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Que los CC. DIPUTADOS SECRETARIOS de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:
Por economía de proceso legislativo, ambas Iniciativas se acumularon y ventilaron en un sólo dictamen.
Al remitir a la Ley Reglamentaria la organización, funcionamiento y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como lo relativo a procedimientos y recursos, la Ley Suprema del Estado sustenta el principio según el cual las leyes deben conceder a los particulares que se estimen agraviados por autoridades distintas de las judiciales, medios de defensa de índole diferente a la de los recursos que las normas administrativas establecen.
Citando al Maestro Gabino Fraga, es aceptable su tesis de que el control que la Administración (Pública) ejerce sobre sus propios actos a través de los recursos administrativos establecidos por la Ley, es insuficiente para la debida protección de los derechos de los particulares, puesto que no existe la imparcialidad necesaria para llegar a considerar el propio acto o el acto del inferior como ilegal, y dejarlo, en consecuencia, sin efecto.
Lo anterior nos llevaría a manejar acertadamente, el principio jurídico de que si la autoridad está conociendo de un recurso administrativo, no se encuentra ejerciendo una función jurisdiccional, sino tan sólo de una revisión de sus propios actos.
La función jurisdiccional en lo que se podría denominar como justicia administrativa, se encuentra prevista en la Constitución. Al efecto, la Fracción XXIX - H del Artículo 73 de nuestra Ley Suprema, establece que el Congreso de la Unión tiene facultad "para expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones".
En este orden de ideas, del texto constitucional invocado no se desprende que esta facultad sea limitativa para las Legislaturas de las Entidades Federativas, las que son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, según lo establece el Artículo 40 del Pacto Federal, y por consiguiente, tener la potestad de emitir disposiciones legales sobre esta materia.
Así lo concibe el legislador, en lo relativo a la justicia administrativa, además atendiendo la propuesta popular de la cual y mediante el correspondiente acto legislativo, se establecieron los postulados constitucionales que sustentan la vida democrática en nuestro Estado y las relaciones entre el Poder Público y los gobernados, así como el marco jurídico que las regula.
La presente Iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 112 y 113 de la Constitución Política del Estado, estructura e integra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como Tribunal Unitario y le otorga la competencia para substanciar y resolver de una manera ágil y
expedita, los procedimientos de carácter administrativo y fiscal que deban instruirse con motivo de las controversias que se presenten entre los particulares y las entidades o dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de sus Organismos Públicos Descentralizados, con funciones de autoridad.
Contiene los conceptos derivados del Derecho Procesal Civil en los que se sustenta fundamentalmente toda acción litigiosa, y atendiendo a la idiosincrasia y situación social del ciudadano medio, propone la creación de una Unidad de Asistencia Jurídica cuyo objeto es proporcionar gratuitamente sus servicios a los particulares.
Por tratarse de un procedimiento sucinto, se prevé la celebración de una audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, y en cuanto a recursos, se establece el recurso de Revocación.
Es de importancia señalar, finalmente que las sentencias que pronuncie el Tribunal constituirán jurisprudencia obligatoria para el propio órgano jurisdiccional.
Por todo lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 63, 70, 97, 99 fracción I, 100, 110, 111, 116, 117 y relativos del Reglamento Interior, en el nombre del Pueblo es de Decretarse y se
DECRETA:
LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones.
La ley establecerá su organización, funcionamiento, competencia, procedimientos y recursos.
Para ser Magistrado se deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado del Poder Judicial.
Los emolumentos que perciba el Magistrado, así como los Secretarios, Actuarios y demás personal administrativo, quedarán sujetos a lo que establezca el presupuesto de egresos autorizado por la Legislatura al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no podrán ser disminuidos durante el término de su encargo.
A más tardar el día quince de septiembre del año anterior a su ejercicio, el Magistrado propondrá a la Comisión de Administración el anteproyecto de presupuesto de egresos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El Secretario de Acuerdos y los Actuarios, estarán dotados de fe pública en el ejercicio de sus atribuciones.
Los Secretarios de Trámite y los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos excepto el de la experiencia en materia administrativa o fiscal.
