I. Proporcionar al prestador de servicios de certificación información falsa, incompleta e inexacta sobre los datos que deban constar en el certificado digital o que sean necesarios para su expedición, así como aquéllos relacionados con la extinción o suspensión de su vigencia, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el prestador de servicios de certificación;

 

II. Comunicar con demora al prestador de servicios de certificación, sobre cualquier modificación de las circunstancias reflejadas en el certificado digital;

 

III. No tener el cuidado debido en la conservación y manejo de su clave privada de firma electrónica, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación; 

 

IV. No solicitar la suspensión o revocación del certificado digital en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de su clave privada de firma;

 

V. Utilizar la clave privada cuando haya expirado el periodo de validez del certificado digital o el prestador de servicios de certificación le notifique la extinción o suspensión de su vigencia;

 

VI. Superar los límites que figuren en el certificado digital en cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él o no utilizarlo conforme a las condiciones establecidas y comunicadas al firmante por el prestador de servicios de certificación, y

 

VII. Uso indebido o fraudulento de la firma electrónica.

 

En el caso de los certificados digitales que recojan un poder de representación del firmante, tanto éste como la persona o entidad representada, cuando ésta tenga conocimiento de la existencia del certificado, están obligados a solicitar la revocación o suspensión de la vigencia del certificado en los términos previstos en esta Ley.