Dichas condiciones pueden incluir, entre otras, la imposición de fechas electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo y la conservación de la información generada en los procedimientos tratándose de medios y documentos electrónicos por los períodos de tiempo que para tal efecto establezcan los reglamentos respectivos. 

 

Los órganos del Estado deben evitar, al hacer uso de firmas electrónicas avanzadas, restringir injustificadamente el acceso a las prestaciones que brinden, a la publicidad y transparencia que rijan sus actuaciones y, en general, que se causen discriminaciones arbitrarias.