Son atribuciones y deberes del Magistrado:
I. Conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares;
II. Firmar, en unión del Secretario de Acuerdos los engroses de resoluciones del Tribunal;
III. Fijar la jurisprudencia del Tribunal;
IV. Conocer de las excitativas para la impartición de justicia que promuevan las partes, cuando no se pronuncien las sentencias dentro del término de ley;
V. Calificar las recusaciones, excusas e impedimentos del Secretario de Acuerdos y designar de entre los demás Secretarios el que deba hacer la sustitución;
VI. Conocer y resolver sobre las denuncias o quejas contra los secretarios y demás personal del Tribunal.
VII. Conceder licencias a los servidores públicos del Tribunal, en términos de ley;
VIII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y una vez aprobado, ejercerlo en forma autónoma;
IX. Expedir el Reglamento Interior del Tribunal;
X. Despachar la correspondencia del Tribunal;
XI. Realizar los actos jurídicos y administrativos que le competen de conformidad a su cargo; y
XII. Rendir informe por escrito a la Legislatura sobre el estado que guardan los asuntos del Tribunal, en la primera quincena del mes de diciembre de cada año.
I. Cumplir las instrucciones que conforme a la ley, reciba del Magistrado;
II. Firmar en unión del Magistrado, los autos y resoluciones que dicte el Tribunal;
III. Elaborar los proyectos de sentencia y demás resoluciones que se le encomienden;
IV. Preparar los informes previos y justificados que el Magistrado del Tribunal deba rendir en los juicios de amparo que se interpongan contra sus actos o resoluciones, así como someter a su aprobación las resoluciones o medidas para dar cumplimiento a las sentencias que se emitan en tales juicios;
V. Suplir las ausencias temporales del Magistrado.
Los Secretarios de Trámite, Actuarios o demás empleados tendrán las atribuciones y deberes que les señale el Reglamento Interior.
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Para la administración y vigilancia en el ejercicio del presupuesto asignado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios, así como para preservar la disciplina al interior del citado Tribunal se creará una Comisión de Administración.
La Comisión de Administración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, se integrará por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien la presidirá; un Magistrado designado por el Pleno de éste y por el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios. La Comisión tendrá carácter permanente y sesionará cuando menos una vez al mes en la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
La Comisión contará con una Secretaría Administrativa, cuyo titular podrá ser el encargado de la coordinación administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o la persona que la propia Comisión designe a propuesta de su Presidente. El titular de la Secretaría Administrativa concurrirá a las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto.
La Comisión de Administración contará con los órganos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Su estructura y funciones quedarán determinadas en su Reglamento Interior.
La Comisión de Administración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sesionará válidamente con la presencia de dos de sus integrantes con derecho a voto; adoptará sus resoluciones por unanimidad o mayoría de los comisionados. Los comisionados no podrán abstenerse de votar salvo que tenga excusa o impedimento legal. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.
Cuando una sesión de la Comisión no se pueda celebrar por falta de quórum se convocará nuevamente por el Presidente para que tenga verificativo dentro de las 24 horas siguientes. En este caso sesionarán válidamente con el número de los integrantes que se presenten.
El comisionado que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se ará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.
Las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión serán privadas.
El Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo atenderá los asuntos administrativos urgentes, en tanto se convoque y sesione válidamente la Comisión de Administración. En los casos de asuntos que ameriten una resolución impostergable, dicho funcionario podrá tomarla provisionalmente, hasta en tanto se reúna la Comisión para resolver en definitiva.
Cuando la Comisión de Administración estime que sus acuerdos o resoluciones pudieran resultar de interés general, deberá solicitar su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
I. Expedir las normas internas en materia administrativa y establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, régimen y remoción del personal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como las relativas a estímulos y capacidades del mismo;
II. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar la estructura orgánica sistemas y procedimientos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
III. Dictar las bases generales de organización, funcionamiento, coordinación y supervisión de los órganos auxiliares de la propia Comisión;
IV. Nombrar a propuesta del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a los titulares y servidores públicos del Tribunal y de sus órganos auxiliares y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, permisos y renuncias;
V. Emitir las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
VI. Realizar visitas y ordenar la practica de investigación, cuando se estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ;
VII. Conocer y resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos en términos de lo que disponga la ley;
VIII. Imponer las sanciones que correspondan a los servidores del Tribunal por las irregularidades o faltas en que incurran en el desempeño de sus funciones, aplicando en lo conducente la Ley del Servicio Civil del Estado;
IX. Decretar, cuando proceda, la suspensión, remoción o cese de secretarios, así como del demás personal jurídico y administrativo del Tribunal, por causa justificada en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, así como formular denuncias o querellas en los casos que proceda;
X. Aprobar a propuesta del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y presentarlo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia a fin de que se incluya en el Poder Judicial del Estado;
XI. Ejercer en forma autónoma, el Presupuesto de Egresos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por conducto del Magistrado del referido Tribunal;
XII. Emitir las bases mediante acuerdos generales para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que en su caso realice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajusten a los criterios previstos por la ley;
XIII. Administrar los bienes muebles e inmuebles al Servicio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento;
XIV. Fijar las bases de la política informática y estadística del Tribunal;
XV. Vigilar que los servidores públicos del Tribunal obligados a ello en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cumplan en tiempo y forma con la presentación de su declaración de situación patrimonial;
