CONSIDERANDO ÚNICO.- El trabajo del legislador, por definición, debe traducirse en la acción de "hacer leyes", concepto que implica matices importantes que hacen compleja esta labor pero que posibilitan de forma ilimitada la oportunidad para emprender políticas que beneficien a la sociedad. Complejo, porque la encomienda se refiere no sólo hacer leyes, sino a evaluar y mejorar las ya existentes y a derogar normas que constituyen impedimento para el desarrollo y bienestar de la colectividad. 

 

En el presente caso, se trata de una acción legislativa encaminada a cubrir un hueco en el sistema jurídico de nuestra entidad, pues la iniciativa que motiva este análisis propone dar vida a un ordenamiento jurídico cuya materia, en el ámbito local, no tiene regulación legal. En Zacatecas, no contamos con una ley que establezca atribuciones para autoridad alguna, ni derechos o deberes para prestadores de servicios donde se dé atención, cuidado y se procure el desarrollo de infantes, previo a la etapa de educación primaria.

 

Es importante recordar, que a nivel nacional se han registrado ya diversos incidentes ocurridos en centros de servicios infantiles, el más grave se refiere en el párrafo siguiente. En ellos, además de lesiones físicas, alteraciones en la salud, descuidos, ausencias y negligencia en su cuidado, inminentes riegos de desgracias por mala infraestructura y la irresponsabilidad o encubrimiento de las autoridades, se tienen antecedentes de muertes masivas de niñas y niños que pueden evitarse y prevenirse mediante leyes que obliguen el establecimiento de un mínimo de condiciones de funcionalidad. Los estados de Sonora, Sina10a, Querétaro, Veracruz, entre otros, han padecido desgracias y riesgos importantes para los menores en centros de servicio infantil. En Zacatecas, podemos y debemos evitar desgracias de esa categoría implementando medidas legislativas que signifiquen herramientas y garantía para las autoridades del Estado y de los municipios y con ello pueda hacerse efectivo el bienestar de los menores. 

 

Como principal antecedente y como resultado de la tragedia nacional ocurrida en el Estado de Sonora, la organización y participación social generó un proyecto de Ley que cobró la importancia que llevaba implícita y logró el éxito de convertirse o alcanzar el rango de Ley, nos referimos a la LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, publicada el día 24 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación y que tiene vigencia a partir del día siguiente. 

 

El Decreto que creó dicha Ley, estableció en su artículo Quinto Transitorio, que las entidades federativas tendrían el plazo de un año para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes -para el caso de los estados que ya contarán con un ordenamiento de la especie-o De tal suerte que nos encontramos ante una obligación legal que esta Legislatura debe cumplir, pues el plazo otorgado para que cada entidad federativa cuente con una legislación en materia de centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, venció el pasado día 25 de octubre del presente año. 

 

En este contexto, se procedió al estudio y análisis del contenido de la iniciativa, cuya exposición de motivos es abierta y clara en la articulación de hechos históricos y actuales, legales y convencionales, que motivan y justifican la necesidad de la Legislatura para emitir un decreto y crear esta Ley. 

 

En el Estado de Zacatecas, con datos del presente año, se atienden a casi diez mil menores, entre estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, CENDIS, administrados, unos, por la Secretaría de Educación y otros por particulares, estancias de bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE, el Centro Educativo y de Cuidado Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas y los centros que funcionan estrictamente con inversión privada. Éstos números van en aumento y con ello crece la necesidad de que las autoridades tengan competencia expresa en su regulación, pues la salvaguarda y el armonioso desarrollo de los menores que ingresan a ésos centros debe garantizarse mediante la aplicación de normas, donde el Estado, usuarios y prestadores de servicio deben cumplir obligaciones específicas y cooperar para lograr que el servicio sea de calidad. 

