El diputado Ramiro Rosales Acevedo (Nueva Alianza), leyó al pleno una iniciativa de decreto para reformar el artículo 103 de la Ley Orgánica del municipio del Estado de Zacatecas.

 

El legislador aseveró que en diferentes foros de fiscalizadores y auditores ha sido permanente el reclamo para lograr la autonomía de las contralorías. Desde la Auditoría Superior de la Federación hasta las auditorías de los estados, fue permanente la exigencia hasta lograr cristalizar el objetivo de la autonomía de los entes fiscalizadores, señalando que ahora  la demanda llega a las contralorías municipales, con el objeto de que realice la fiscalización de los recursos públicos con eficacia, eficiencia y transparencia.

 

Con la modificación propuesta al artículo 103, La vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos y disciplina presupuestaria, así como el funcionamiento administrativo de los Municipios estará a cargo de la Contraloría Municipal, “la que contará con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley”. Su  titular será designado por el Ayuntamiento a terna propuesta de la primera minoría de integrantes del Cabildo, como resultado de la elección del Ayuntamiento.

 

 

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Saúl Monreal leyó la iniciativa de Ley del Instituto de Desarrollo Municipal de Zacatecas. El Instituto tiene por objeto desarrollar acciones de capacitación, información, asesoría, investigación y difusión que fortalezcan la capacidad administrativa, técnica y jurídica de los ayuntamientos, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus tareas en beneficio del desarrollo de sus comunidades.

 

El legislador local puntualizó que el municipio surge de la necesidad de descentralizar la administración pública, de tal manera que pueda ejercer sus facultades de una manera más eficaz y logre mayores beneficios para sus  habitantes, porque fue creado como una institución descentralizada de los servicios públicos con autonomía en el área administrativa para manejar los intereses colectivos de la población.

 

Destacó la importancia que tiene el Ayuntamiento y los actos que derivan de sus acciones, pues les toca enfrentar los problemas ciudadanos de la vida diaria y sus posibles soluciones, para lo que necesitan contar con los medios necesarios para resolver asuntos económicos, recursos humanos y materiales.

 

Señaló Monreal Ávila, que en la actualidad los municipios transitan por una etapa de graves deficiencias donde   hay carencia de recursos económicos y  severas limitaciones en planeación, en orden administrativo, sin eficacia para cumplir la función primordial de seguridad pública, limitación  en la prestación de servicios básicos, opacidad en el manejo de recursos y en algunos de ellos singulares acusaciones por corrupción, por lo que la condición actual de los municipios exige modificaciones estructurales en su régimen que les permita replantear los resultados de sus gobiernos, ese es el objetivo principal del  Instituto de Desarrollo Municipal de Zacatecas.

 

 

 

El diputado Benjamín Medrano (PRI) leyó el dictamen de la solicitud del ayuntamiento de Guadalupe para enajenar un bien inmueble a favor de la C. María Luisa Ruiz Esparza.

 

El dictamen declara improcedente la solicitud, ya que a la fecha no se cuenta con todos y cada uno de los documentos relativos al bien inmueble a enajenar, y eso es un requisito establecido en la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.

 

 

El diputado Ramiro Rosales (Nueva Alianza), leyó el dictamen mediante el cual se propone conceder al Ayuntamiento de Zacatecas enajenar en la modalidad de permuta, un bien inmueble con superficie de 450.00 m2 a favor del señor Javier Nungaray Márquez, a cambio de otro inmueble de 607.28 m2 que le fuera afectado a él, con motivo de la construcción de un acceso para una escuela primaria.

 

El dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas para enajenar un bien inmueble a favor del C. Guadalupe Valadez Castrejón, establece que dicha solicitud es improcedente. Así lo decidió la Comisión Segunda de Hacienda, ya que no se entregaron todos y cada uno de los documentos relativos al bien inmueble a enajenar, tal y como está indicado en la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.