XVI. Las demás atribuciones que la Ley o el Reglamento Interior del Tribunal le encomienden.
El Presidente de la comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
I. Representar a la Comisión;
II. Convocar a los integrantes de la Comisión a las sesiones ordinarias y extraordinarias,
III. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones de la Comisión;
IV. Tramitar o turnar, cuando corresponda, los asuntos administrativos entre los miembros de la Comisión para que se formulen los correspondientes proyectos de resolución;
V. Tramitar y despachar la correspondencia de la Comisión, firmar las resoluciones o acuerdos, así como legalizar por sí o por conducto del Secretario de la Comisión, la firma de cualquier servidor del Tribunal;
VI. Supervisar y vigilar el correcto funcionamiento de los órganos auxiliares de la Comisión de Administración; y
VII. Las demás que le señale la ley, los reglamentos aplicables y los acuerdos generales.
I. De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus Municipios, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;
II. De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, cuando actúen con funciones administrativas de autoridad;
III. De los juicios de nulidad de las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado de Zacatecas o de sus Municipios, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el fisco; las que impongan multa por infracción a las disposiciones fiscales; violación al procedimiento administrativo de ejecución o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal, distintas a las anteriores;
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las autoridades administrativas a que se refieren las fracciones I y II anteriores, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones que les hayan sido presentadas por los particulares, a menos que las leyes o reglamentos fijen otros plazos, o por la naturaleza del asunto lo requiera;
V. De los juicios en contra de la negativa ficta en materia fiscal en términos de la ley aplicable;
VI. De los juicios en que se demande la resolución positiva ficta cuando la establezcan expresamente las leyes, o de los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar su configuración;
VII.De las quejas por incumplimiento de sentencia;
VIII.De los recursos establecidos en la presente ley;
IX. De los juicios que promuevan las autoridades competentes, estatales o municipales, por la nulidad de las resoluciones en materia fiscal favorables a las personas físicas o morales, que causen lesiones a la Hacienda Pública del Estado o del Municipio;
X. De las demás que expresamente le señalen esta Ley y otras disposiciones legales.
Ante el Tribunal no procede la gestión oficiosa; quien promueva a nombre de otro deberá acreditar legalmente la personalidad en su primer escrito.
Cuando deba oírse a persona que no hable el idioma español, el Tribunal lo hará por medio de intérprete que designará al efecto.
I. Apercibimiento o amonestación;
II. Multa por una cantidad equivalente hasta ciento ochenta días de salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Zacatecas, que podrá duplicarse en caso de reincidencia;
III. Arresto hasta por veinticuatro horas;
IV. Auxilio de la fuerza pública.
ARTÍCULO 26.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos.
ARTÍCULO 27.- Las cuestiones que surjan dentro del procedimiento se decidirán de plano, salvo las que trasciendan al resultado del juicio, que se fallarán conjuntamente con el principal.
I. El demandante;
II. El Demandado. Tendrá ese carácter:
a). La autoridad administrativa estatal o municipal que se señale como ordenadora o ejecutora de la resolución o acto que se impugne;
b). El particular a quien favorezca la resolución cuya nulidad pida la autoridad administrativa.
III. El tercero que tenga un derecho incompatible a la pretensión del demandante
Si son varios los demandantes, o los terceros, deberán designar un representante común, que estará facultado para actuar en los términos del párrafo anterior.
Los particulares deberán señalar en el primer escrito o en la primera diligencia, domicilio para oír y recibir notificaciones, y harán saber el cambio del mismo. A falta de señalamiento o aviso de cambio, las notificaciones se harán por lista.
I. La que admita o deseche la demanda o su ampliación;
II. El emplazamiento;
III. La que tenga por contestada o no la demanda;
IV. El auto por el que se mande citar a juicio a un tercero;
V. El requerimiento de un Acto a la parte que deba cumplirlo;
VI. El auto que ordene la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos;
VII.La primera resolución que se dicte, cuando por cualquier motivo se dejare de actuar en juicio por más de sesenta días;
VIII.La sentencia definitiva; y
IX. La que declare la nulidad de notificaciones.
Si se declara la nulidad de la notificación, se impondrá una multa igual al monto de uno a cinco días de salario mínimo general vigente en la ciudad de Zacatecas al servidor público responsable, en los términos del Reglamento Interior del Tribunal. En caso de reincidencia, podrá ser destituido del cargo sin responsabilidad para el Tribunal, previa audiencia con el infractor y recepción de pruebas de su parte, si las ofreciera.
