I. Que la declaración o manifestación de voluntad sea hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias;

 

II. Que dichas consecuencias estén previstas y reguladas por el derecho;

 

III. Que el o los objetos de la declaración o manifestación de voluntad, o de las consecuencias que con ella se pretendan, así como su motivo, fin o condición, sean posible física y jurídicamente.