I. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de la Función Pública;

 

II. El Poder Legislativo;

 

III. El Poder Judicial;

 

IV. Los órganos autónomos, y

 

V. Los Ayuntamientos.

 

Tratándose de las autoridades de las fracciones II a V deben realizar la designación correspondiente, atendiendo a la normatividad interna que rige su funcionamiento.