del centro de población, o hacia las avenidas de gran volumen. Este tipo de calles nunca podrán ser cerradas;

3. Calles locales: son vialidades destinadas principalmente a dar acceso a los lotes del fraccionamiento, de viviendas, comercios, industrias y servicios;

4. Andadores: son aquellos que servirán exclusivamente para el tránsito de peatones; debiendo quedar cerrados al acceso de vehículos por medio de elementos de protección como bolardos, mobiliario urbano o vegetación;

5. Banquetas: se considera la franja de protección peatonal y franja de fachada, según el caso;

6. Guarniciones: se considera la franja que sirve para guarnecer y resguardar el área de circulación peatonal, de mobiliario, infraestructura y vegetación;

7. Franja de infraestructura y mobiliario, que incluye el uso de mobiliario urbano, infraestructura y vegetación, que permite la libre circulación peatonal y la movilidad de personas con movilidad reducida;

8. Las esquinas de banquetas en los cruces de vialidades deberán trazarse de forma circular de radio mínimo igual al ancho de la banqueta más amplia de las que formen la intersección. El arco podrá cambiarse por una línea recta cuya perpendicular por la esquina interior de las banquetas no mida menos que el ancho de la banqueta más amplia. Los cruces son prolongación de la banqueta por lo que se promoverá los cruces a nivel y reductores de velocidad, conforme la norma técnica, y

9. Se considerarán rampas o estructuras que permitan la accesibilidad para personas con discapacidad.

Artículo 182. Las calles colectoras de los fraccionamientos habitacionales urbanos deberán tener una longitud mínima en relación al largo total de calles, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

1. De tipo residencial, el 25%;

2. De tipo medio, el 20%, y

3. De interés social o tipo popular, el 15%.

El dictamen de impacto vial estatal definirá cuando por la dimensión del fraccionamiento no se requiera la construcción de calles colectoras, elemento que el Ayuntamiento deberá tener en consideración.

Artículo 183. Cuando las autoridades competentes proyecten una arteria de alta velocidad o ésta ya exista a través de un fraccionamiento, los lotes de éste no podrán tener acceso directo a ella y, en este caso, se tendrá que construir una calle lateral de baja velocidad y de estacionamiento, en esa franja se prohíbe tener barda que corresponda a viviendas por lo que ese frente tendrá uso de suelo mixto en su totalidad y en todos los casos deberá contener banqueta para la circulación del peatón, mobiliario urbano, infraestructura y vegetación.

Artículo 184. Ninguna de las calles de un fraccionamiento en proyecto, que sea prolongación de otra de un fraccionamiento contiguo o de cualquier calle del centro de población, podrá tener un ancho menor que aquélla, y si la calle que se continúa fuera menor de los mínimos señalados por este Código, la prolongación que constituya la nueva obra deberá tener siempre la anchura mínima señalada por el mismo.

Artículo 185. Cuando cualquiera de los tipos de calles a que se refiere este Código tenga cruzamiento o entronque con una arteria de alta velocidad, carretera, o con una vía de ferrocarril, con un canal de riego o corriente de agua, requerirán un proyecto especial que deberá contemplarse en el proyecto de urbanización del fraccionamiento, previa autorización de la dependencia a cargo de la operación del servicio de que se trate.

Artículo 186. Cuando por decisión del Ayuntamiento y por lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano, se requieran calles con anchura superior a 30 metros, las superficies que excedan a esa extensión, podrán ser descontadas de aquellas que el fraccionador deba donar como área para equipamiento urbano al municipio.

Artículo 187. La postería de la red de electrificación, alumbrado público, teléfonos, señalamiento, indicadores, letreros o cualquier otro tipo similar, deberán ubicarse en una franja paralela a las banquetas con un ancho mínimo de 55 centímetros, sin interferir con el área de circulación peatonal, así como con guarniciones según el tipo de fraccionamiento; en las banquetas deberán construirse pasos, rampas para sillas de ruedas, pasamanos en aquellas calles cuya pendiente longitudinal sea mayor del 10%, en los cruces con los arroyos vehiculares deberán considerarse pasos peatonales, de acuerdo a las normas de movilidad, accesibilidad y diseño universal, además de lo que establezcan otros ordenamientos legales en la materia incluyendo la normatividad definida para cada centro de población en su programa de desarrollo urbano.

