I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de prestación de servicios infantiles, que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de menores;

 

II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal así como la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado;

 

III. Brindar programas de atención y consulta a los prestadores de servicios infantiles;

 

IV. Promover mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y las diferentes dependencias y entidades que integran el Consejo;

 

V. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal;

 

VI. Promover ante las instancias competentes la certificación del personal;

 

VII. Promover el diseño y uso de indicadores así como la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen;

 

VIII. Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas vinculadas con el objeto de esta ley;

 

IX. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios infantiles, a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos;

 

X. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados;

 

XI. Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación de servicios infantiles;

 

XII. Promover la participación de los padres de familia, de los menores y de la sociedad civil, en la observación y acompañamiento de la política estatal y operación de los servicios;

 

XIII. Llamar a comparecer o pedir información en todo momento a las instancias cuya función incide en la prestación de servicios infantiles;

 

XIV. Estudiar y resolver los recursos de inconformidad promovidos en contra de las autoridades competentes en la materia, y

 

XV. Formular y aprobar su normatividad interna.