I. Junta de Gobierno;

 

II. Dirección General;

 

III. Subdirección en materia Penal y Justicia para Adolescentes;

 

IV. Subdirección en materia Laboral;

 

V. Subdirección en materias Civil, Familiar y Mercantil;

 

VI. Subdirección Administrativa y de Gestión;

 

VII. Visitaduría de la Defensoría Pública;

 

VIII. Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública; y

 

IX. Los demás órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones.

 

I. Defender jurídicamente en las materias penal y laboral, en cualquier etapa del procedimiento, a las personas que lo soliciten, principalmente a aquellas de escasos recursos y de mayor marginación social y cuando, a falta de un defensor, el Ministerio Público, el Juez o la autoridad laboral lo soliciten, a fin de garantizarles una adecuada defensa y protección de sus derechos;

 

II. Brindar asesoría jurídica gratuita en las materias civil, familiar y mercantil a toda persona que lo solicite y representar ante los Juzgados competentes, a quienes carezcan de recursos para contratar a un abogado particular, en cualquier etapa procesal y agotando todos los recursos establecidos;

 

III. Defender y representar legalmente a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y a los tutores de éstos en su caso, de conformidad con lo señalado en la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado;

 

IV. Asesorar y representar jurídicamente a los trabajadores en materia Laboral ante los órganos competentes;

 

V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente patrocinio de defensa de los derechos de los indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin importar la materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean conocimientos de su lengua y cultura;

 

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá actuar en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenezcan los indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines, y promoverá la formación de defensores públicos bilingües; y

 

VI. Las demás que establezcan la presente Ley, el Estatuto Orgánico y otras disposiciones legales aplicables.

 

 

I. Las partidas establecidas, en el presupuesto de egresos del Estado para cada ejercicio fiscal;

 

II. Las aportaciones provenientes de otros organismos federales, estatales y municipales;

 

III. Las donaciones, legados, herencias y demás aportaciones a favor del Instituto; y

 

IV. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás ingresos obtenidos por cualquier otro título legal.