2. Una vez que la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva tenga conocimiento de los hechos denunciados, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación.

 

3. Admitida la queja o denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva o del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva.

 

4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva valora que deben dictarse medidas cautelares, lo deberá resolver en un plazo de veinticuatro horas, a fin de lograr que cesen los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la legislación electoral.

 

5. El Secretario Ejecutivo podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias tendientes a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados, y en su caso, la capacidad económica del infractor. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de informes y pruebas que considere necesarias.

 

6. Las diligencias que se practiquen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva o a través del servidor público en quien legalmente se pueda delegar dicha facultad, por los Secretarios de los Consejos Distritales o Municipales, para que lleven a cabo dichas diligencias. En todo caso, los Consejeros Presidentes serán responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.