Artículo 188. Las leyes, reglamentos y normas de los sistemas de agua potable y alcantarillado regularán el proyecto, cálculo y construcción de las redes, así como la perforación de pozos para agua potable, las descargas de aguas residuales y el saneamiento.

En zonas urbanas se establecerá biodigestor no fosa séptica autolimpiable.

Artículo 189. La perforación de pozos para el abastecimiento de agua potable en los fraccionamientos, sólo podrá realizarse mediante la autorización de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal facultadas para ello, respetando las especificaciones que éstas determinen.

Cuando en el predio por fraccionar exista autorizada una fuente de abastecimiento para usos diferentes al que se pretenda dar, según el proyecto de fraccionamiento, deberá recabarse de las dependencias mencionadas en el párrafo anterior, la autorización para el cambio de uso del aprovechamiento hidráulico correspondiente, previa realización de los estudios técnicos que avalen su utilización.

Artículo 190. El Organismo Operador responsable del servicio de agua potable, podrá conectar un fraccionamiento al sistema general de abastecimiento cuando el promotor o desarrollador del mismo haya cumplido a cabalidad los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en la factibilidad de servicios otorgada para dicho crecimiento habitacional.

El fraccionador deberá instalar un sistema de macro medición de consumo de agua potable, y las cuotas respectivas serán cubiertas por él mismo hasta la municipalización del fraccionamiento. El Organismo Operador, también podrá atender las solicitudes de micro medición para las casas vendidas, y en caso de que cumplan lo especificado por el Organismo, se autorizará la contratación del servicio de agua potable para esta sección en específico.

Artículo 191. Cuando en un fraccionamiento en la zona rural no sea posible realizar un sistema de alcantarillado sanitario por razones técnicas, en virtud de no contarse con un lugar adecuado para la descarga, u otro motivo grave, el Ayuntamiento podrá autorizar al fraccionador la construcción de un biodigestor autolimpiable por lote y una planta de tratamiento o biodigestor que determinará el Organismo responsable, respetando los lineamientos que aquél le señale, previa autorización de las dependencias federales y estatales que conforme a sus atribuciones deban intervenir.

Artículo 192. Las normas de electrificación y alumbrado público que regulan el proyecto de fraccionamiento, en cuanto a las características, especificaciones, capacidad y calidad de la red y el equipamiento eléctrico y de alumbrado público, serán determinadas por la Comisión Federal de Electricidad.

Estas redes deberán cumplir especificaciones y lineamientos conforme a la Ley de Construcción y su Reglamento General, a fin de que las instalaciones construidas ofrezcan las condiciones adecuadas de seguridad para la ciudadanía y sus propiedades.

Sección Tercera

Fraccionamientos Habitacionales Urbanos

Artículo 193. Los fraccionamientos habitacionales urbanos son aquellos que el Ayuntamiento podrá autorizar para que sean ubicados dentro de los límites de un centro de población y cuyos lotes se aprovechen predominantemente para vivienda.

Artículo 194. Los fraccionamientos habitacionales urbanos residenciales son aquellos que se ubican en áreas cuya densidad habitacional máxima autorizada por los programas de desarrollo urbano sea menor de 20 viviendas por hectárea y 100 habitantes por hectárea, y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

1. Lotificación: Sus lotes tendrán un frente mínimo de 12 metros, y una superficie mínima de 300 metros cuadrados;

2. Ocupación del suelo: Las construcciones deberán remeterse mínimo 5 metros del paramento. Se permitirá coeficiente de ocupación máximo, del 65% de la superficie del lote, coeficiente de utilización máximo de 1.80 y coeficiente de absorción mínimo de 15%;

3. Usos y destinos del suelo: El aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y se permitirá hasta el 40% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios; y podrá optar hasta por un 50% de la superficie vendible para vivienda multifamiliar o vertical, en áreas autorizadas, sin sobrepasar la densidad habitacional permitida para la zona, compensando con ello mayor área para espacio público, áreas verdes y otros. A efecto de conformación de fraccionamientos mixtos en su uso de suelo y evitar largos desplazamientos de las personas, lo anterior en correspondencia con el programa de desarrollo urbano aplicable;

4. Donaciones: El fraccionador deberá ceder al Municipio a título gratuito como área para equipamiento urbano el 15% de la superficie total del fraccionamiento, debidamente urbanizada;

5. Vialidad: Las calles colectoras deberán tener como mínimo una sección transversal de 16 metros, medida de paramento a paramento, con banquetas de 2.00 metros de ancho, así como franja de infraestructura y mobiliario urbano, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada que no obstruya el arroyo peatonal y guarnición. En cada caso, el Ayuntamiento determinará la conveniencia de usar camellones.

