·         Exhortan a autoridades de salud estatal y federal, así como a Ayuntamientos, para que realicen inspecciones sanitarias en inmuebles incendiados en Juchipila y Tlaltenango, y procedan al retiro inmediato de los productos en descomposición, e implementen acciones de limpieza, saneamiento y control sanitario.

·         Avalan exhortar al Gobernador del Estado para que a la brevedad posible designe a la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales.

·         Durante la Sesión Ordinaria del día, fueron presentadas 7 iniciativas, las cuales fueron turnadas para su estudio y dictamen a Comisiones Legislativas.

APROBACIONES

Atención en municipios afectados durante hechos violentos

El total de las y los diputados presentes avalaron el Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Karla Guadalupe Estrada García, mediante el cual la LXV Legislatura local exhorta a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y Estatal, y a los Ayuntamientos de Juchipila y de Tlaltenango de Sánchez Román, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada y urgente realicen inspecciones sanitarias en los inmuebles donde se ubicaban los establecimientos comerciales que fueron incendiados, procedan al retiro inmediato de los productos en descomposición, particularmente alimentos perecederos, productos cárnicos y demás mercancía susceptible de generar riesgos sanitarios; e, Implementen acciones de limpieza, saneamiento y control sanitario que permitan eliminar cualquier foco de infección o riesgo para la salud pública.

Lo anterior, tras recordar que hace aproximadamente un mes, varios establecimientos fueron incendiados en los municipios mencionados, durante una serie de hechos violentos registrados en la región, presuntamente relacionados con un operativo de seguridad en el vecino Estado de Jalisco. Como resultado, los inmuebles quedaron severamente dañados y, en algunos establecimientos, en su interior fueron consumidos por el fuego junto con una gran cantidad de mercancía destinada a la venta, entre la que se encontraban alimentos perecederos, productos cárnicos, bebidas y diversos bienes de consumo.

Designación de la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales

También de manera unánime fue aprobado el Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Carlos Peña Badillo, por el que se exhorta al Gobernador del Estado, para que a la brevedad posible designe a la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El legislador Peña Badillo recordó que, desde el 1 de enero del año en curso, la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, no cuenta con titular, por renuncia de la anterior Directora, y destacó que dicha área administrativa es de suma relevancia en materia de política social, considerando su ámbito de competencia.

INICIATIVAS

Fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a personas adultas con Síndrome de Down

La diputada Karla Guadalupe Estrada García dio a conocer ante el Pleno, la iniciativa de Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Zacatecas, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas adultas con Síndrome de Down, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En tribuna, la legisladora promovente lamentó que las personas adultas con síndrome de Down suelen quedar invisibilizadas en las políticas públicas, pues gran parte de los programas institucionales se concentran en la infancia o en la educación básica, dejando desatendidas áreas fundamentales como el envejecimiento saludable; la salud mental; el empleo con apoyo; la formación para la vida independiente; y el acceso a espacios culturales, recreativos y comunitarios.

Reparación de daños

Por su parte, la diputada Dayanne Cruz Hernández sometió a la consideración de la Asamblea la iniciativa de Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado y al Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen de manera inmediata las medidas administrativas, presupuestales y de coordinación necesarias para la reparación de los daños colaterales ocasionados a viviendas, espacios educativos e infraestructura pública, derivados de la detonación del artefacto explosivo ocurrida el pasado 5 de marzo del año en curso en las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal Preventiva de Luis Moya; incluyendo, en su caso, la implementación de mecanismos de apoyo, atención y reparación previstos en la Ley General de Víctimas y la propia del Estado, a fin de garantizar una respuesta integral a las personas afectadas.

La legisladora destacó que, no se trata únicamente de paredes, ventanas o infraestructura dañada; se trata, dijo, de hogares vulnerados, de entornos comunitarios alterados y de condiciones que inciden directamente en el desarrollo integral de las personas, pues, cuando la violencia alcanza estos niveles, sus consecuencias no son solo materiales, son sociales, emocionales y profundamente humanas.

