Los defensores públicos de la materia penal tendrán las obligaciones siguientes:

 

I. Asumir y ejercer la defensa adecuada del imputado desde que sea asignado por el Instituto;

 

II. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el imputado conozca los derechos que establecen las Constituciones federal y local, así como las leyes que de ellas emanen;

 

III. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de controversias;

 

IV. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan saber sobre el trato que reciben en los centros o establecimientos penitenciarios, para los efectos legales conducentes;

 

V. Interponer los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo; y

 

VI. Las demás que le confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.