Las calles locales deberán tener una sección transversal mínima de 13 metros, medida de paramento a paramento, con banquetas de 2.00 metros de ancho, así como franja de infraestructura y mobiliario urbano, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada que no obstruya el arroyo peatonal y guarnición. Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, el Ayuntamiento determinará la conveniencia de construir un retorno y cuyas medidas serán definidas conforme a las normas técnicas.

Si se proponen andadores, éstos deberán tener como mínimo 6 metros de ancho con área jardinada de, por lo menos, 2 metros de ancho. Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar situado a una distancia menor de 50 metros de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento correspondiente, y

6. Infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público. Todo fraccionamiento aprobado dentro de este tipo deberá contar, con:

1. Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias con medidor, o bien, la infraestructura hídrica requerida por el Organismo Operador en el oficio de factibilidad correspondiente;

2. Sistema de alcantarillado con descargas domiciliarias y demás infraestructura sanitaria requerida por el Organismo Operador en el oficio de factibilidad correspondiente;

3. Cuando el Organismo Operador lo considere necesario, las plantas de tratamiento de aguas residuales que requiera el fraccionamiento;

4. Ductos para las redes de telecomunicaciones de acuerdo a las instancias operadoras;

5. Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, con cableado subterráneo;

6. Alumbrado público de vapor de mercurio, leds o solares montado en postes de metal o similar, de acuerdo a las normas de la Comisión Federal de Electricidad;

7. Pavimento de calles, guarniciones y banquetas de concreto o material de calidad similar, a juicio del Ayuntamiento;

8. Arbolado en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese fin, en cantidad de 1 por cada 50 metros cuadrados de superficie vendible;

9. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles, y

10. Caseta de vigilancia.

Artículo 195. Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo medio son aquellos ubicados en áreas cuya densidad habitacional máxima autorizada por los programas de desarrollo urbano sea menor de 45 viviendas por hectárea y de 101 a 250 habitantes por hectárea y deberán tener, como mínimo, las siguientes características:

1. Lotificación: Sus lotes tendrán un frente mínimo de 8 metros, y superficie no menor de 150 metros cuadrados;

2. Ocupación del suelo: Las construcciones deberán remeterse 2 metros del paramento. Se permitirá un coeficiente de ocupación máximo de 70% de la superficie de cada lote; coeficiente de utilización máximo de 1.60; coeficiente de absorción mínimo de 15%;

3. Usos y destinos del suelo: El aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y se permitirá hasta el 40% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios y hasta 50% de la superficie vendible para la construcción de vivienda multifamiliar o vertical en las áreas autorizadas, sin sobrepasar la densidad habitacional autorizada en la zona, compensando con ello mayor área para espacio público, áreas verdes y otros. A efecto de conformación de fraccionamientos mixtos en su uso de suelo y evitar largos desplazamientos de las personas, lo anterior en correspondencia con el programa de desarrollo urbano aplicable;

4. Donaciones y cesiones: El fraccionador deberá ceder a título gratuito como área para equipamiento urbano al Municipio el 15% de la superficie total del fraccionamiento, debidamente urbanizada;

5. Vialidad: Las calles colectoras deberán tener una sección transversal de 16 metros, medida de paramento a paramento, con banquetas de 2.00 metros de ancho, así como franja de infraestructura y mobiliario urbano, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada que no obstruya el arroyo peatonal y guarnición.

Las calles locales deberán tener una sección transversal de 14 metros, medida de paramento a paramento, con banquetas de 2.00m de ancho, así como franja de infraestructura y mobiliario urbano, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada que no obstruya el arroyo peatonal y guarnición. Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, el Ayuntamiento determinará la conveniencia de construir un retorno y cuyas medidas serán definidas conforme a las Normas Técnicas.

