Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y las correspondientes a los municipios, en el ámbito de la competencia que establece esta Ley, incorporarán políticas y estrategias en materia de cambio climático dentro de sus planes y programas de desarrollo, para que establezcan los mecanismos más eficaces de coordinación, lleven a cabo las medidas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático, con la participación en forma concertada con los sectores académico, de investigación, privado y social.