Reformas a la Ley de Protección de los derechos de las Personas Adultas Mayores

En el estado de Zacatecas, las proyecciones demográficas muestran un envejecimiento acelerado. En 1970 el índice de envejecimiento era de 7.8 %; para 2018 ascendió a 26.53 % y continúa en crecimiento. Se proyecta que para el año 2050 la población de 65 años y más supere las 280 mil personas, incrementándose sustancialmente la presión sobre los sistemas de salud, asistencia social y cuidados.

Lo anterior fue expuesto por el diputado Pedro Martínez Flores al momento de presentar la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas y al Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objetivo de asegurar el derecho a la accesibilidad, al uso de las tecnologías de la información y comunicación, a la atención preferente en establecimientos públicos y privados, al transporte público accesible, a la educación continua y a la protección frente al abuso y abandono, incluyendo sanciones para quienes incumplan sus obligaciones de cuidado.

Cambio de nombre en Comisión Legislativa

En su oportunidad, el diputado Roberto Lamas Alvarado propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a fin de cambiar el nombre la Comisión de Asuntos Migratorios por Asuntos Binacionales e Internacionales, ampliando sus funciones para incorporar formalmente la dimensión binacional del estado de Zacatecas, mediante la institucionalización del Parlamento Migrante y la creación de mecanismos de cooperación con autoridades subnacionales y congresos en el extranjero.

Esta transformación permite reconocer legal y formalmente la voz de la diáspora zacatecana, integrándola en la agenda legislativa estatal; promover políticas públicas más eficaces en materia de retorno, remesas, protección de derechos y desarrollo económico comunitario; generar un modelo de Legislatura subnacional pionera en México y en el mundo, capaz de interactuar de manera coordinada y formal con comunidades zacatecanas en Estados Unidos y otras localidades internacionales.

Sanciones aplicables a los delitos culposos

En su momento, la diputada María Dolores Trejo Calzada hizo del conocimiento de sus homólogos, la propuesta para reformar el Código Penal para el Estado de Zacatecas, a fin de derogar el párrafo tercero del artículo 59, y crear un artículo exclusivo para esta conducta, por ello se adiciona un artículo 60, para que se establezca en este marco normativo, que cuando el delito culposo sea cometido con motivo del tránsito de vehículos, la sanción será de tres días a cuatro años de prisión, multa de diez a ciento cincuenta unidades de medida, así como la suspensión hasta por dos años o privación definitiva de la licencia para manejar o del derecho para ejercer profesión u oficio en la materia. 

También plantea adicionar un artículo 144 Bis para estipular que a quien conduzca un vehículo de motor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación y causen lesiones o pongan en peligro la vida, se le impondrá prisión de uno a tres años, salvo en el caso de que se utilicen aparatos tecnológicos que eviten la distracción del conductor, independientemente de las sanciones que correspondan por el delito cometido. Por último, contempla la adición de un segundo párrafo al artículo 144, para endurecer las penas de estas conductas, al establecer que a quien haya sido sentenciado por ilícitos derivados de la conducción de vehículos por más de dos veces en un lapso de tres años, se le impondrá, como medida de prevención, la prohibición de conducir vehículos hasta por tres años.

Regulación de la reventa de boletos

El diputado Santos Antonio González Huerta propuso adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de regulación de la reventa de boletos, no para restringir la actividad económica, sino ordenarla bajo principios de legalidad, transparencia y equidad, garantizando que el acceso a eventos culturales y deportivos se realice en condiciones justas.

La iniciativa tiene como finalidad establecer un marco regulatorio que permita reconocer la reventa de boletos como actividad lícita, diferenciar entre reventa ocasional y especulativa, garantizar transparencia en las transacciones, regular plataformas digitales, prohibir prácticas abusivas como el uso de bots, y fortalecer la trazabilidad de los boletos.

Designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Posteriormente, el legislador Martín Álvarez Casio presentó la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

El objetivo es establecer que, en el caso del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Fiscal General procederá a realizarlo, eligiendo de una terna que le sea enviada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual integrará la propuesta previa convocatoria pública y abierta que emita para tal fin.

La Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Ma. Teresa López García, citó a las y los legisladores para el martes 24 de marzo a las 11:00 horas, para la siguiente sesión de Pleno.