I. Documentos públicos, por contener la firma electrónica de funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso;

 

II. Documentos expedidos con firma electrónica de funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica, y 

 

III. Documentos privados.

 

Los documentos electrónicos, tendrán el valor que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.