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos el emplazamiento o la notificación; serán improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento; y
II. Los términos se contarán por días hábiles.
Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas.
I. En los negocios en los que tengan interés directo o indirecto;
II. Si son cónyuges o parientes consanguíneos de las partes o de sus representantes en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado y en la colateral por afinidad, dentro del segundo;
III. En los que interesen directa o indirectamente a su cónyuge o parientes, en las líneas y grados señalados en la fracción anterior;
IV. Si han sido representantes, abogados o apoderados de cualquiera de las partes en el mismo asunto;
V. Si tuvieren amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes o sus representantes, abogados o apoderados;
VI. Si han intervenido de cualquier manera en la formulación del acto impugnado o en la ejecución del mismo; y
VII.Si son partes en un juicio similar, pendiente de resolución por el Tribunal.
Incurren en responsabilidad el Magistrado y Secretarios que estando impedidos para conocer de un negocio, dejen de hacer la manifestación de excusa, o no estándolo pretendan excusarse por causas diversas de las señaladas.
La manifestación de excusa del Secretario de Acuerdos, se presentará ante el Magistrado. En el caso del Secretario de Acuerdos, si es procedente, se habilitará como tal al servidor público que corresponda, conforme al Reglamento.
Si es al Magistrado a quien se recuse, la parte que considere afecte a sus intereses el impedimento en que se halle, podrá formularle excitativa para que se inhiba del conocimiento del asunto.
Si la recusación se declarase infundada, el Magistrado decidirá de acuerdo con su prudente arbitrio si hubo mala fe por parte de quien la hizo valer, y podrá imponerle una multa de diez a cincuenta salarios mínimos generales vigentes en la ciudad de Zacatecas, a la fecha en la que se interpuso la recusación.
La demanda deberá presentarse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución que se impugne, conforme a las disposiciones aplicables. Se podrá presentar directamente ante el Tribunal o por correo certificado con acuse de recibo, cuando el actor tenga su domicilio fuera de la ciudad de Zacatecas, en cuyo caso se tomará como fecha de presentación de la demanda, la de depósito de la misma ante la oficina del Servicio Postal Mexicano.
Cuando se pida la nulidad de una resolución en materia fiscal favorable a un particular, la autoridad podrá presentar la demanda dentro del año siguiente a la fecha en la que fue dictada.
La representación en juicio de las autoridades corresponderá a los servidores públicos que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
I. Nombre y domicilio del demandante y, en su caso, quien promueva en su nombre;
II. Resolución o acto que se impugne;
III. Autoridad o autoridades que se demanden;
IV. Nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere;
V. La pretensión que se deduzca;
VI. En su caso, fecha de notificación del acto o resolución que se impugne;
VII.Los puntos de hechos y los conceptos de derecho;
VIII.Los agravios que se estimen causados;
IX. Las pruebas que se ofrezcan, y
X. Firma del demandante. Si no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, pero estampando su huella digital.
El Tribunal desechará la demanda en los siguientes casos:
I. Si encontrara causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de esta ley;
II. Cuando siendo obscura e irregular y prevenido el actor para subsanarla en el término de cinco días, no lo hiciere. La obscuridad o irregularidad subsanables serán las relativas a la falta o imprecisión de los requisitos que para la presentación de la demanda establece esta Ley; o igualmente cuando en el mismo término se haga caso omiso en aportar los documentos a que se refiere la propia ley, una vez que le sean requeridos al demandante.
Contra el desechamiento de la demanda procede el recurso de Revocación.
Admitida la demanda, se ordenará emplazar a la parte demandada para que la contesten dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento y se dictarán las demás providencias que procedan. Cuando fueren varios los demandados, el término para contestar correrá individualmente. Contestada la demanda y preparadas las pruebas para su desahogo, se citará para la audiencia del juicio dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles.
El demandado deberá acompañar copia de la contestación a la demanda y demás documentos para cada una de las partes.
Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio.
Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia.
La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó.
Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor.
Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procede el recurso de Revocación.