 

Esta Ley tiene una organización clara y armoniosa, su contenido tiene vínculo y respeto irrestricto con el derecho humano de la infancia contenido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla el principio rector en el diseño, ejecución y evaluación de políticas encaminadas a este segmento poblacional, hablamos DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ que implica la obligación de garantizar plenamente sus derechos y de cuidar que en las acciones públicas y privadas prevalezca como prioridad el bienestar de la infancia. 

 

De la misma manera, en el estudio realizado se encontró compatibilidad y armonía entre su contenido y el de la legislación local en materia de derechos de la niñez. 

 

Por otra parte, la iniciativa, guarda sincronía con la legislación federal ya mencionada, la cual diseña un mecanismo de concurrencia de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno para la coadyuvancia en autorizar, vigilar y sancionar a los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil. Sin embargo, los autores de la iniciativa imprimieron una visión distinta en la rectoría del tema que se pretende regular, pues aún y ´cuando el Congreso de la Unión optó por asignar la mayor responsabilidad de ello a la Secretaría de Salud, en la propuesta de ley local se enfoca una prevalencia de visión eminentemente educativa y por ello se posiciona a la autoridad en educación del Estado como rectora en esta materia, condición que la Comisión de Dictamen coincidió en el criterio de los iniciantes.

 

La Comisión encargada de elaborar el dictamen realizó algunos ajustes para evitar la duplicidad de funciones entre las conferidas al Gobernador del Estado y al Consejo Estatal de Prestación de Servicios Infantiles, particularmente por lo que se refiere a la formulación, conducción y evaluación de la política estatal en la materia, la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno, así como de los sectores público, privado y social, aspecto que en la iniciativa presenta atribuciones paralelas.

 

La iniciativa otorga facultades de supervisión a los Servicios de Salud –para ejercerlas cuando se estime conveniente-, respecto de lo cual creemos que esa atribución debe ser más precisa y contundente evitando en ello un margen de discrecionalidad para que dicha autoridad supervise en todo momento y sin política fiscal. Ante tal circunstancia, se optó por ajustar la Ley estableciendo que la facultad referida se ejerza de manera permanente y generalizada, es decir, mediante una programación anual y para todos los centros de servicio.

 

En mérito del análisis expuesto, se concluyó que el problema de atención a la niñez en centros de cuidado y desarrollo integral no se resolverá a cabalidad con la aprobación de esta ley, pues ella representa sólo un instrumento para que las autoridades y ciudadanos que participan del tema, que servirá para evitar abusos o negligencia pública en la autorización y funcionamiento de dichos centros, además, para contar con un catálogo de requisitos y obligaciones que deben cumplir esos centros de servicio y garantizar la seguridad, educación y salud de los menores; también se garantizan niveles mínimos de calidad en el servicio y se incluye el derecho de participar de los usuarios en la determinación y toma de decisiones importantes en la materia. Sin embargo, el problema de la insuficiencia de espacios para la atención de menores y la especialización de centros de servicio para atender niñas y niños con discapacidad, se resolverá destinando mayores recursos para la generación de infraestructura y programas (locales y regionales en Zacatecas) que estimulen la creación de nuevos centros y eleven la calidad de los ya existentes. En esta acción, la propia Legislatura tiene incidencia y en su momento y contexto adecuado habrá de tratarse.

 

La inversión privada en esta área del cuidado y desarrollo infantil en Zacatecas también debe estimularse, pues la limitación de espacios para hijos de trabajadoras afiliadas al IMSS, emplaza la urgencia de que no sólo el Gobierno del Estado emprenda programas y destine mayores recursos para dar satisfacción a esta necesidad, sino que, inversionistas privados ingresen en esta área tan apremiante y progresista, dado el incremento de mujeres en  la vida económicamente activa y productiva.

 

En tal contexto, el contenido de la iniciativa, aún y cuando impone una serie de requisitos y obligaciones para los propietarios (prestadores del servicio), no inhibe la apertura de centros de atención, cuidado y desarrollo infantil particulares, sino sólo los sujeta a un marco legal que garantice, las condiciones necesarias de educación, salud, seguridad y recreo para los menores, usuarios del servicio.