 

La Comisión Segunda de Hacienda determinó que es improcedente la solicitud del ayuntamiento municipal de Jalpa respecto a enajenar un bien inmueble a favor del Comité Ejecutivo de la Delegación de Pensionados y Jubilados del ISSSTE.

El dictamen se estableció en dicho sentido, en razón de que no se entregaron a los legisladores locales, todos y cada uno de los documentos relativos al bien inmueble a enajenar tal y como está indicado en la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.

 

 

La Comisión Segunda de Hacienda dictaminó que una vez analizados los documentos que integran el expediente y en virtud de que, de conformidad con los artículos 27, 28 y 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, es requisito indispensable para la aprobación de la autorización, la existencia, de manera indubitable, de todos y cada uno de los documentos relativos a los bienes muebles y considerando que a la fecha no se han cubierto en su totalidad, es improcedente la solicitud del ayuntamiento municipal de Tepechitlán para desincorporar del servicio público 7 bienes inmuebles para su posterior enajenación.

 

 

El diputado Juan Mendoza (PRD) leyó al pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda respecto de la solicitud del ayuntamiento municipal de Río Grande para que se le autorice a contratar un crédito por conducto de sus funcionarios legalmente facultados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

 

El crédito deberá ser simple, para destinarse a la adquisición de maquinaria pesada y equipo. El crédito podrá ser hasta por 3 millones de pesos con un plazo de amortización que no exceda de 24 meses (2 años).

 

La legisladora Noemí Berenice Luna Ayala (PAN), leyó el dictamen de las Comisiones legislativas de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda, mediante el cual se propone autorizar al municipio de Tepechitlán, gestionar y contratar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos hasta por la cantidad de 7 millones de pesos, más gastos financieros para llevar a cabo la adquisición de maquinaria y equipo en el municipio de Tepechitlán.

 

La diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, Georgina Ramírez Rivera, leyó al pleno el dictamen mediante el cual se autoriza al municipio de Genaro Codina, gestionar y contratar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, hasta por la cantidad de 5 millones 551 mil 340 pesos, más gastos financieros, para la reestructuración de la ampliación del pago de deuda de diversos créditos de dicho municipio.

 

La diputada María de la Luz Domínguez (Movimiento Ciudadano), leyó al pleno el dictamen de la Comisión Jurisdiccional respecto de la Iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas presentada a la legislatura el pasado 28 de junio del 2011.

 

Teniendo en cuenta que, el ejercicio del poder del Estado exige que los servidores públicos desempeñen sus empleos, cargos o comisiones salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en cada uno de sus actos o actividades, y que en la actualidad se observan actos u omisiones de servidores públicos, que violentan la normatividad vigente. Se propone que la iniciativa se apruebe en todas y cada una de sus partes.

 

 

 

La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó que se apruebe en todas y cada una de sus partes, la iniciativa de decreto que adiciona la Constitución Política del Estado, para que se eleve a rango constitucional local el desarrollo rural, integral y sustentable.

 

Se destaca que el campesinado es un grupo que necesita protección del Estado porque además de tener la importante tarea de producir los alimentos básicos de nuestra entidad es de los más golpeados cuando existe una crisis económica o ambiental; es por eso que se debe tener la certeza jurídica, una garantía legal, para que el ejecutivo estatal siga implementando programas para el apoyo al campo, para ello es necesario atribuirle expresamente estas facultades al ejecutivo estatal en la Constitución de nuestra entidad.

 

 

Se leyeron y aprobaron por unanimidad los dictámenes correspondientes a:

La Iniciativa de decreto por la que se autoriza al ejecutivo del Estado, a enajenar un bien inmueble ubicado en la Ciudad de Guadalupe, a favor del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos.

 

Así mismo se aprobaron por unanimidad los dictámenes de las cuentas públicas del municipio de Chalchihuites, así como del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villanueva, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2009

 

Enseguida cinco legisladores participaron en asuntos generales con diversos temas y se dieron por concluidos los trabajos, los cuales serán retomados este miércoles 28 de marzo a las 11.00 hs.