En estos casos, el riesgo de que el patrimonio del fideicomiso no sea suficiente para el pago de los financiamientos, correrá exclusivamente a cargo de los Entes Públicos que adquirieron la Deuda Pública, por lo que éstos no contarán con derecho o acción alguna en contra de la hacienda pública del Estado o Municipio fideicomitente, salvo en los casos que estipula el artículo 45 de esta Ley.

 

Estos fideicomisos no serán parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, no obstante, estarán sujetos a los controles y supervisión previstos en la ley aplicable.

 

El fiduciario únicamente podrá contratar financiamientos hasta por los montos autorizados por la Legislatura del Estado. Los recursos deberán aplicarse a Inversiones Públicas Productivas, ya sea a través del fideicomiso o mediante su entrega al Estado o Municipio, directamente o a los terceros que éstos designen.