I. Contra actos o resoluciones del propio Tribunal;
II. Contra actos o resoluciones que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo actor contra las mismas autoridades y el mismo acto administrativo aunque las violaciones reclamadas sean distintas;
III. Contra actos o resoluciones que hayan sido juzgados en otro juicio contencioso administrativo, en los términos de la fracción anterior;
IV. Contra actos o resoluciones que no afecten los intereses legítimos del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente cuando no se promovió el juicio dentro del término establecido por esta Ley;
V. Contra actos o resoluciones de autoridades administrativas cuya impugnación mediante algún recurso u otro medio de defensa legal se encuentre en trámite de conformidad a las disposiciones aplicables;
VI. Contra reglamentos, circulares o disposiciones de carácter general que no hayan sido aplicadas concretamente al promovente;
VII.Cuando de las constancias de autos aparezca fehacientemente que no existen las resoluciones o actos materia de la impugnación;
VIII.Cuando hubieren cesado los efectos de los actos o resoluciones materia de la impugnación, o no pudieren producirse por haber desaparecido su objeto;
IX. Contra actos o resoluciones que deban ser revisados de oficio por las autoridades administrativas dentro del plazo establecido para tal efecto de acuerdo a las disposiciones aplicables; y
X. En los casos en que la improcedencia esté establecida en algún otro precepto de esta ley.
I. Cuando el demandante se desista de la acción;
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
III. Cuando el demandante falleciera durante la tramitación del juicio si el acto impugnado sólo afectare su interés y el Tribunal conozca del fallecimiento legalmente;
IV. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor;
V. Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante ciento ochenta días naturales, ni el actor hubiere promovido en este mismo tiempo, siempre que en éste último caso la promoción no realizada sea necesaria para la continuación del procedimiento.
Si no lo estuviere, o estándola no fuere posible obtener al perito podrá ser nombrada como tal, persona entendida, a juicio del Tribunal.
En caso de discordia, el perito tercero será designado por el Tribunal. Dicho perito deberá excusarse por alguna de las causas siguientes; de no hacerlo podrá ser recusado por las partes:
I. Parentesco por consanguinidad hasta dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo grado, con alguna de las partes;
II. Tener interés directo o indirecto en el litigio;
III. Ser inquilino, arrendador, tener amistad estrecha o enemistad manifiesta o tener relaciones de índole económica con alguna de las partes.
Las demás pruebas se valorarán conforme a los principios de la lógica y la experiencia.
La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia.
I. Se admitirán las relacionadas con los puntos controvertidos, que se hubieran ofrecido en la demanda y en la contestación, así como las supervenientes;
II. Si se admitiere la prueba pericial, el Magistrado y las partes podrán formular observaciones a los peritos y hacerles las preguntas que estimaren pertinentes en relación a los puntos sobre los que hubieren dictaminado, previa calificación del Magistrado tratándose de preguntas hechas por las partes. En caso de discordia el Tribunal nombrará un perito, quien dictaminará por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, decretándose su desahogo como diligencia para mejor proveer.
La admisión de pruebas, se hará con citación a la parte contraria. Contra la admisión o el desechamiento de pruebas, procede el recurso de Revocación.
I. Lugar y fecha en que se dicte; identidad de las partes y el carácter con el que litigan;
II. Una relación de los hechos cuestionados;
III. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;
IV. El examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;
V. Los fundamentos legales en que se sustente, en cuanto a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;
VI. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconoce o cuya nulidad se declare; y
VII.Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por la autoridad demandada, así como el plazo para tal efecto, mismo que no excederá de quince días contados a partir de la fecha en la que surta efectos su notificación.
I. Incompetencia de la autoridad;
II. Omisión o incumplimiento de las formalidades legales con las que deban cumplir;
III. Violación de la ley, su indebida aplicación o su inobservancia; y
IV.Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar.
I. Las sentencias no impugnadas o consentidas expresamente por las partes, sus representantes o por sus mandatarios con poder bastante;
II. Las que siendo impugnadas, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación;
III. Cuando se haya desistido el recurrente.
En contra de las sentencias definitivas del Tribunal, no procede el recurso de alguno. En contra de los autos o interlocutorias procede el recurso de revocación, el cual deberá ser interpuesto por escrito ante el propio Tribunal, con expresión de agravios, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna.
Al admitirse el recurso se correrá trasladado a las demás partes por el término de cinco días hábiles, para que expongan lo que a su derecho convenga.
Vencido el término se emitirá la resolución que corresponda en un plazo de cinco días hábiles.
Al recibir la denuncia el Tribunal estudiará si efectivamente existe la contradicción, y en su caso, determinará cuál será el criterio que como jurisprudencia definitiva adopte.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado a los nueve días del mes de marzo del año dos mil.- Diputado Presidente.- LIC. JORGE EDUARDO HIRIARTT ESTRADA.- Diputados Secretarios.- LIC. ROMEO DEL RÍO CARRILLO Y LIC. JOSÉ MANUEL RÍOS NÚÑEZ.- Rúbricas.
Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.
DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
LIC. RICARDO MONREAL ÁVILA
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. ARTURO NAHLE GARCÍA