Si se proponen andadores, éstos tendrán como mínimo 6 metros de ancho, con área jardinada de cuando menos 2 metros de ancho. Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador deberá estar situado a una distancia menor de 70 metros de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento correspondiente, y

6. Infraestructura y equipamiento urbano: Todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá contar con:

1. Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias con medidor, o bien, la infraestructura hídrica requerida por el Organismo Operador en el oficio de factibilidad correspondiente;

2. Sistema de alcantarillado con descargas domiciliarias y demás infraestructura sanitaria requerida por el Organismo Operador en el oficio de factibilidad respectivo;

3. Cuando el Organismo Operador lo considere necesario, las plantas de tratamiento de aguas residuales que requiera el fraccionamiento;

4. Ductos para las redes de telecomunicaciones de acuerdo a las instancias operadoras;

5. Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico;

6. Alumbrado público de vapor de mercurio, leds o solares montado en postes de metal o similar, de acuerdo a las normas de la Comisión Federal de Electricidad;

7. Pavimento de calles, guarniciones y banquetas de concreto o material de calidad similar, a juicio del Ayuntamiento;

8. Arbolado en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese fin, en cantidad de 1 por cada 50 metros cuadrados de superficie vendible;

9. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles, y

10. Caseta de vigilancia.

Artículo 196. Los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social son aquellos ubicados en áreas cuya densidad habitacional máxima autorizada por los programas de desarrollo urbano sea menor de 100 viviendas por hectárea, entre horizontal y vertical, o bien, entre 201 y 500 habitantes por hectárea, y deberán tener como mínimo, las siguientes características:

1. Lotificación: Sus lotes tendrán un frente mínimo que oscilará entre los 5 a 7 metros, y superficie no menor de 75 metros cuadrados;

2. Para el caso de vivienda en vertical la densidad de 75 viviendas por hectárea, se fomentará el uso de suelo mixto y será de la siguiente manera su conformación:

1. Para conjuntos de gran altura de edificio y baja cobertura de suelo; y áreas abiertas suficientes que permitan garantizar la suficiente infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público;

2. Para conjuntos de baja altura de construcción y alta cobertura de suelo, y áreas abiertas suficientes que permitan garantizar la suficiente infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público, y

3. Media altura de construcción, mediana cobertura de suelo y áreas abiertas suficientes que permitan garantizar la suficiente infraestructura, equipamiento urbano, áreas verdes y espacio público.

3. Ocupación del suelo: se permitirá un coeficiente de ocupación máximo de 75% de la superficie de cada lote; coeficiente de utilización máximo de 1.40 y coeficiente de absorción mínimo de 10%;

4. Usos y destinos del suelo: El aprovechamiento predominante será de vivienda y se permitirá hasta el 40% de la superficie vendible para áreas comerciales o de servicios, y hasta 50% de la superficie vendible, para la construcción de vivienda multifamiliar o en las áreas autorizadas, compensando con ello mayor área para el espacio público, áreas verdes y otros. A efecto de conformación de fraccionamientos mixtos en su uso de suelo y evitar largos desplazamientos de las personas, lo anterior en correspondencia con el programa de desarrollo urbano aplicable;

5. Donaciones y cesiones: El fraccionador deberá ceder al Municipio a título gratuito para equipamiento urbano el 15% de la superficie total del fraccionamiento, debidamente urbanizada;

6. Vialidad: Las calles colectoras deberán tener una sección de 16.00 metros, medida de paramento a paramento, con banquetas de 2.20 metros de ancho.

Las calles locales deberán tener una sección de 13.00 metros, de paramento a paramento, con banquetas de 2.00 metros de ancho, así como franja de infraestructura y mobiliario urbano, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada que no obstruya el arroyo peatonal y guarnición. Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, el Ayuntamiento determinará la conveniencia de construir un retorno y cuyas medidas serán definidas conforme a las Normas Técnicas.

Si se proponen andadores, éstos deberán tener como mínimo 6 metros de ancho con área jardinada de cuando menos 2.00 metros de ancho. Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar situado a una distancia menor de 70 metros de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento correspondiente, y

7. Infraestructura y equipamiento urbano: Todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá contar con:

1. Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias con medidor, o bien, la infraestructura hídrica requerida por el Organismo Operador en el oficio de factibilidad correspondiente;