I. Los servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal, incluida la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje;

 

II. Los miembros de los Ayuntamientos y los servidores públicos de la administración pública municipal y paramunicipal, y

 

III. Los servidores públicos de los organismos intermunicipales.