Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de concursos, mediante convocatoria pública por invitación o adjudicación directa, en la que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo establecido por la presente Ley.

Las convocatorias, que podrán referirse a uno o a varios contratos o pedidos, se publicarán en alguno de los diarios de mayor circulación en la entidad por una sola vez y con un mínimo de treinta días naturales antes de la fecha de celebración del concurso. Además, en el caso de que se requiera la realización de un concurso nacional para ser adquirido o arrendado el bien o la prestación de un servicio, la convocatoria se publicará en uno de los de mayor circulación en la capital del país.

Las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa de los bienes o servicios y sus especificaciones, indicando, en su caso, y de manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que habrá de considerar la dependencia o entidad convocante para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente.

Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar proposiciones.

La Secretaría a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precios o importes de los bienes y servicios relativos a las operaciones que regula esta Ley, podrá gestionar ante las autoridades federales, la expedición de criterios generales que le sirvan de orientación.

Las dependencias y entidades, previamente al establecimiento de compromisos para la adquisición de bienes y procedencia extranjera, ya sea de importación directa o de compra en el país, deberán solicitar previamente la aprobación de las Secretarías de la Función Pública del Gobierno del Estado y la de Finanzas, y una vez cubierto este requisito, solicitar los permisos de importación correspondiente, ante las autoridades federales respectivas.

Las personas físicas o morales que provean o arrienden bienes, o presten servicios de los regulados por esta Ley, deberán garantizar:

Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el proveedor en favor de la Secretaría de Finanzas o de la entidad convocante, y consistirán en:

Las dependencias o entidades convocantes, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirán un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 38, 39 y 40, las dependencias y entidades podrán optar por fincar pedidos o celebrar contratos respecto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que en las propias disposiciones se señalan, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 28 de esta Ley.

El Ejecutivo del Estado autorizará el financiamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios así como el gasto correspondiente y establecerá los medios de control que estime pertinentes, cuando se realicen para salvaguardar la integridad y soberanía del Estado. Los Ayuntamientos actuarán en el ámbito de su competencia conforme a lo previsto en esta Ley.

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 28 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan.

Las dependencias que para el cumplimiento de sus programas autorizados o para el otorgamiento de prestaciones de carácter social al personal que les preste servicios y las entidades que en cumplimiento de su objeto o fines propios, adquieran bienes para su comercialización, o para someterlos a procesos productivos, aplicarán los criterios que permitan obtener al Estado, las mejores condiciones en cuanto a economía, eficacia, imparcialidad y honradez, así como satisfacer los objetivos que las originen. En todo caso, observarán las siguientes reglas:

Cuando por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o servicio, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 28 por el costo que éste presente, las dependencias y entidades podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no exceda de los límites a que se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que el mismo señala.

Los pedidos o contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación deberán suscribirse en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al proveedor el fallo o decidido la adjudicación de aquéllos, salvo que las dependencias y entidades consideren indispensable la celebración de contratos preparatorios para garantizar la operación; en cuyo caso la formalización del contrato definitivo deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la misma fecha a que se refiere este artículo.

Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias y entidades podrán bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar sus pedidos o contratos, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos.

No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos, las personas físicas y morales siguientes:

Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que celebren respecto a adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; la obtención de las pólizas de seguro del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad; y, en caso de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

Las dependencias y entidades deberán pagar el precio estipulado en el contrato o pedido al proveedor, a más tardar dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la dependencia o entidad; salvo que, mediando voluntad expresa de las partes para ello, se pactare un plazo mayor.

Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias o entidades a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el pedido o contrato respectivo, en esta Ley y el Código Civil aplicable en el Estado.

Los proveedores que hubieren participado en las licitaciones, podrán inconformase por escrito, indistintamente ante la convocante o ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, dentro de los diez días naturales siguientes al fallo del concurso, actos o irregularidades cometidas con anterioridad al propio fallo en cualquier etapa o fase del concurso.

Los actos, convenios, pedidos, contratos y negocios jurídicos que las dependencias y entidades realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, serán nulos de pleno derecho.

Procederá la rescisión de los contratos y la cancelación de los pedidos cuando se incumplan las obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y de las demás que sean aplicables.