Los gastos que se originen en un procedimiento administrativo de ejecución viciado de nulidad por causas imputables al ejecutor serán por cuenta de éste, quien en su caso deberá restituir los honorarios que hubiere cobrado, o bien, se le compensarán con cargo a sus siguientes pagos.

 

Asimismo, las erogaciones que se hagan por concepto de gastos de ejecución que no se justifiquen debidamente, serán a cargo del Jefe de la Oficina Ejecutora que la hubiera autorizado.

 

En el último caso, las autoridades fiscales determinarán la forma y plazo para el reintegro de las cantidades correspondientes.