I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;

 

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos;

 

III. Actos presuntamente ilícitos o simulados en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición y enajenación de bienes, y otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias y concesiones entre otros;

 

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, y

 

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.

 

La Auditoría Superior del Estado informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.